“I si canto trist, és perquè no puc, oblidar la mort, d'ignorats companys”, cantaba Lluís Llach a la memoria de Salvador Puig Antich el mismo año de su ejecución. Ahora el Ayuntamiento ha tomado la responsabilidad de restablecer el derecho internacional sobre el caso. Por este motivo, Barcelona se querellará contra el militar que firmó la pena de muerte, Carlos Rey, quien todavía ejerce como abogado.

Salvador Puig Antich fue ejecutado el 4 de enero de 1974 al garrote vil en el patio de La Modelo. Hoy, 43 años después de su asesinato por parte del régimen franquista, el consistorio ha anunciado la acción jurídica, envuelto por las 17 entidades civiles, la Coordinadora Estatal de la Querella Argentina (CEAQUA) y Carme, Imma y Montse, tres de las hermanas del activista catalán.

Jaume Asens presenta la querella junto a las hermanas de Salvador Puig Antich, Carme Inma y Montse / DGM

Tal como ha apuntado el teniente de alcalde, Jaume Asens, “se ha producido un cambio de ciclo político y es una oportunidad para romper contra la impunidad de los crímenes del franquismo”. El mismo regidor de los Derechos de la Ciudadanía ha recordado que “en Argentina se han dictado unas órdenes de extradición que se están incumpliendo”. Entre ellas, la de Carlos Rey. Por este motivo, “ante el muro que se ha levantado entorno las extradiciones, hemos tenido que asumir esta obligación que nos llega desde los derechos humanos”, resumía.

HACER JUSTICIA SOCIAL Y JURÍDICA

El edil ha criticado la “pasividad constante del Ministerio Fiscal” al restablecer la justicia sobre el pasado franquista y ha agradecido el trabajo de la sociedad civil en esta cuestión. Es esta demanda social la que ha llevado al ejecutivo a decidirse por la causa de Puig Antich; “una de las páginas negras más imborrables de la historia de la ciudad”, ha considerado. Tal como ha destacado, “es un crimen que concentra toda la brutalidad del régimen franquista en Barcelona y Catalunya”.

La querella lleva como argumento la “injusta” sentencia que se aplicó a Puig Antich. “Fue una sentencia del tribunal militar motivado por la barbarie y la venganza”. Un asesinato “enmascarado” por un documento jurídico. De hecho, el Ayuntamiento utilizará la misma vía legal con la que se encausó a los autores de los crímenes nazis en los juicios de Nuremberg. Es decir, acusar a Carlos Rey como autor de crímenes de lesa humanidad.

LA MANIPULACIÓN DEL JUICIO

“Estos crímenes, por su gravedad, ofenden a quienes lo han sufrido y a toda la humanidad”, ha destacado el cargo electo. Además, la labor que hizo el entonces militar y jurista en el Consejo de Guerra es tildada como “especialmente execrable”, porque “precisamente él era el único jurista del tribunal y se encargó de redactar la sentencia y defenderla ante sus compañeros”, rememora el regidor. Una sentencia que fue resultado de una “aberración” de juicio, “donde se vulneraron los derechos más básicos de la defensa, se manipularon pruebas y se ocultaron pruebas exculpatorias”, entre otras irregularidades.

El hecho que Carlos Rey fuese el único con conocimientos jurídicos “eleva su grado de responsabilidad”, ha apuntado Asens: “Por eso inicialmente hemos pensado dirigirnos a él y después, si hace falta, incluiremos otras dos personas que continúan vivas y también participaron en el suceso”. De hecho, la intención es que el caso Puig Antich sea el primer caso a ser investigado de todos los perpetuados por el régimen franquista. La querella se presentará ante los Juzgados de Instrucción de Barcelona.

CARLOS REY, ABOGADO DE SÁNCHEZ-CAMACHO

A sus 74 años, Carlos Rey es abogado todavía en ejercicio y tiene un bufete de abogados operativo en la ciudad. De hecho, salió años atrás a la palestra al anunciarse que había sido el elegido por la diputada del Partido Popular, Alicia Sánchez-Camacho. Asens ha añadido más gravedad al asunto que envuelve su figura, ya que “hace poco se le hizo una entrevista y no mostró ningún tipo de arrepentimiento; además dijo que hizo lo que tenia que hacer”. Ante la posibilidad que el delito sobre el que se va a acusa a Rey haya prescrito, Asens ha recordado que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca” y “comportan un reconocimiento de “enemigos de toda la humanidad”.

LAS CLÁUSULAS DE LA DEFENSA

Para evitar ese argumento de la defensa, el gabinete del consistorio utilizará la cláusula Bratsburg. Un elemento jurídico que ya fue protagonista en los juicios de Nuremberg para sentenciar a los jueces y fiscales del entramado criminal nazi. Esta cláusula argumenta que no se pueden ejecutar sentencias que son tan manifiestamente incompatibles contra los derechos humanos. “Desde la perspectiva del derecho internacional aquello era un tribunal criminal”, ha añadido el teniente de alcalde.

La sentencia de Estrasburgo de 2001 que condenó a 246 personas, entre ellos muchos soldados de la RDA que asesinaron a las personas que saltaban el muro de Berlín, también formará parte del porfolio que llevarán bajo el brazo los abogados de la Casa Gran en la querella. En este caso, la sentencia determina que el derecho internacional prevalece sobre las órdenes que pudiesen dictar los mandos superiores a los soldados. Cabe recordar que las sentencias de Estrasburgo son de obligado cumplimiento en todos los Estados.

Por último, sobre la ley de amnistía el regidor ha señalado que en su artículo número 6 establece que dicha legislación se debe aplicar al final de todo el proceso judicial en forma de indulto (y no al principio como si de un muro se tratara). Una cuestión que, sin embargo, quedaría reducida a escombros si se aplicará la lectura que hace Asens de la Constitución Española: “La ley de amnistía debería ser derrocada porque es preconstitucional y va contra la misma Constitución”.

El cantautor Lluís Llach saluda a las hermanas Puig Antich / DGM

EL ESTADO ESPAÑOL OLVIDA SUS CRÍMENES

Hace escasos 12 años el Estado español ya condenó a un responsable de la dictadura Argentina, a pesar que él alegara que en su país existía una ley de amnistía. ¿Su condena internacional? 640 años de prisión que se quedó en 30 años y que todavía cumple en centro penitenciario de la península. El mismo Asens ha rememorado como hace escasos años la justicia española era la vanguardia y el ejemplo de cómo aplicar la justicia universal sobre los crímenes de las dictaduras que se han llevado a cabo en todas las latitudes.

Sobre la amnistía española a la que se suele aludir para correr el velo sobre el pasado franquista, Asens ha señalado que en derecho internacional “no hay leyes de amnistías que valgan”. “Hizo falta que el Estado español impulsara la investigación de la dictadura argentina para que empezaran a salir jueces valientes en Argentina y la causa abierta que ahora hay en este país nos recuerda lo mismo que nosotros les recordamos a ellos”, ha reflexionado.

UNA LUCHA CON VARIOS FRENTES

La iniciativa del Ayuntamiento se enmarca en la lucha de la ciudad contra la impunidad del franquismo. De hecho, esta misma semana ya empezó con la retirada por oficio de las placas fascistas situadas en las viviendas sociales del régimen y el pasado mes de noviembre la Casa Gran ya anunció que se personaría en la causa judicial que se instruye desde Buenos Aires, así como la que ya se está llevando a cabo des de los tribunales de Barcelona entorno al bombardeo de la aviación italiana sobre la capital catalana.

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