El Ayuntamiento compra el edificio 37 de la calle Leiva para frenar la expulsión de sus inquilinos / Google Maps
El Ayuntamiento compra el edificio 37 de la calle Leiva para frenar la expulsión de sus inquilinos / Google Maps

Barcelona compra el edificio de Leiva para frenar la expulsión de sus inquilinos

La entidad bancaria propietaria del inmueble había iniciado la venta a un fondo inversor

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REDACCIÓN
Actualizado: 26/05/2017 11:48 h.

Final feliz, al menos de momento, para las 13 familias del edificio 37 de la calle Leiva que temían ser expulsadas de sus hogares. Después de que la promotora con sede en Barcelona Vauras Investment adquiriera el inmueble y comunicara su intención de echar a los vecinos, el Ayuntamiento ha ejercido el derecho a retracto sobre la finca, por un valor de 2,75 millones de euros.

Se trata de una decisión excepcional amparada por el artículo 2 del Decreto Ley 1/2015 de 24 de marzo, que permite ejercer el derecho a retracto en áreas de fuerte demanda residencial acreditada, como es el caso de la calle Leiva a ojos del consistorio, y atendiendo también a la problemática social que genera.

Como síntoma de esta situación de malestar entre los redisentes a la que hace alusión la ley, el Ayuntamiento destaca que el caso del inmueble ha provocado una gran movilización por parte de los afectados y del vecindario de la zona. Sin embargo, el Ayuntamiento ha recordado que "no siempre es posible" ejercer este mecanismo legal para frenar situaciones como las del inmueble de Sants.

Con esta operación, el consistorio frena la venta del inmueble por parte de una entidad bancaria propiedad del BBVA al fondo de inversión VAURAS INVESTMENT S.L, "cortando de raíz la posibilidad de que los actuales inquilinos sean expulsados de casa suya debido a esta operación de venta", según afirma el Ayuntamiento en un comunicado.

Anteriormente, los servicios jurídicos municipales estudiaron también la posibilidad de intervenir en caso de que se hubiera producido una transmisión de la finca a un tercero (en este caso un fondo inversor) sin notificarlo previamente a la administración, tal y como prevé la ley, lo que se constató a posteriori.  

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