La política de gestos y de vender humo de la alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú) y su gobierno se derrumba como un castillo de naipes a cada día que pasa. Sin Plan de Actuación Municipal (PAM), sin presupuestos municipales, sin Plan de Inversiones.... Y ahora también, y de forma casi definitiva, sin su cacareada funeraria pública, la que iba a ser la panacea para rebajar el precio de los entierros en Barcelona. El gobierno municipal ha comunicado formalmente a los portavoces de todos los grupos municipales que el proyecto no se debatirá en el pleno de este viernes, tal y como prometió el concejal de presidencia, Eloi Badia (BeC), tras la fracasada intentona del pleno de enero.

Lo de la funeraria de Colau y Badia es como lo del manoseado día de la marmota. Badia sigue llevando bajo el brazo la carpeta con la propuesta de reforma de la funeraria que fue rechazada hace un año de forma taxativa en la Comisión de Presidencia. No ha cambiado ni una coma del texto y va prometiendo cambios a un partido y a otro pero siempre “de palabra, nunca da nada por escrito”, ha revelado a Metrópoli Abierta uno de los concejales de la oposición que más has tenido que bregar con el edil de los comuns. Por lo tanto, siguen las discrepancias y las criticas contra el concejal de Presidencia de los comuns

Y mientras Badia jugaba distraidamente al ratón y al gato con los partidos a los que podía arrancar algún hipotético voto favorable (ERC, PSC y de alguna manera también PDeCAT) a cambio de modificaciones sustanciales de la propuesta, el tiempo ha ido corriendo en su contra y “ya es prácticamente imposible” que la propuesta de los servicios funerarios de Colau pueda ver la luz (tal vez ni siquiera debatirse en un pleno) durante esta legislatura, aseguran fuentes que conocen bien el funcionamiento del consistorio.

UN LARGO CAMINO ADMINISTRATIVO

Aún en el remoto caso de que el proyecto se llevara al plenario, se sometiera a votación y prosperara (que ya es mucho suponer), todavía quedaría por delante un largo camino administrativo antes de que se abriera la primera de las salas de vela municipal imprescindibles para poder rebajar, en teoría, el precio de los entierros en la ciudad. Todavía harían falta el desarrollo de complejos planes urbanísticos o de modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM), entre otras muchas trabas burocráticas y de control.

De entrada, y como aperitivo, sólo la venta del 15% de las acciones que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en la empresa mixta Serveis Funeraris de Barcelona -paso imprescindible para arrancar todo el procedimiento- acarrearía toda una procesión de trámites y plazos que se dilataría durante bastantes, bastantes meses. A saber. Primero (y si obtiene el beneplácito del pleno municipal, no lo olvidemos) el gobierno de Colau tendría que abrir una subasta y adjudicar el paquete de acciones a un teórico pujador. Si no lo hay, el procedimiento de subasta se tendría que declarar desierto y en ese supuesto, se debería forzar a la compañía Mémora a comprar ese 15% de títulos, tal y como está obligada por convenio desde que adquirió la mayoría del capital de la antigua empresa pública (ahora posee el 85% del capital). El precio de la transacción también está fijado: 25 millones de euros más el correspondiente IPC, lo que arroja un saldo final de entre 30 y 32 millones de euros.

Superado este trámite, se iniciarían ,por una lado, los procedimientos administrativos puros imprescindibles para crear la sociedad municipal que gestionaría las futuras salas de vela pública, y que también tendría que pasar otros filtros y otras supervisiones, como la del Tribunal de la Competencia, por ejemplo. En segundo lugar, debería darse curso a todos y cada uno de los procedimiento urbanísticos que lleva implícito el proyecto de tanatorio municipal y su red de salas de velas de distrito, con sus recalificaciones, sus modificaciones de planeamiento, sus aprobaciones iniciales, sus períodos de alegaciones, sus aprobaciones finales... Una eternidad.

EL RELOJ CORRE EN SU CONTRA

Si todavía existe el más mínimo atisbo de esperanza de que este proyecto tome forma antes de las elecciones municipales del 2019 este pasa por la negociación y el diálogo con la oposición. Pero este supuesto ya no se cumple. En el mes trascurrido desde que Eloi Badia anunció que la propuesta se sometería a aprobación en el pleno de marzo, no ha habido ni siquiera una reunión. “No hay nada. Nadie nos ha dicho nada. No hay novedades. Nada de nada”, han sido las idénticas respuestas dadas por los concejales de los diferentes grupos municipales consultados por Metrópoli Abierta.

Todos miembros de la oposición también han coincido en han recalcar que, contra toda lógica, Colau y Badia a día de hoy mantienen el mismo expediente que superó el trámite de la Comisión de Presidencia, aunque esta informara negativamente sobre el proyecto, sin cambiar una coma ni introducir una enmienda. Resumiendo: parálisis total y toda la maquinaria en punto muerto. “Ya no les va a dar tiempo de hacer nada antes de las elecciones” , vaticina la oposición en pleno. Si ocurre esto, supondría un nuevo y sonado fracaso de Colau que sumar a su larga lista.

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