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El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado imponer una tasa a los servicios de sharing, uso compartido de motos y bicicletas, por su uso de la vía pública. El pleno también ha aprobado una rebaja del IBI para los pisos de alquiler social y para las familias numerosas, además de una nuevas tasas para los servicios culturales, que en realidad supone una rebaja en las tasas a la cultura.

El asunto que más debate ha provocado ha sido el del sharing. Tanto PDeACT como Ciudadanos y la CUP, aunque por razones diferentes, se han opuesto al proyecto que ha defendido Gerardo Pisarello.

MUCHAS DUDAS

Los tres partidos que se han opuesto han mostrado sus dudas por el hecho de que se haya llegado a una acuerdo con las empresas del sector en los pasillos del consistorio justo antes del inicio del pleno y que desconocen cuál ha sido ese acuerdo. Y, además, porque todo queda en manos de un decreto de la alcaldía que será el que fije las condiciones finales de la regulación que tendrá este servicio.

Además, se ha argumentado que la falta de regulación, que no será puesta en marcha hasta 2020, según han denunciado desde el PDeCAT, implica que será la alcaldía la que decidirá si se aumenta el número de licencias o cómo y cuánto se rebajan las tasas.

Algunos de los grupos que han acabado votando a favor de la aprobación de las tasas del sharing han exigido al primer teniente de alcalde que se comprometiera a que en el decreto de la alcaldía se harán constar algunas de sus exigencias, como que las posibles rebajas en la tasa irá ligada a las buenas prácticas laborales de las empresas que lleven a cabo este servicio. Pisarello ha respondido afirmativamente y ha obtenido el sí de ERC, PSC y los dos regidores adscritos, lo que junto a los votos de su propio grupo y a la abstención del PP, ha permitido aprobar la tasa.

La aprobación de esta tasa obliga a las empresas del sharing a abonar al Ayuntamiento algo más de 71 euros por cada vehículo que pongan en la calle y por año.