La 'guerra de las guarderías' entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat puede acabar en los tribunales de justicia. El consistorio ha presentado un requerimiento administrativo ante la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat para exigir el pago de 41,8 millones de euros por las guarderías municipales. Si el próximo Govern se niega a abonar esta cantidad, el asunto acabará en los tribunales.

La reclamación del consistorio se remonta al curso 2012-2013, cuando el departamento de Ensenyament, que dirigía la entonces consellera Irene Rigau, dejó de pagar las subvenciones a las escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil a las que la Generalitat está obligada en virtud de la ley 1272009 de Educación de Catalunya, la ley 5/2004 de creación de guarderías de calidad, y la ley orgánica 2/2006 de Educación. Además, una sentencia del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya ha condenado a la Generalitat a abonar las cantidades adeudadas por el mismo concepto al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.

La cantidad de casi 42 millones de euros que reclama el Ayuntamiento de Barcelona sale de la subvención que corresponde por alumno y año, 1.300 euros, multiplicados por el número de niños de 0 a 3 años que han pasado por las guarderías municipales en los últimos cursos, y por el número de años transcurridos.

VÍA POLÍTICA AGOTADA

La Generalitat tiene ahora un plazo de dos meses para responder a este requerimiento. En el caso de que no lo haga, el Ayuntamiento presentará un contencioso administrativo, según ha advertido la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz. “”Hemos pedido a la Generalitat por la vía política que se haga cargo de estas cantidades. Pero la vía política se ha agotado”.

Según la regidora, el requerimiento que han presentado debe ser interpretado por la Generalitat como “una oferta para sentarse a hablar de este asunto”, ya que ha asegurado que no espera que el Govern pueda tener una actitud beligerante en este asunto en el que, según ella, ha habido “falta de lealtad institucional”.

Además, ha pedido que este tipo de ayudas no se gestionen según criterios políticos ya que “de la misma manera que no se puede dejar de financiar la sanidad no se puede dejar que los niños y las familias sufran este tipo de arbitrariedades”.