La Asociación Amigos del Castillo de Montjuïc (AACM) ha denunciado que la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de desahuciarles de los locales que han venido ocupando en el recinto ha estado motivada por “el odio que Ada Colau siente contra España”. La agrupación, que fue desalojada de sus instalaciones en el castillo el pasado 11 de abril, pedirá daños y perjuicios al consistorio por esta actuación.

Según el abogado de la asociación, Jorge Buxadé, el Ayuntamiento ha tomado está decisión por “intolerancia ideológica” y por “electoralismo”. El representare legal de la asociación ha acusado en Crónica Global al candidato de En Comú Podem a las elecciones generales, Jaume Asens, de hacer electoralismo con esta medida. “ Con un proceso judicial contencioso en marcha, el movimiento del Ayuntamiento de Barcelona de pedir un desalojo cautelar de la asociación se debe circunscribir en el electoralismo y en el odio ideológico del equipo de Colau a España”·, ha dicho.

UTILIDAD PÚBLICA

Buxadé ha desmentido rotundamente las acusaciones de lanzó Asens poco después de que se llevara a cabo el desalojo. Una de las justificaciones en las que el tercer teniente de alcalde justificó al desalojo fue la “lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo”, algo que rechaza el abogado. “La asociación fue declarada de utilidad pública en 2010 por la Generalitat, por lo que lo de vincularla a un régimen que acabó hace 40 años es pura intoxicación. Si alguien tiene alguna duda de lo que hacen, puede examinar la memoria de actividades, o recordar el hecho de que la Asociación es miembro de Icofort, una asociación internacional de conservación del patrimonio. No encontrará traza alguna de lo que sostiene el concejal”, ha sentenciado.

LARGO PROCESO

Para llevar a cabo el desahucio, el Ayuntamiento ordenó el cambio de las cerraduras de los dos locales que la AACM ocupaba en el recinto histórico. El abogado considera que no es casual que esto se produzca justo cuando se acercan las elecciones. “El procedimiento de desahucio se remonta al año 2017. Está recurrido en el juzgado contencioso número 8 de Barcelona. Ha sido ejecutado después de que el Ayuntamiento pidiera medidas cautelares. Unas medidas que se explican solo por la voluntad de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de hacer electoralismo y mostrar su intolerancia ideológica y odio a España”, concluye.

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