Agentes de la Guardia Urbana con Albert Batlle / EFE
Agentes de la Guardia Urbana con Albert Batlle / EFE

El Ayuntamiento de Barcelona prohíbe a un guardia urbano hablar en castellano

Un cabo de la policía local gana un contencioso contra el consistorio que le vetó usar su lengua materna en un proceso selectivo

Jordi Subirana
Periodista de Metrópoli Abierta
Actualizado: 04/05/2022 17:20 h.

Derrota judicial del Ayuntamiento de Barcelona por vulnerar los derechos lingüísticos de un agente. El cabo de la Guardia Urbana F.G.B. no pudo hablar en castellano en una entrevista en un proceso selectivo interno para sargento. El policía denunció la discriminación ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona y ha ganado. El fallo de la jueza es claro: obliga al consistorio a repetir la prueba al aspirante y a que éste pueda responder en el idioma cooficial de Cataluña que escoja.

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ayudado al cabo en todo el proceso judicial. Según el delegado y secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano "la sentencia es firme". El consistorio no ha recurrido el fallo, por lo que ahora pedirán "su ejecución". La entrevista tendría que hacerse de nuevo en un par de meses como máximo. El representante de CSIF intuye que después de que el caso de F.G.B. se haya hecho público, lo más probable es que "le acaben suspendiendo la prueba". 

SE LE NIEGA LA POSIBILIDAD DE HABLAR EN CASTELLANO

En la sentencia judicial, del 17 de marzo y a la que ha tenido acceso Metrópoli en exclusiva, se expone que los hechos denunciados por F.G.B. quedan probados porque un testigo, un observador sindical, corroboró la versión del policía. Ante la magistrada, el representante de UGT, J.M., explicó que cuando F.G.B. pidió hacer la entrevista en castellano se le negó tal posibilidad. Con anterioridad a la entrevista, el policía había sacado un 8,6 y un 8,5 en los exámenes teórico y práctico y ocupaba el puesto 23 en un proceso selectivo de 130 aspirantes para 50 plazas de sargento. 

Un agente de la Guardia Urbana en un operativo policial / TWITTER GUARDIA URBANA
Un agente de la Guardia Urbana en un operativo policial / TWITTER GUARDIA URBANA

Si bien en el juicio el miembro de UGT declaró que F.G.B. no pudo expresarse en castellano, el día de la prueba -el 30 de julio de 2020-, el observador sindical "no veló por mis derechos y se mantuvo callado". "Por este motivo, me vi obligado a hacer la prueba en catalán vulnerándose mis derechos constitucionales a poderme expresar en una lengua cooficial de Cataluña", subraya el afectado. F.G.B. considera que tampoco se le aplicó el principio de igualdad porque otros candidatos -al menos tres- sí pudieron hacer la entrevista en castellano. 

UGT DICE QUE ACTUÓ EN SEDE JUDICIAL PARA DEFENDER AL AFECTADO

Dos representantes de UGT en la Guardia Urbana, Juan Francisco Rodríguez y José Casas, aseguran que el sindicato ha participado en cientos de entrevistas y jamás se ha dejado a nadie de lado. Recuerdan que existe la confidencialidad de hablar sobre lo que sucede en una sala de unas oposiciones y añade que el sindicato contó lo que ocurrió en la entrevista donde lo tenía que hacer, "en sede judicial", destaca Rodríguez. "UGT ha colaborado en que haya una sentencia y que ésta haya sido favorable a F.G.B". Rodríguez subraya que los sindicatos "son observadores, pero no forman parte del tribunal. Somos testimonios de la entrevista, y al estar presentes en la entrevistas se ha podido declarar ante su señoría lo sucedido".

Según Casas, que él tenga constancia, el día de la entrevista de F.G.B, todas se hicieron en catalán, aunque únicamente se quejó el cabo, que fue el último en hacer la entrevista el 30 de julio de 2020. Casas afirma que fuera de la sala, y tras hablarlo entre los delegados, UGT mostró su disconformidad al tribunal y le recordó su obligación de dar a todos los aspirantes la opción de hacer la entrevista en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de Cataluña, como indica la ley. El representante sindical dice que, a partir del día siguiente, el tribunal corrigió y ya no se produjeron más problemas. 

QUERELLA CRIMINAL A LA VISTA

A nivel judicial, el caso lejos de cerrarse podría entrar en las próximas semanas en la vía penal. El cabo y CSIF aseguran que interpondrán "una querella criminal contra la Administración", que afectaría a la inspectora que negó a F.G.B. hacer la entrevista del proceso selectivo en castellano, M.C. de L., y a la psicóloga de la empresa GAP3, N.S.M. La querella será por los presuntos delitos de "prevaricación, falsedad documental y contra los derechos fundamentales", añaden F.G.B. y Zambrano. El despacho de abogados que defenderá al policía es el de José María Fuster Fabra.

F.G.B. denuncia a Metrópoli que la inspectora que lo examinó y le impidió hablar en castellano es la mano derecha del intendente del distrito de Nou Barris, J.R., un mando de la Guardia Urbana que, según el denunciante, le abrió en 2016 un expediente disciplinario injusto y al que F.G.B. acusó de "acoso laboral en el puesto de trabajo". 

Sirenas de un coche de policía, en una imagen de archivo / GUARDIA URBANA
Sirenas de un coche de policía, en una imagen de archivo / GUARDIA URBANA

"MALA GESTIÓN DE LAS HORAS EXTRA

El inicio del conflicto con el intendente se remonta a finales de 2015. F.G.B. explica que en ese momento no quiso autorizar la salida de un cabo de la Unidad de Soporte Policial, la actual UREP (Unidad de Refuerzo a la Emergencia y la Proximidad), dos horas antes de acabar la jornada laboral en pago de unas horas extra en B. Por aquel entonces, al menos en esa unidad se llevaba una "mala gestión" de las horas extra y las que no se cobraban se devolvían yendo un día más tarde a trabajar o saliendo antes. "Ahora esto ya no pasa", asegura el representante de CSIF. A los pocos días del primer incidente hubo otro parecido, y el caso de las horas B en la Guardia Urbana se acabó filtrando a la prensa y se abrió una investigación interna.

A raíz de ese caso, cuenta F.G.B, empezó "una persecución" hacia su persona para expedientarlo. Finalmente, en abril de 2015, se le abrió un expediente disciplinario por presuntamente haber desobedecido las órdenes de un superior, al acudir a un incidente al campo de fútbol de la Barceloneta. F.G.B critica que en el expediente "hay una serie de irregularidades y una mala fe en la transcripción de los audios". Finalmente, el expediente fue archivado y quedó demostrado que F.G.B no había desobedecido ninguna orden.

RELEGADO DE SUS FUNCIONES

Mientras F.G.B. estuvo bajo las órdenes del intendente J.R en la USP., el policía asegura que fue relegado de sus funciones durante más de un año y sufrió acoso laboral. Esto se materializó, por ejemplo, en que tenía que hacer los peores servicios, le recortaban el tiempo de descanso o le hacían los relevos tarde. F.G.B. denunció el presunto acoso del intendente ante la unidad de asuntos internos, pero el caso también fue archivado porque, según la citada unidad, el mobbing no se pudo demostrar.

Agentes de la Guardia Urbana en Sant Antoni
Agentes de la Guardia Urbana en Sant Antoni

DE BAJA POR DEPRESIÓN DURANTE UNOS CINCO MESES

La situación vivida por el guardia urbano contrasta con un currículum profesional intachable con 20 años de servicio en sus espaldas, primero en la policía local de El Prat y después en Barcelona, que incluye una medalla de bronce en 2010, 77 felicitaciones de superiores y una felicitación de la Guardia Civil por su participación en una operación que acabó con el decomiso de 100 kilos de hachís en Almería.

Desde 2018, F.G.B. presta servicio en la comisaría de Sants-Montjuïc. Desde noviembre de 2021 y hasta finales de marzo de este año, cuando ya había concluido el juicio y tenía la sentencia, el policía ha estado de baja por depresión por todo lo vivido en la oposición y el proceso judicial posterior. Actualmente trabaja, aunque sigue bajo tratamiento médico. 

MÁS CASOS

Metrópoli ya ha informado recientemente de otros posibles casos de acoso laboral en la Guardia Urbana. Uno de ellos afecta a un agente de la comisaría de Ciutat Vella que se dedicaba a ayudar a personas en riesgo de exclusión. Presuntamente, desobedeció una orden para que dejara de hacerlo y se le abrió un expediente disciplinario. Otra situación de posible "malas praxis" la sufre un policía de Nou Barris que habría sido relegado de funciones y al que se habría negado derechos por el intendente de la comisaría. El caso acabó denunciado ante Inspección de Trabajo. CSIF sacó a la luz las dos denuncias. El suceso de Ciutat Vella fue tratado en comisión municipal. 

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona apuntan que cumplirán la sentencia, "como no puede ser de otro modo", pero no han querido hacer ninguna valoración de la misma ni sobre el presunto acoso laboral sufrido por el cabo.

Si quieres leer más noticias como esta y estar informado de la actualidad de Barcelona, descárgate nuestra app para iOS y Android.