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Varios exaltos cargos del Ayuntamiento de Barcelona deberán declarar este mes de junio ante el juez José de la Mata, en la Audiencia Nacional, por su participación en supuestas adjudicaciones ilícitas durante la etapa de Xavier Trias como alcalde. Así consta en un auto del magistrado, que cita a un total de 23 personas para tomarles declaración, después de que se haya hecho cargo de las investigaciones sobre las mordidas de Convergència que había iniciado el juez Josep Bosch, de El Vendrell, que se ha inhibido del asunto.

Uno de los que pasarán por el despacho de De la Mata es Antoni Vives, exteniente de alcalde y expresidente de BIMSA, la empresa municipal que se encargaba de la obra pública. Durante su gestión se adjudicó el macrocontrato del túnel de les Glòries, que el año pasado paralizó la actual alcaldesa, Ada Colau, que acaba de adjudicar de nuevo las obras. Vives había sido la mano derecha de Trias y, con anterioridad, del mismísimo Artur Mas, ya que había ostentado el cargo de secretario general del departamento cuando Mas era conseller en cap en el último Gobierno de Jordi Pujol.

A Vives se le relaciona con 8 adjudicaciones sospechosas, entre ellas el mantenimiento de los edificios del Consorcio de la Educación de Barcelona; el túnel de Glòries, la remodelación de la avenida Paral·lel, las obras del Mirador de les Aigües, obras en el Port y varias de carril bici. El exdirigente de Convergència deberá declarar en la Audiencia el próximo 14 de junio.

También están citados Ángel Sánchez Rubio, director general de BIMSA (el 12 de junio); Constantí Serrallonga, gerente del Ayuntamiento y de BIMSA entre 2011 y 2015 (el 12 de junio); Ernest Santolaria, director de obra civil de BIMSA (el 13 de junio); y Ramon Massagué (el 12 de junio), coordinador de empresas y entidades municipales, adscrito a la gerencia municipal desde julio de 2011 hasta junio de 2015.

FINANCIACIÓN ILEGAL DE CDC

A Sánchez Rubio se le acusa de intervenir sospechosamente en dos adjudicaciones: la reurbanización de la calle Luca y la de la Carretera de les Aigües. “Colaboró, por tanto, en la puesta en marcha e implementación de la estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante ‘donaciones’ a fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Fòrum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos”, dice el auto del juez De la Mata.

Este alto cargo municipal, según el magistrado, también ayudó a introducir a la empresa Oproler “en el sistema de contratación en el Ayuntamiento de Girona”. Para ello, el 4 de junio de 2013 mantuvo una reunión con el entonces alcalde gerundense y diputado Carles Puigdemont y con el director de Oproler en Cataluña, Josep Manel Bassols. La reunión tuvo lugar en las dependencias del propio Parlament para “preparar nuevo pliego y organización de licitaciones”. Al día siguiente, el propio Sánchez Rubio comió con Puigdemont y Vives para hacer un seguimiento del tema y tomar decisiones sobre adjudicaciones públicas. “Tales afirmaciones denotan falta de imparcialidad y la ilegalidad en el comportamiento de un alto funcionario de BIMSA como es Sánchez Rubio”, detalla el auto.

PACKS DE ENSUEÑO COMO PREMIO... Y UN JAMÓN

Lo cierto es que Oproler recibió un contrato y participó en seis proyectos de carril bici. Como contraprestación, Sánchez y Ernest Santolaria, director de obra civil de BIMSA, son “agasajados” con regalos navideños. El principal regalo fue un pack llamado “tres días de ensueño gourmet” comprado en el Corte Inglés, que costó 579,80 euros. Se trata de la pernoctación durante dos noches con desayuno y cena gourmet con bodega para dos personas a elegir entre 205 hoteles de cinco estrellas, palacios y monasterios de España y Andorra. “Dichas conductas no sólo se reflejan en el mencionado concurso, sino que se vuelven a reiterar en el concurso de reurbanización de la calle Luca, que licita BIMSA en fecha 30 de enero de 2015”, añade el auto judicial.

Serrallonga, el último por la derecha, en un acto de la Fira / Archivo
Serrallonga, el último por la derecha, en un acto de la Fira / Archivo

El 19 de febrero del 2015 también hubo una comida de Bassols con Sánchez Rubio en la que éste recibió otro regalo “consistente en otro pack de mil noches inolvidables. También es agasajado con otro regalo consistente en un jamón cuando se licita el concurso de la carretera de les Aigües durante las fechas del 7 de mayo del 2012 y 3 de enero del 2013”. De este último regalo, se tuvo conocimiento gracias a un correo electrónico donde se citaba y detallaba su entrega.

Santolaria, por su parte, era el que definía la puntuación en los concursos, por lo que era la persona que podía hacer decantar la balanza hacia una empresa o hacia otra. Según el magistrado, “a través de los partes comerciales de Bassols, se comprueba que Santolaria ha recibido numerosos regalos”. De este alto cargo, el magistrado señala que “existen elementos (anotaciones, reuniones, comunicaciones), relativos a su participación en los casos del Mirador de les Aigües y calle Luca. Los casos de Plaza Glòries, Avenida Paral·lel y Carril Bici se produjeron mientras ocupaba los puestos reseñados en esta corporación.

UN TRÍO DE CUIDADO

Sobre Constantí Serrallonga, el auto judicial especifica que “pudo participar directamente en varias adjudicaciones irregulares”. El auto recoge una curiosa anécdota: el constructor Josep Manel Bassols estaba comiendo y recibió una llamada de Serrallonga para una entrevista. Acto seguido, Bassols se comunica con Andreu Viloca, tesorero de Convergència, le cuenta que ha recibido la llamada y añade: “Mañana ya puedes apretarlo”, Viloca le responde con un escueto “OK”. Para el magistrado, “todo ello corrobora que es un concurso dirigido a que el adjudicatario sea Oproler. Es clara la capacidad de influencia que tiene Viloca, que es la persona que tiene que ‘apretar’ a Serrallonga, y la cooperación existente con Bassols para que el concurso sea adjudicado a Oproler”.

Andreu Viloca, el día que fue detenido / Archivo
Andreu Viloca, el día que fue detenido / Archivo

El escrito señala directamente a Serrallonga como la persona que facilita información confidencial a Bassols. Y, por si fuera poco, en la agenda de este constructor se recogieron varias reuniones con el alto cargo municipal barcelonés para hablar sobre obras y licitaciones. “El trío formado por Serrallonga-Bassols-Viloca es vital para la consecución de la adjudicación en donde el primero decide, el segundo conmina por su relación personal al tercero y éste, por su capacidad de influencia en el partido, ejecuta”, dice el juez. Tras una de las reuniones con Serrallonga, Bassols escribió al propietario de Oproler, residente en Madrid: “Nos tendrán en cuenta en licitaciones, están en negociación mandamiento municipal”.

Massagué, por su parte, colaboró en la puesta en marcha de la estructura para financiar ilegalmente a CDC. Además de tener frecuentes reuniones con directivos de Oproler y filtraba a Bassols información confidencial sobre las obras que se licitarían en el futuro.

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