Los abogados para la defensa de Janet Sanz costarán otros 8.000 euros públicos

Los gastos en abogados para la defensa de Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología Urbana y Urbanismo, costarán otros 8.000 euros a las arcas públicas. Sanz está siendo investigada por los presuntos delitos de "prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia", declararon en marzo de 2021 fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el caso de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, que fue expropiada por el Ayuntamiento para evitar que se construyera un hotel de lujo.

El gasto previsto en abogados para la defensa de Janet Sanz en 2022 / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El despacho de oficio de la comisión de Ecología Urbana y Urbanismo del pasado 15 de marzo pública una ampliación de "la autorización y disposición del gasto del contrato relativo a la asistencia y preparación de la declaración de Janet Sanz Cid, en calidad de investigada ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, con cargo al ejercicio de 2022". El montante aprobado sube a 8.107 euros, IVA incluido.

EL AYUNTAMIENTO NO FACILITA EL GASTO ACUMULADO

Metrópoli se dirigió hace más de una semana al Ayuntamiento de Barcelona para conocer el importe acumulado que ha supuesto hasta el momento la defensa de Sanz. Sin embargo, al cierre de este artículo, la cantidad no había sido facilitada. El 15 de marzo de 2021, Sanz declaró en la Ciutat de la Justícia acompañada de su abogados, Olga Tubau y Àlex Solà, los mismos que defienden a Ada Colau en el caso en el que está siendo investigada por presuntas ayudas a entidades afines.

En la Ciutat de la Justícia, Sanz defendió "el interés público" de la operación municipal en la Casa Buenos Aires, a través de la modificación del Plan General Metropolitano, para proteger la finca -es modernista- y hacer en ella 37 alojamientos para gente joven y mayor y equipamientos de barrio después de expropiar la finca. En medio de este proceso, el inmueble de Vallvidrera fue okupado, en protesta contra el proyecto del hotel y en defensa de un equipamiento público, y los Mossos d'Esquadra tuvieron que desalojarlo.

La querella contra Sanz se presentó a finales de 2020 por parte de la Congregación de los Padres Paules y el fondo de inversión London Private Company, que tenía una opción de compra para levantar después un hotel de lujo. Ambos acusan a Sanz de favorecer la okupación y de retrasar los expedientes para las licencias de derribo y obras. La teniente de alcaldía siempre ha defendido que todos los trámites se han ajustado a derecho. 

La abogada Olga Tubau con Colau / EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO

UNOS 18.000 EUROS PARA LA DEFENSA DE COLAU

Hace unos días, el grupo municipal de Ciutadans informó que el gobierno de Colau tenía previsto gastar 18.000 euros en la defensa de la alcaldesa por el caso de las ayudas a entidades afines. A pregunta de el partido naranja, el director de los Servicios Jurídicos municipales, Manuel Mallo Gómez, y el gerente de Recursos, Agustín Abelaira, emitieron un informe en el que concretan que el presupuesto para la fase de instrucción asciende a la citada cantidad.

PRIMERA FACTURA

En el caso de la alcaldesa, por ahora, Tubau y Solà han presentado una primera factura por los servicios prestados hasta el 16 de marzo por un montante de 5.445 euros, IVA incluido, respectivamente. La factura está en fase de aprobación y pago. La primera edil de la ciudad declaró como investigada, el 4 de marzo, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por la concesión de subvenciones a entidades afines. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz / ARCHIVO

En el caso de Colau, y que sería aplicable también a Sanz, el informe municipal dado a conocer por Ciutadans justifica el gasto por el derecho de asistencia jurídica del personal municipal y de los cargos electos, reconocido por la legislación general de régimen local, por el reglamento de desarrollo y, en el caso de Barcelona, por el Reglamento orgánico, y se articula de conformidad con la instrucción de la comisión de gobierno del 8 de julio de 2021. Esta instrucción establece que la persona interesada puede pedir el resarcimiento de las facturas que haya de abonar y solicitar al Ayuntamiento que las pague.

UNA SEGUNDA INVESTIGACIÓN CONTRA COLAU

Los gastos en abogados por parte de Colau irán a más. Hace unos días se conoció que la primera edil de la ciudad está siendo investigada también por un caso de coacciones y prevaricación administrativa por el caso del Bloc Llavors, una finca propiedad del fondo Vauras Investment que fue okupada. Además de Colau, la denuncia va dirigida contra Marc Serra, concejal de Sants-Montjuïc; Lucía Martín, edil de Vivienda, y Fuensanta Alcalá, responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección. Colau y el resto de cargos municipales tendrán que declarar en calidad de investigados (la antigua imputación). Recientemente, el Ayuntamiento ha retirado las multas que puso al fondo.