Familiares de los geriátricos señalados vigilan ahora a la Generalitat

El pasado jueves 29 de junio, las familias con residentes en los cinco geriátricos vinculados a OHL respiraron más tranquilos. Tras meses de denuncias por las deficiencias en material, instalaciones y reducción de personal,  la conselleria de Treball, Afers Socials y Famílies anunció que convocaría nuevos concursos públicos en los cinco centros y retiró la gestión a la UTE INGESAN-ASPROSAT en la residencia El Molí. Todo parecía ir bien para las familias, hasta el pasado martes.

La Coordinadora volvió a reunirse con miembros de la Conselleria para detallar y concretar las acciones que había anunciado la consellera Dolors Bassa en el Parlament cinco días antes. Pero las familias aseguran que salieron del encuentro preocupados por la falta de concreción en algunos aspectos y el cambio del discurso en otros. “Tras la reunión no tuvimos la sensación de que pudiéramos estar tranquilos. Creemos que no es bueno para las familias porque cuando un político hace una promesa tan sensible. Creemos que tendremos que estar vigilando”, ha lamentado la portavoz de la Coordinadora, María José Carcelén

FALTA DE COORDINACIÓN

Según los familiares, los miembros de la conselleria aseguraron que los nuevos concursos se convocarían en 2018 y no antes de que finalice 2017, como se había dicho. El 31 de diciembre finaliza el contrato a la UTE y por lo tanto, si se pretendía convocar nuevos concursos, los pliegos se tendrían que haber empezado a prepararse este mes. La portavoz de la Coordinadora ha considerado que “las personas que deben implementar las promesas de la consellera no tengan claro qué se tiene que hacer ni cuándo”.

En cuanto al refuerzo de platilla, a las familias se les explicó que a partir del próximo 15 de julio se incorporaría un tercer gerocultor por planta para recuperar el ratio de 2016, año en el que se redujo el número de profesionales tras el cambio de gestión. Pero según la Coordinadora, en algunas residencias ha crecido el número de ancianos en el último año y que con un tercer gerocultor no se respondería al ratio de un especialista por cada diez residentes, como consideran óptimo. Es decir, consideran que se tiene que poner el foco en los profesionales capacitados para atender adecuadamente, y no en números generalizados.

“Salimos de la reunión muy preocupados porque tuvimos la sensación de que dentro de la Conselleria hay resistencias de poner en práctica aquello que prometido la consellera”, ha explicado Carcelén. La Conselleria también se comprometió a incorporar un gerocultor por planta todas las noches.

MENSAJE PARA LA CONSELLERA BASSA

Por todo, los familiares que han convocado la rueda de prensa han pedido a la consellera que “verifique el grado de implicación de las propia Conselleria” y que haya “un seguimiento para que las actuaciones vayan en línea con lo que prometió a las familias en el Parlament”, según Carcelén. Asimismo, han reclamado la presencia de Bassa en la próxima reunión, prevista para el 27 de julio.

En cuanto a la residencia El Molí, a la que se le retiró la gestión el pasado jueves por un brote de sarna, la Conselleria ha comunicado este miércoles a los familiares que el próximo martes 11 de julio asumirá la dirección la segunda empresa mejor valorada en el último concurso. “Estos días están siendo caóticos.  Abuelos anguastiados y los trabajadores también”, ha explicado Paqui Castillo, familiar de una de las residentes.

REACCIÓN DE LA UTE

Ante el anuncio de la consellera Bassa el pasado jueves, fuentes de la UTE anunciaron que presentarían alegaciones y que contemplaban tomar las medidas legales oportunas contra la decisión del gobierno catalán. Las mismas fuentes explicaron a este diario que desde la UTE se ha cumplido estrictamente con los ratios establecidos por la Generalitat, los mismos que desde que ganaron el concurso en 2016, consideraron insuficientes, y que el problema que ha originado el conflicto está en el modelo planteado por el propio gobierno catalán.

Aseveran que se trasladó a la Generalitat que cunmplir con lo establecido en el contrato era insuficiente y que se debía redactar un nuevo concurso con unas nuevas condiciones. Los mismos interlocutores inciden en que en el último año han invertido 148.000 euros extras y que se tendrían que sumar otros 289.000 euros para mejorar el servicio. Pero ahora, todas esas explicaciones no sirven de nada.