Manuel Valls se ha equivocado y ha acusado a la alcaldesa Ada Colau de imponer "por decreto" la medida que obligará a los constructores a destinar el 30% de las nuevas promociones a pisos sociales. En realidad, la iniciativa fue aprobada por el pleno municipal y contó con los votos a favor de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC, CUP en el pleno municipal.

En un tweet publicado este lunes, el exprimer ministro francés se ha mostrado partidario de pactar con el sector privado y no de imponer. "La demagogía ya no sirve a cuatro meses del 26 de mayo", ha escrito Valls. El político asegura que la medida tendrá consecuencias y opina que se frenará la construcción y los precios del 70% de pisos restantes subirán.  

Tras ser aprobado por el pleno municipal, la propuesta fue ratificada por la subcomisión de Urbanismo de Barcelona, tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat, el pasado 5 de diciembre. El conseller  de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, exigió a Colau que la propuesta tenía que ser "impecable" a nivel técnico y jurídico antes de ser sometida a votación.

350 PISOS AL AÑO

La propuesta aprobada es pionera en España y permitirá disponer cada año de unos 350 pisos sociales nuevos en la ciudad. En el caso de los pisos de alquiler, el precio se moverá en unos 500 euros al mes, y de venta, a unos 130.000 euros, según declaró hace unos meses la regidora de Urbanismo, Janet Sanz.

Este lunes, el concejal del PSC, Jaume Collboni, ha dicho que la iniciativa es "el chocolate del loro" -aunque el grupo municipal socialista la apoyó- y ha apostado por incrementar la construcción de vivienda pública para abordar la falta de pisos y los altos precios de los alquileres.