El Ayuntamiento de Barcelona deberá indemnizar a la UTE que comenzó el túnel de Les Glòries con más de 4 millones de euros, según una sentencia dictada el pasado 13 de marzo por el juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. LA UTE estaba compuesta por las compañías Rogasa, Copisa, Comsa y Benito Arnó, que se hicieron con el contrato por valor de 60 M€. Los retrasos en las obras y los sobrecostes añadidos por fallos en los planos municipales disparaban esa cifra hasta casi los 100 M€.

La adjudicación del túnel de Glòries se realizó en marzo del 2015, con Xavier Trias como alcalde. Apenas dos años más tarde, la operación se vio envuelta en la trama del 3% que investiga un juez de El Vendrell. Este magistrado ordenó la imputación de altos cargos de Bimsa y llamó a declarar a dirigentes del equipo municipal de Trias, entre ellos su mano derecha, Antoni Vives.

Ello le dio pie a la alcaldesa, Ada Colau, a rescindir el contrato con la UTE que había ganado el concurso. El 24 de abril de 2017, el consejo de administración de Bimsa decidió resolver el contrato y quedarse más de 3 M€ en concepto de daños y perjuicios. Las constructoras interpusieron entonces una demanda reclamando esos 3 millones más casi 4,9 millones por la obra realizada y 1,9 millones por daños y perjuicios. En total, pues, le reclamaban 9,8 millones de euros.

MÁS DE 4 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN

La sentencia del juzgado de primera instancia, que puede ser recurrida ante la Audiencia, estima parcialmente la demanda de las constructoras y obliga al Ayuntamiento a devolverles 3.030.647 M€ que éste se había quedado indebidamente de la liquidación de obra y a pagarles, además, 574.628,12 euros “en concepto de mayor importe por obra ejecutada” y a otro pago en concepto de gastos indirectos, que las compañías sitúan en torno a los 480.000 euros. Esas cantidades suman 4.080.000 euros, aunque fuentes de las empresas demandantes señalaron a este diario que también reclamarán una cantidad por “lucro cesante”.

El fallo del juez, además, señala que parte del retraso de las obras (una de las alegaciones de Colau para rescindir el contrato) era debido al Ayuntamiento y recoge que la Administración liquidó 38 M€ a las constructoras por obra hecha hasta la rescisión. Las dos razones de peso para tomar la decisión política de anular la ejecución del concurso fueron, en primer lugar, la implicación de Bimsa y la adjudicación del túnel en el sumario del 3%. Y en segundo lugar, los retrasos en las obras.

Con la decisión, pues, Colau se apuntó un tanto político. Ahora, sus oponentes se han anotado un tanto económico, ganándole la partida en primera instancia en los tribunales. “Lo que hemos conseguido está lejos de lo que habíamos pedido, pero nos damos por satisfechos debido a la complejidad del caso”, explican a este diario fuentes de las constructoras.

REPLANIFICAR TODAS LAS OBRAS

Las compañías se quejaron de que los planos facilitados por el Ayuntamiento estaban equivocados. El sifón de un colector y un túnel de Adif, por ejemplo, no se encontraban donde decían los planos, por lo que, al horadar, se encontraron con esas infraestructuras subterráneas. Lo malo es que había que planificar de nuevo el túnel desde el inicio, lo que encarecería los costes alrededor de un 60% y dispararía las obras hasta llegar casi a los 100 M€.

Un informe encargado por el propio consistorio desvelaba las errores de bulto que aparecían en los planos del Ayuntamiento facilitados a las empresas de la UTE. En ellos, la ubicación de algunos elementos era puesta de manera “aproximada”. La sentencia recoge que estas estimaciones fueron meras “erratas”, aunque a la postre forzaron que se tuviesen que cambiar todos los planteamientos de las obras.

Tras la decisión de rescindir el contrato, Colau convocó un nuevo concurso, que fue adjudicado con posterioridad a varias grandes constructoras españolas, cuyos escándalos dejaban incluso pequeños a los de las anteriores adjudicatarias. El nuevo concurso significará para Barcelona un desembolso de casi 80 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 14,8 millones por la urbanización del parque central de la plaza. Si sumamos estas cantidades a la obra liquidada a las anteriores compañías (38 millones), el coste total del faraónico túnel se dispara ya hasta casi los 135 millones de euros, mucho más del doble de lo presupuestado en un principio.