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La lucha contra los pisos turísticos ilegales es una prioridad del Ayuntamiento y la Generalitat, que desde hace cinco años comparten un grupo de trabajo para mantener a raya la creciente oferta de alojamientos 'sin papeles'. Este martes ambas instituciones han firmado un convenio para dotar de fuerza jurídica a ese grupo de trabajo, que a partir de ahora será una comisión conjunta y tendrá como objetivo identificar a los miles de alojamientos ilegales que hay en Barcelona.

En la práctica, la firma del convenio formaliza el traspaso de las funciones de control y disciplina contra las actividades de los pisos turísticos ilegales, que cruzan la plaza Sant Jaume y ahora estarán en manos del consistorio, mientras que la Generalitat mantendrá la competencia de las inspecciones y compartirá los resultados de sus investigaciones. “Es una lucha que afecta a todas las administraciones”, ha recalcado el conseller de Empresa, Jordi Baiget.

Según datos del Ayuntamiento, en Barcelona hay cerca de 15.000 viviendas de uso turístico (VUT), de las que aproximadamente un 40% no están regularizadas y no cuentan con un número de identificación en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Son estos más de 6.000 pisos ilegales los que están en el punto de mira del consistorio, que quiere lanzar una “señal inequívoca” para acabar con todas las viviendas sin regularizar. Entre ellos, la red de pisos turísticos relacionada con el activista independentista Marc Serra.

PLAN DE CHOQUE

“Los alojamientos ilegales afectan a la convivencia con los vecinos y al derecho a la vivienda porque restan oferta y tienen un efecto negativo sobre los precios de alquiler”, ha declarado el regidor de Empresa y Turismo, Agustí Colom. El nuevo convenio permitirá que el Ayuntamiento profundice en su estrategia de regular el turismo y actuará como un complemento al Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), medida estrella del plan de choque municipal para frenar la proliferación de alojamientos turísticos.

Tanto Baiget como Colom han precisado que la comisión de trabajo no supondrá un aumento del número de inspectores, que hasta ahora se ha demostrado insuficiente para abarcar la enorme oferta de pisos turísticos de la ciudad. Para Colom, la apuesta del consistorio por usar a visualizadores es “más ágil y eficaz”, que ya cuentan con varias resoluciones judiciales que avalan su labor. En el segundo semestre de 2016, el Ayuntamiento abrió más de 3.600 expedientes, de los cuales unos 1.700 eran sancionadores.

Gracias al trabajo de los inspectores, pero sobre todo de los visualizadores y de las denuncias anónimas en una web municipal, se emitieron más de 1.000 órdenes de cese de actividad y 247 pisos ya han cerrado. Las sanciones por ofertar pisos turísticos sin licencia oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros, aunque la reincidencia puede aumentar las multas hasta los 600.000 euros.

TASA TURÍSTICA

Los responsables de turismo de las dos administraciones también han descartado el cobro de la tasa turística como forma de legitimizar la actividad de los pisos turísticos ilegales. “El cobro de la tasa solo está vinculada a los pisos regularizados”, ha señalado Colom. Se trata de una medida que depende de la obtención del número de RTC y “no hay posibilidad” de que cobrar la tasa sea una manera de ahorrarse el trámite. Algunas plataformas como AirBnb se han ofrecido a recaudar la tasa turística para generar ingresos extra a las administraciones, pero tanto el Ayuntamiento como la Generalitat solo aceptarán, y exigirán, la recaudación a los alojamientos legales.

Según Baiget, hay dos tipos de fraude diferentes. “Uno es la existencia de una oferta turística ilegal, ya que cada vivienda que salga al mercado debe contar con el número de RTC, y luego está la lucha para cobrar la tasa turística en aquellos sitios que no la pagan”. En ningún caso ambas infracciones son incompatibles, ya que se da el caso de que viviendas registradas de forma legal no liquidan la tasa turística, lo cual también acarrea sanciones.