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El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha pronosticado que Airbnb acabara operando dentro del marco de la legalidad, si quiere seguir en la capital catalana y preservar su reputación a nivel internacional. "Airbnb, como cualquier empresa, necesita y tiene una imagen y una reputación y, en estos momentos, su reputación a nivel internacional está dañada", ha constatado Colom en una entrevista de Europa Press. En el encuentro, el regidor ha confiado en que el consistorio acabará ganando la batalla a la oferta de vivienda turística ilegal.

Colom ha asegurado que Gobierno municipal mantiene los puentes de contacto abiertos con Airbnb. En referencia a ello, ha destacado que los ciudadanos son conscientes de que la empresa está instalada, en su opinión, en el marco de la ilegalidad: "Saben cuál es la propuesta del Ayuntamiento y en el campo en el que se tienen que mover". El edil ha expresado que se alcanzará "la erradicación significativa" de los pisos turísticos ilegales a través de la sanción a sus propietarios. Cada vez el coste de tener un piso turístico ilegal será “más elevado”.

EL ALQUILER CONVENCIONAL COMO ALTERNATIVA SEGURA

"Los propietarios de estos pisos tienen alternativas, pueden ofrecerlos al alquiler habitual con la tranquilidad de que no recibirán multas que les incrementen los costes", ha destacado, y ha insistido en que, poco a poco, se notarán los efectos de estas medidas en la disminución de la oferta de pisos ilegales en la ciudad. También ha recordado que incluso aquellas plataformas que se negaban a publicar el número de Registro de Turismo de Catalunya (RTC), ahora lo hacen. "Alegaban inconvenientes e imposibilidades, y se ha demostrado que es posible".

Tal como ha explicado, los turistas tienen el derecho de encontrarse con unas prestaciones de calidad cuando alquilan un piso turístico. Por ello, ha alegado que una vivienda que se ofrece de forma ilegal no las garantiza. "No hay control y no se sabe lo que se ofrece", asegura. El edil también ha indicado que se han ejecutado el 25% de las 1.049 órdenes de cese emitidas por el Ayuntamiento a viviendas de uso turístico (HUT) en el marco del plan de choque para combatir la oferta ilegal: "El proceso es muy garantista, por lo que exige mucho tiempo", ha dicho, y ha observado que muchos de estos pisos acaban cerrando y cambiando de usos.

UNA MAYOR PRESIÓN FISCAL

En relación a la propuesta que recoge el Plan Estratégico de Turismo 2020 de que los pisos turísticos paguen un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) superior al de las viviendas residenciales, ha recordado que la fiscalidad "también puede ser una herramienta que ayude a modular el comportamiento de la oferta". "Cuando las viviendas dejan de cumplir una función social y pasan a ser una actividad económica el gravamen debe pensarse en consecuencia", ha defendido. Él mismo ha observado que un sistema impositivo como el IBI no deja de ser una manera de internalizar costes, ya que altera los precios de los alquileres turísticos y contribuye a preservar la vivienda

Por último, ha reconocido que los pisos turísticos tienen una rentabilidad muy superior a la que tiene un propietario si alquila de forma permanente. Aún así, ha lamentado que se trata de “una malformación que tenemos en el sistema residencial y una disfuncionalidad". Una cuestión que requeriría cambiar la Ley de Haciendas Locales.

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