En 1633, el Conseller Segon (un cargo similar al del actual primer teniente de alcaldía) de Barcelona, Nofre Vila, otorgó de manera fraudulenta el título de Ciudadano Honrado (equiparable a la pequeña nobleza de la época) a Magí Vilamajor a cambio de 1.000 libras barcelonesas y otro título menor a Bartolomeu Llopart por otras 15 libras. Una denuncia y la posterior investigación destaparon uno de los primeros casos de corrupción documentados en la ciudad condal.

Vila fue inhabilitado durante cinco años para ejercer funciones en la vida pública de la ciudad. Dictaron la condena los juristas de la Visita del Consell Barceloní o Consell de Cent, una institución que fiscalizó la actividad política de los consejeros del Ayuntamiento desde 1599 a 1714.

“Fue una condena bastante seria. Eran palabras mayores en la época”, sostiene el historiador Ricard Torra, que ha investigado con profundidad las diferentes Visites, unos órganos anticorrupción de la Edad Moderna que controlaron la actividad de concejales, pero también de los diputados de la Generalitat de Cataluña, los miembros de la iglesia e incluso de la monarquía.

LOS TESTIGOS

En el proceso de Vila, los diferentes testigos, como los ciudadanos que aspiraron mediante el engaño a convertirse en ciudadanos honrados –el grupo dirigente del gobierno ciudadano de Barcelona desde 1249 hasta 1714– ilustraron la falta de escrúpulos del dirigente municipal. Llopart era pobre y quiso regatear el precio. “El concejal le propuso que vendiera a sus hijos como siervos, pues tenía compradores que le podían pagar tres veces esa cantidad”, explica Torra.

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Bolsas de insaculación, utilizadas hace cuatro siglos para escoger a los concejales / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
 

Doctorado en Historia Moderna de Cataluña por la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), este investigador ha buceado en centenares de casos de corrupción que salpicaron a consejeros municipales. Contabiliza 538 casos juzgados durante más de un siglo en relación a políticos del Consell Executiu, uno de los tres órganos de gobierno de la ciudad, formado por cinco personas que eran renovadas cada año y que representaban a los ciudadanos honrados, la nobleza, los mercaderes y las profesiones liberales como los abogados así como los artistas.

“No todos hacían referencia a casos de corrupción. También había casos de mala administración”, comenta, en una época donde los ediles a menudo desconocían los detalles técnicos de los procedimientos en los que trabajaban. En el caso de Vilamajor,

ESCOGIDOS AL AZAR

La Visita debe el nombre al Consell de Cent, otra de las instituciones que gobernaban Barcelona, formada por 131 personas. Los tres miembros del tribunal se escogían a suerte de un saco repleto de nombres.

Su ámbito de actuación era muy concreto y sus juristas, doctorados en Leyes y Derecho, debían detectar dos tipos de delitos. Por un lado, el fraude manifiesto consistía en realizar actuaciones hechas conscientemente contra los intereses de la ciudad. Por otro, destapaban casos de baratería, es decir, “recibir dinero a cambio de actuaciones típicas del gobierno”, como el caso que ocupó al tribunal que enjuició a Vila.

“Los consellers podían nombrar funcionarios a familiares, no estaba mal visto, pero no se podía dar ni aceptar dinero. Quien vendía un título era un baratero porque sacaba provecho económico de la cosa pública”, sigue este historiador, que realizó su tesis doctoral sobre la Visita de la Generalitat de Cataluña.

"SÍ, HABÍA JUSTÍCIA"

Ante las indagaciones de Torra, surge una pregunta. ¿Existía la justicia en la Cataluña del siglo XVII? “Había justicia, pero no separación de poderes”, afirma este historiador de 30 años. Los casos judiciales de la Visita del Consell de Cent se alargaban unos seis meses (dos meses de instrucción, dos meses para las explicaciones de la defensa y los testigos y dos más para redactar la sentencia).

Documento del Consell de Cent / BIBLIOTECA DE CATALUÑA
Cabecera de una ley del Consell de Cent / BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Las sentencias podían ser recurridas a un órgano superior, en este caso la Reial Audiència, el máximo tribunal real. Las condenas solían consistir en inhabilitaciones para ejercer cargos de gran poder e influencia política, o bien, en multas económicas. La sorpresa de Torra al descubrir estos mecanismos fue mayúscula. “En la carrera no nos contaron nada sobre la importancia de estas practicas de control de la corrupción. Algún profesor explicaba que esa época era un nido de corrupción, pero la historia es mucho más rica”, observa. “¿Por qué no existe hoy algo parecido?”, se pregunta.

UNA ÉPOCA SIN ARBITRARIEDADES

Para este historiador, la existencia de esta institución desmiente la idea que en el Antiguo Régimen no había justicia ni sistemas de garantías. “Esto es totalmente falso. Naturalmente, no existía la democracia parlamentaria ni la misma igualdad o garantías judiciales actuales, pero en ningún caso podemos hablar de una época marcada por las arbitrariedades. Ni todo era negro entonces, ni es blanco ahora”, observa.

Las diferencias con el sistema judicial actual son claras. En 1600, solo el Rey decidía el futuro de las causas criminales como asesinatos que, con frecuencia, terminaban en ejecuciones mediante la horca. Hace cuatro siglos, el tribunal instructor era el mismo que firmaba la sentencia. Además, en el caso de los juristas (los actuales jueces) solo investigaban delitos civiles como el fraude manifiesto y la baratería.

1714 Y FIN DE LAS INSTITUCIONES

La condena nunca era definitiva, ya que el Consell de Trenta o Trentenari, otra de las instituciones que gobernaba Barcelona –integrada por 36 personas– votaba en secreto si aceptaba el dictamen o, por lo contrario, decidía aplicar una sentencia totalmente opuesta.

En 1714, la derrota de la facción austracista –que había contado con el apoyo mayoritario en Cataluña– en la guerra de sucesión, puso fin a la Visita del Consell de Cent y a todas las instituciones catalanas. “Se instaura un gobierno militar y, con él, desaparece cualquier control de la política pública durante todo el siglo XVIII”, relata.

SIGLO XII: EL PUNTO DE PARTIDA

El sistema de visites catalán, sin embargo, no fue pionero. Los primeros mecanismos de control del poder  se remontan al siglo XII, según Torra, cuando ciudades del norte de Italia empezaron a pedir cuentas a sus gobernantes, un modelo que se esparció por la Europa mediterránea. En Cataluña, la Visita de la Generalitat se remonta a la primera mitad del siglo XV y se fue perfeccionando hasta evolucionar de nombre con la Visita del General de Catalunya, concepto que hacía referencia a la Generalitat.