Ofensiva en toda regla del Gobierno español contra los Comités de Defensa de la República (CDR). Es una doble operación que da comienzo a una etapa en la que el Gobierno central no dará tregua al independentismo que quiere agitar la calle. Lo que hará el Gobierno central es aplicar en Catalunya la misma estrategia que se siguió con la kale borroka en el País Vasco durante los primeros años de este siglo. Las leyes que se aprobaron entonces para abordar la delicada situación vasca, servirán ahora al Gobierno de Mariano Rajoy para solucionar el problema catalán. De ahí que a los detenidos se les acuse de terrorismo y de rebelión, dos delitos que comportan duras penas de hasta 30 años de prisión. De momento, hay 8 personas detenidas: una de ellas es una dirigente del CDR de Viladecans, que en una grabación difundida hace unos días trasladaba a los comandos órdenes sobre actuaciones a realizar durante Semana Santa.

Uno de los pasajes más interesantes, sin embargo, hacía referencia a la preparación de una huelga general (“huelga de país”, en el argot independentista) que debe celebrarse en fecha todavía no concretada. Esa huelga tendría como gran objetivo sembrar el caos en la economía catalana y, para ello, los CDR deberían preparar actuaciones para el control de dos puntos neurálgicos: el Puerto de Barcelona y Mercabarna.  Anulando la actividad en esos dos nudos, esperan causar un impacto “brutal” en la economía catalana y, de rebote, en la sociedad. La grabación trasladando las órdenes y explicando las acciones que se realizarían durante toda la Semana Santa fue la excusa para la detención de la activista por parte de la Guardia Civil.

Según fuentes independentistas, en realidad hubo dos detenidos: junto a la dirigente del CDR de Viladecans, al parecer, también se detuvo a otro activista de Esplugues de Llobregat “que estaría relacionado con los cortes de carreteras y con la desactivación de los peajes de la AP-7 que se produjeron en Semana Santa”. A este militante, según las mismas fuentes, se le acusa de diseñar las campañas de cortes de carreteras.

Otros seis detenidos lo fueron por haber roto el cordón policial el día 30 de enero (día de la fallida investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat), aunque en este caso las investigaciones son llevadas por los Mossos d’Esquadra. Los independentistas habían convocado a sus militantes al Paseo Lluís Companys para celebrar la investidura, que no se pudo llevar a cabo por la ausencia del candidato (el reglamento del Parlament prevé que el investido esté presencialmente en el hemiciclo y Puigdemont se encontraba huido en Bélgica). Ante el desistimiento, los CDR tomaron la iniciativa y, a pesar de que el acceso al parque de la Ciutadella estaba prohibido, rompieron el cordón policial y llegaron hasta la puerta del edificio.

JUDICIALIZAR LAS MOVILIZACIONES

Con motivo de estos actos, fueron detenidos esta mañana dos activistas de Malgrat de Mar, uno de Dosrius, uno de Arenys de Mar, uno de Solsona y uno de Pont de Vilomara. Pero la operación de la Guardia Civil no es una improvisación realizada al azar. De hecho, revela la estrategia que seguirá el Gobierno central para hacer frente a la hoja de ruta del independentismo, cuya meta es movilizar la calle durante los próximos meses: judicializar las movilizaciones.

Según fuentes cercanas a las investigaciones, la detención de los asaltantes del Parlament no tienen nada que ver con las investigaciones que pueda llevar la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, sino que son fruto de las investigaciones que se llevaban desde Barcelona sobre los hechos ocurridos el 30 de enero.

Desde el independentismo, no obstante, se ha metido a las dos operaciones policiales en el mismo saco. Los CDR, así como diversas plataformas soberanistas, han llamado a concentraciones durante toda la jornada de este martes (algunos llamamientos, realizados apresuradamente, tuvieron que ser luego desconvocados por falta de gente). El primero en alzar la voz fue el Sindicat d’ Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que convocó concentraciones a las 12 de la mañana en todos los campus universitarios. Para esta tarde, están previstas concentraciones ante diversos ayuntamientos, con el fin de visualizar la protesta por las detenciones.

CRÍTICAS DEL MUNDO INDEPENDENTISTA

Un comunicado conjunto de Alerta Solidaria y los CDR señala que “hace días que esperábamos una actuación de este estilo”, mientras achaca las detenciones al “trabajo bien hecho que hacemos”. La dirección de la CUP, por su parte, señala que “desde la izquierda independentista, queremos mostrar nuestra solidaridad con los CDR y con su acción política reivindicativa, en forma de desobediencia civil activa y no violenta”. La formación antisistema denuncia, asimismo, “la persecución política por parte del Estado español a todo el movimiento independentista y la campaña de criminalización de los CDR”.

La propia presidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha afirmado que las detenciones por terrorismo y rebelión son “una absoluta aberración jurídica y una muestra de que la justicia española no tiene sentido ni de la proporción ni del ridículo”. Y ERC emitió un escueto comunicado en el que dice que “ante las informaciones de las detenciones, desde ERC mostramos nuestro rechazo al uso arbitrario del Código Penal contra la disidencia pacífica. Todo el apoyo a las personas detenidas”.