El juez ha condenado a nueve años y ocho meses de prisión a Félix Millet, expresidente del Palau de la Música, por el expolio de la institución. A su mano derecha, Jordi Montull, le han caído siete años y seis meses. También ha resultado condenado el tesorero de Convergència, Daniel Osácar, con cuatro años y cinco meses. La sentencia impone el comiso de 6,6 millones de euros a CDC.

A diferencia de Félix Millet y Jordi Montull, a quienes el juez ha rebajado la condena respecto a la petición del fiscal, a Gemma Montull le han subido la condena, de los dos años que pedía el ministerio púbico hasta los cuatro años y seis meses. El juez le atribuye un papel indispensable junto a su padre para crear una estructura dedicada a expoliar las arcas del Palau de la Música.

Se trata del caso más mediático que se ha vivido en Barcelona en los últimos años por la relevancia de la institución y la importante cantidad de dinero sustraído. La sentencia ha sido redactada por el ponente Julio Hernández.

CONDENA A CONVERGÈNCIA

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que ha llevado el caso, ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana. El dinero provenía de Ferrovial, quien lo pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Pese a ello, han quedado absueltos los dos representantes de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. La sentencia se ha hecho pública siete meses después de concluir el juicio en el que Millet, Jordi Montull y Gemma Montull reconocieron el expolio de la institución musical y el cobro de comisiones por parte de CDC a través de un patrocinio de Ferrovial al Palau, y tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía.

El tesorero de CDC, Daniel Osácar, ha sido condenado por un delito continuado de tráfico de influencias, uno de blanqueo de capitales, en concurso con uno continuado de falsedad en documento mercantil, y uno de falsedad contable.

El abogado y excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, ha anunciado que recurrirán la sentencia del caso porque cree que "la juez a comprado la idea de la Fiscalía" y porque no está de acuerdo con el fallo de la Audiencia de Barcelona. En declaraciones a los periodistas a las puertas del Palau de Justícia de Barcelona, ha anunciado que recurrirá tanto la sentencia que condena al extesorero de CDC Daniel Osàcar como la condena al partido de 6,6 millones de euros por financiación irregular.

RESTO DE CONDENADOS

Respecto a los responsables de las empresas pantalla que sirvieron para camuflar el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, la Audiencia ha condenado a ocho meses de cárcel al directivo de Altraforma Miguel Giménez Salinas, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, el mismo por el que ha condenado a ocho meses al responsable de Hispart Juan Manuel Parra.

También por falsedad documental han sido condenados a año y nueve meses, cada uno, los miembros de Mail Rent y Letter Graphic Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz y a Juan Antonio Mechén. 

El exasesor fiscal del Palau Edmundo Quintana ha sido condenado a la pena de ocho meses de prisión, mientras que otro exasesor del Palau procesado, Santiago Llopart, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión. También ha sido condenado el exsecretario del Patronat de la Fundación Raimon Bergós, al que la Audiencia le ha impuesto dos años de prisión y una multa de 7.500 euros.

En cambio, Rosa Garicano, exdirectora de la Fundación Palau de la Música, ha quedado absuelta.

CONFESIÓN

El juicio arrancó el 1 de marzo con las cuestiones previas y una semana después empezaban las declaraciones de los acusados con Fèlix Millet en primer lugar y su confesión por el "error brutal" de haber desviado fondos de la entidad a su beneficio personal y las explicaciones sobre que Ferrovial hacía donaciones al Palau para que llegaran a CDC a cambio de obra pública.

En la misma línea, Jordi Montull también reconoció el desfalco y explicó que las comisiones que se embolsaban -una parte iba al partido y otra a él y Millet- pasaron del 3% al 4% porque "CDC quería más dinero" y su hija Gemma lo ratificó aunque dijo que era el expresidente del Palau el que lo controlaba todo.

En cambio, el extesorero Daniel Osàcar negó las acusaciones de que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través de la entidad: "Aquí se ha mentido mucho".

INFORME FISCALÍA

En su informe final, el fiscal Emilio Sánchez Ulled aseguró que el Palau de la Música "era la cañería por la que transitaba el dinero" que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

Afirmó asimismo que en la trama del expolio de la institución había un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente en el que "parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera".

Según el fiscal, los acusados Millet y Montull expoliaron el Palau con el cobro de dinero en efectivo a través de cheques en ventanilla que se ingresaban después en la caja de seguridad de Millet; con las obras en sus casas particulares y con unos incentivos irregulares --"Llámenle bonus, llámenle botín"-- y con viajes a destinos exóticos.

Sobre las presuntas comisiones ilegales de CDC, Ulled dijo que los tesoreros sólo eran "el gatillo de la pistola" del partido para el supuesto cobro de comisiones ilegales de los convergentes a la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas, y que cifró en 6,6 millones de euros.

50 SESIONES

Tras cuatro meses y medio y una cincuentena de sesiones en los que comparecieron ante el tribunal un total de 16 acusados, el juicio quedó visto para sentencia, casi ocho años después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música por primera vez, en julio de 2009.

El caso arrancó a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona y dejó 65 cajas con 102 volúmenes, con 60.784 folios más la documentación de las diferentes piezas separadas, y lo instruyó el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, por el que pasaron varios magistrados entre su inicio y 2016, cuando se remitió a la Audiencia.