El síndic de Barcelona defiende el albergue para toxicómanos frente al colegio del Baix Guinardó

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha defendido este jueves la apertura del albergue para personas con drogodependecia frente al colegio Mas Casanovas, una decisión tomada por el Ayuntamiento que ha provocado quejas de las familias del centro educativo.

En un comunicado conjunto con el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ambas instituciones han explicado que han recibido alrededor de 30 quejas de familias de la escuela y que temen que afecte a la demanda social y matriculaciones. Ante esta situación, recuerdan que estos centros son servicios destinados a la atención sociosanitaria de personas vulnerables y que su ubicación en zonas urbanas es necesaria para promover la accesibilidad y normalizar su atención.

Aseguran que la experiencia en otra zona de Barcelona ha constatado que este tipo de centros no suponen un impacto negativo sobre la demanda social en una escuela, "puesto que, en aquel caso, la escuela más próxima, ubicada justo junto al centro, incrementó el número de solicitudes el año siguiente".

DEFIENDEN EL "TRABAJO TRANSVERSAL" DEL AYUNTAMIENTO

Para estudiar el caso, los síndicos han pedido información al Consorci d'Educació de Barcelona y al Ayuntamiento, de las que desprenden que el consistorio "ha generado un espacio de trabajo transversal con el conjunto de servicios del territorio" para valorar el despliegue del servicio en la zona, como la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Intervención en el Espacio Público y el Consorci d'Educació.

También defienden que el consistorio ha elaborado un plan específico para la escuela que, entre otras actuaciones, prevé un trabajo con el equipo directivo, disponer de dos mediadoras para atender las inquietudes de las familias, así como servicios de limpieza y efectivos de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra.

EVALUARÁN EL IMPACTO EN LA DEMANDA SOCIAL DEL COLEGIO

En base a esto, piden que se elabore un plan de acción integral y de coordinación entre los diferentes servicios para "evitar el impacto de la ubicación de este equipamiento en la demanda social del centro". En ese sentido, manifiestan que las administraciones deben analizar qué impacto generan sobre los derechos de terceras personas para adoptar las medidas compensatorias o preventivas necesarias, y valorar si hay alternativas de ubicación que lo minimicen.

Por último, ambos se comprometen a analizar el impacto que pueda tener este centro de acogida en la escuela a partir del análisis de los datos de solicitudes de preinscripción y de oferta inicial de plazas en el proceso de admisión para el curso 2022/2023 a P3.