El gobierno de Ada Colau lleva años detrás de las discotecas y pubs del Frente Marítimo de Barcelona. En su programa electoral de 2015, Barcelona en Comú ya realizó toda una declaración de intenciones de cara al sector del ocio nocturno. En concreto, aseguraba que si llegaba al poder sería “más estricto con el control, las inspecciones y las condiciones para las licencias de alojamientos de uso turístico, bares restaurantes y locales de ocio nocturno”, con tal de reducir los “impactos negativos del turismo”.

A lo largo de su mandato, el equipo de la alcaldesa se ha enemistado con el Gremi de Restauradors --al que ha perseguido en el estricto cumplimiento de la normativa de terrazas--, a empresas de pisos turísticos como Airbnb –con altibajos en su relación— y a dueños de bares y discotecas, a los que ha multado siempre que la ley se lo ha permitido.

INSPECCIONES "MASIVAS"

Así lo denuncian fuentes del sector, que aseguran que las inspecciones han sido “masivas” durante estos cuatro años del gobierno de BComú. Asimismo, lamentan que se han producido con mucha más intensidad que en otros sectores económicos, por lo que lo consideran un agravio comparativo.

“Si el objetivo de la administración es multar o cerrar un local, da igual el motivo que sea, al final lo consiguen. Hay muchas normativas, algunas de las cuales son absurdas, y en ocasiones uno mismo ni las conoce ni sabe que las está incumpliendo”, afirma un importante empresario del ocio nocturno de la ciudad, que prefiere mantener el anonimato para no enemistarse con el consistorio. “Es como si vas en coche y te para la policía en un control de alcoholemia, das negativo, pero se empeña en ponerte el cepo. Que si la presión de las ruedas no es la adecuada, que si no llevas el chaleco reflectante en el coche… Al final lo conseguirá”, asegura.

"ESTAMOS ACOJONADOS"

El enésimo capítulo de esta “persecución” al ocio nocturno ha sido el cierre temporal de las discotecas Pacha, Shoko y Carpe Diem, icónicas de la noche barcelonesa. Los tres locales se enfrentan a un cierre temporal de entre 15 días y medio año por deficiencias en materia de seguridad. Entre los fallos detectados, se encuentran las vías de evacuación, la señalización de emergencia, alumbrado de emergencia y evacuación, así como equipos y sistemas de protección contra incendios.

Pero la cruzada del Ayuntamiento contra las discotecas no acaba aquí. La semana pasada, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, comunicaba el cierre definitivo de Pacha, Opium, Carpe Diem y Shôko, a las que no tiene intención de renovar su concesión. El anuncio hizo temblar a todo el sector, que temen que una nueva victoria de Colau implique un recrudecimiento de sus relaciones con el consistorio barcelonés. “Estamos acojonados”, asegura uno de estos empresarios.

ANUNCIO ANTES DE TIEMPO

Las concesiones de estas discotecas finalizan el 21 de junio, y el objetivo de la alcaldesa es modificar la categoría de equipamiento para destinar ese terreno a la ampliación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

No obstante, para llegar a esta modificación del cambio de usos debe llegar a un acuerdo con el Estado, algo que Pin dio por hecho mientras anunciaba la noticia. Sin embargo, el gobierno español salió pronto a desmentir a la edil, que negó la existencia de un pacto cerrado con el Ayuntamiento de Barcelona para desalojar a las discotecas, aunque reconoció haber mantenido conversaciones con el consistorio para abordar la cuestión.

"VENGANZA PERSONAL" DE PIN

El anuncio no fue una cuestión menor. Se trata de las discotecas más famosas de la zona, y la propia concejal de Ciutat Vella se encargó de poner nombres a las mismas mientras realizaba el anuncio. Fuentes del sector del ocio nocturno señalan a Metrópoli Abierta que el cierre de Pacha y Opium es una “venganza personal de Gala Pin contra el Grupo Costa Este”, capitaneado por los hermanos Bordas.

Es más, las mismas fuentes indican que la propia Gala Pin “acudió personalmente a una de esas inspecciones por la noche, algo inusual por parte de un edil”. Contactados por este medio, los propietarios del Grupo Costa Este han declinado realizar declaraciones sobre el cierre, del que de momento se abstienen de comentar. 

“En general, hay bastantes reticencias a hablar sobre el ayuntamiento. Hay miedo a ser el siguiente, o si te han cerrado uno, como en el caso de los Bordas, a que te cierren más locales”, afirma otro empresario.

SATISFACCIÓN DE LOS VECINOS

Con el anuncio, el Ejecutivo local pretende seducir a los vecinos de la Vila Olímpica, los más críticos contra el ocio nocturno, así como los de la Barceloneta. Así lo expresó la concejal de Ciutat Vella, que definió la medida como "una gran mejora para los vecinos de la Barceloneta". Ellos son la cara de la otra moneda, quienes ven en estos clubs un foco de problemas en su barrio, tales como el ruido, la inseguridad, o el botellón, entre otros.

Desde la patronal de ocio nocturno Fecalon, en cambio, consideran que la solución pasa por destinar más efectivos policiales, y no por el cierre de locales. “Lo que hay que hacer es sentarnos todos y hablar sobre el sector, cosa que no ha hecho el gobierno municipal”, señala su secretario general, Fernando Martínez. De hecho, él cree que sin estas discotecas "la gente no dejará de salir, sino que lo hará en la calle", lo que generaría muchas más molestias a los vecinos. “La ciudad no puede absorber todo ese público, pensémoslo”.

150 DISCOTECAS CERRADAS

Según la patronal, durante todo el mandato se han cerrado 150 clubs y discotecas por cuestiones urbanísticas, licencias, ruidos, etc. El precinto a Pacha, Shoko y Carpe Diem ha sido la gota que ha colmado el vaso, según ellos, y ya ha provocado grandes críticas en las redes sociales contra el gobierno de Colau por parte de miles de usuarios que acuden a estos clubs. 

AFECTACIÓN AL EMPLEO

A este cierre hay que sumar la desaparición de los pubs del Port Olímpic, situados en los aledaños del Hotel Arts, que también ha sublevado a los sindicatos. Desde la UGT, lamentan que el Pla Litoral que el Ayuntamiento de Barcelona quiere imponer supondrá el despido directo de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras.

Además, alertan que el cierre de estos locales afectará a "la economía de los barrios próximos, que proveen estos negocios con alimentación, servicios de seguridad, lavandería, etc.," por lo que calculan que se destruirán un total de 2.000 puestos de trabajo.