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El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Jefatura de la Guàrdia Urbana, quiere que los agentes del cuerpo estén obligados a pasar "en cualquier momento" y de manera aleatoria pruebas psicotécnicas y/o médicas destinadas a la detección de patologías físicas o psicológicas y adicciones al alcohol y/o drogas. El resultado positivo de las citados exámenes "pueden suponer la intervención preventiva del arma de fuego reglamentaria". La modificacvión del procedimiento operativo fue aprobada el pasado 23 de enero y está firmada por el jefe de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez.

Además, el citado procedimiento operativo aprobado indica que en el caso de detección de patologías físicas o psicológicas o la presencia de "sustancias estupefacientes, drogas tóxicas, alcohol o sustancias psicotrópicas", en los agentes titulares de un arma particular con licencia A -la segunda arma de defensa personal de la que disponen algunos policías- , el servicio de armas de la Guàrdia Urbana lo comunicará a la intervención de armas de la Guardia Civil, el cuerpo policial que las otorga, para que tome la decisión que considere oportuna. 

EXTRALIMITACIÓN 

Así lo recoge un documento de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dirigido al secretario general del Ayuntamiento, Jordi Cases, en el que citado sindicato considera que el procedimiento operativo de la Jefatura de la policía loca vulnera "el principio de legalidad" y deja "en absoluta inseguridad jurídica" a los empleados públicos de la Guàrdia Urbana. En opinión de CSIF, la jefatura de la policía local "no puede regular por procedimientos operativos ni por notas informativas derechos u obligaciones de los empleados públicos que deben estar reservadas al poder ejecutivo de las Administraciones y ampararse en normas legislativas vigentes".

CSIF solicita un informe jurídico a la Secretaría del Ayuntamiento con el objetivo de dar seguridad jurídica a los empleados públicos de la Guàrdia Urbana y depurar responsabilidades. El sindicato también reclama anular de pleno derecho la citada modificación y considera que el jefe de la Guàrdia Urbana podría haber incurrido en una "falta disciplinaria" y pide la apertura de una información reservada y, en caso de confirmarse, se le aplique el régimen disciplinario conforme a la ley. 

VULNERAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Para CSIF, Vázquez, "se extralimita en sus capacidades normativas de gestión" y no tiene en cuenta "el principio de jerarquía y de legalidad, vulnerando, de esta manera, el ordenamiento jurídico que ampara a los empleados públicos", y valora que el citado procedimiento operativo otorga unas atribuciones al servicio de inspección médica que no emanan de un decreto (concretamente el Decreto 219/1996) por el que se aprueba el reglamento del armamento de las policías locales. 

El sindicato asegura que la medidas disciplinarias o responsabilidades penales relativas a las armas se produce en caso de uso indebido, robo o pérdida y "ninguno de los tres casos tiene cabida el procedimiento operativo de la Guàrdia Urbana", que quiere obligar a los policías a pasar pruebas médicas o psicotécnicas en cualquier momento y, en función de los resultados, puede comportar la retirada del arma.

REVISIONES CADA DOS AÑOS

CSIF va más allá en su análisis jurídico y sostiene que el decreto de armas de las policías locales catalanas ya contempla, en sus artículos 23 y 24, que los agentes de policía tendrán que hacer, como mínimo, cada dos años una revisión psicotécnica y médica. En el caso de la revisión médica, el artículo 24 dice que "será causa de la retirada del arma la existencia de cualquiera de las enfermedades o los defectos considerados causa de denegación de licencias, permisos o tarjetas de armas en la legislación vigente sobre armamento". 

El secretario general de CSIF en el Ayuntamiento, Horacio López, opina que ninguno de los dos artículos "contempla que, de manera preventiva, se tenga que requerir a los empleados públicos de la Guàrdia Urbana para someterlos a pruebas que no están reguladas en el citado decreto". Añade que Vázquez se extralimita y "pretende invadir competencias que son de otras administraciones", en este caso el Ministerio del Interior. CSIF recuerda en el texto que la segunda arma se obtiene con la licencia A, otorgada por la Guardia Civil, y tienen derecho a ella todos los policías que disponen de su carnet profesional de funcionario policial.

LA POLICÍA, EXCLUIDA

En el escrito enviado al secretario general el Ayuntamiento, se concreta que la obtención de las armas policiales está regulada por un Real Decreto ministerial, que aprueba el reglamento de armas. El propio artículo 98 establece las aptitudes físicas y psíquicas para llevar armas de fuego de las que se excluye en el apartado 4 a las fuerzas y cuerpos de seguridad, "donde está encuadrada la Guàrdia Urbana", según CSIF.