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Ada Colau cumplirá a menos de cuatro meses de las elecciones unas de sus promesas electorales: poner fin a la unidad de antidisturbios de la Guàrdia Urbana. Lo podía haber hecho antes. Ha tenido cuatro años, pero ha esperado a la recta final del mandato para ejecutar la promesa electoral. En los próximos días, la alcaldesa firmará un decreto de alcaldía que pondrá fin a la Unidad de Soporte Policial (USP) y creará la Unidad de Refuerzo a la Proximidad y Emergencias (URPE). La USP fue la primera unidad que intervino en los atentados de Barcelona, según los sindicatos policiales.

La noticia ha sido avanzada este viernes por El País, pero la supresión de la USP estaba cantada desde hacía tres años. El agente de la Guàrdia Urbana y miembro de CCOO, Jordi Gallart, asegura que el Ayuntamiento se negó a seguir negociando el pasado 23 de enero, lo que se traduce en que la desarticulación de la USP se producirá sin consenso, sin que el gobierno de Colau haya alcanzado un acuerdo con los sindicatos SAPOL, UGT y CCOO. Fuentes municipales aseguran que se han aceptado el 99% de las reivindicaciones.

PRECARIAS CONDICIONES LABORALES

Uno de los aspectos que Gallart critica son las precarias condiciones laborales de los agentes de la nueva unidad. "El Ayuntamiento tendrá la potestad de cambiar 12 días festivos al año -fines de semana o días festivos oficiales-, incluso los del periodo vacacional. Si el consistorio quiere, un policía podrá verse obligado a tener que trabajar todos los fines de semana de las vacaciones", critica. 

Según el Ayuntamiento, en la USP quedan ahora un centenar de agentes, una cifra que Gallart eleva a unos 150. Antes de la llegada de Barcelona en Comú, la unidad llegó a tener unos 290 agentes. En estos años, decenas de policías han abandonado la USP. El pasado mayo, habían dejado la unidad un centenar de policías afectados por situaciones de angustia y estrés y cambios continuos de horarios. El fin de la USP se oficializó en 2016 en la presentación del plan director de la Guàrdia Urbana.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Actualmente, esta unidad tiene, entre sus funciones, las actuaciones contra el top manta, el desalojo de edificios municipales okupados e intervenciones relacionadas con el incivismo y la seguridad vial. A éstas se añadirán, con la creación de la nueva unidad, la protección del medio ambiente y un grupo de policía administrativa que, según Gallart, ya existe. Gallart es de la opinión que la URPE se pondrá en marcha sobre el terreno antes de las elecciones para intentar evitar, si se produce un cambio de gobierno tras los comicios, que la iniciativa pueda turmbarse.

La nueva unidad la formarán 160 agentes, según el Ayuntamiento. Gallart asegura que el pacto alcanzado con el gobierno municipal permitirá a los policías de la USP quedarse en la URPE. Fuentes municipales precisan que los policías que se quieran incorporar a la URPE tendrán que superar un proceso selectivo y a los que ya forman parte de la USP se les dará la posibilidad de hacer el proceso o quedarse sin más. El País explica que si estos agentes no hacen el curso se podrán quedar en la URPE haciendo labores complementarias. Los detalles se conocerán en unos días, cuando se publique el decreto.

PURGA POR EL '4F'

Desde CCOO, la decisión de Colau de acabar con la USP es "una purga". Esta unidad es la que intervino la noche del 6 de febrero del 2006 durante una fiesta okupa en un edificio, el Palau Alòs, de la calle Sant Pere més Baix, en Ciutat Vella. Es el caso que el documental Ciutat mortaproyectado en TV3, presentó como un complot policial y judicial. Aquella noche, un agente recibió un impacto en la cabeza que le dejó tetráplejico. En 2008, la Audiencia Nacional sentenció a cinco jóvenes a penas de cárcel. Una era Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso penitenciario.

En 2011, dos policías de esta unidad fueron condenados por torturas al hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago (en el documental también se decía que habían torturado a los jóvenes detenidos por el 4F). Y en 2017, uno de los okupas acusados por el 4FRodrigo Lanza, presuntamente, mató a un hombre en Zaragoza durante una pelea.... El caso es sumamente complejo, con versiones muy dispares entre las partes, y uno de los abogados que intervino en la defensa de los okupas fue Jaume Asens, actual teniente de alcaldía del Ayuntamiento y uno de los hombres de confianza de Colau... 

En esta línea se ha posicionado la sección sindical de UGT en la Guàrdia Urbana. UGT ha destacado en twitter que "sería un grave error político tomar una decisión técnica por una acción de estética y maquillaje político. Imponer unilateralmente y por decreto nos demuestra el talante del equipo político. Negocie y no imponga Ada Colau. Craso error"

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La noticia del fin de la USP ha sentado muy mal a algunos de los grupos de la oposición. El candidato independiente por el PP, Josep Bou, se ha comprometido a recuperar y a reforzar la unidad si gobierna, "con las mismas funciones y mejorando los recursos materiales para poder operar con garantías en situaciones comprometidas de inseguridad". Bou quiere ampliar la USP a 500 agentes y que opere en la lucha contra los narcopisos, top manta, delincuencia, robos y posibles amenazas terroristas.

Desde las filas del PSC, Jaume Collboni ha subrayado que "el desmantelamiento de esta unidad es un gran error que acabarán pagando los barceloneses en un momento en que la inseguridad se ha convertido en el primer problema de los ciudadanos. La decisión del gobierno de Colau agrava la falta estructural de recursos en la Guàrdia Urbana. Pedimos que cualquier actuación sobre el futuro de la USP cuente con la negociación y el acuerdo de los representantes sindicales".

El candidato a la alcaldía, Manuel Valls, ha valorado la decisión de Colau como "un despropósito". "A menos de cuatro meses para las elecciones y en el momento de mayor inseguridad de Barcelona, la alcaldesa comete el lamentable error de suprimir una unidad vital para la seguridad de los barceloneses", ha escrito el alcaldable en las redes sociales.

VOTACIÓN CONTRARIA

Desde el sindicato SAPOL, mayoritario en la policía local, el secretario general, Manel Garcia, ha escrito una dura carta a Colau en que la acusa de ser "la primera y peor alcaldesa de Barcelona" y de obviar la votación mayoritaria y contraria a la disolución de la USP por parte de los grupos municipales en la comisión de seguridad. Según García, en 20 reuniones, los sindicatos jamás han tenido la sensación de estar negociando sino que les estaban imponiendo la URPE, "de ahí nuestra negativa". SAPOL recuerda a Colau que la USP es la primera unidad que intervino en los atentados de Barcelona, "con una profesionalidad impecable". Gallart comparte la opinión de Garcia y añade que durante el mandato de Barcelona en Comú la USP no ha tenido ninguna mala intervención.