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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, parece haber pisado el acelerador del cumplimiento de algunas de sus promesas electorales en la recta final de su mandato. Quiza por eso ha anunciado que la inmediata desaparición de la Unitat de Suport Policial (USP), nombre que se le dio a la sección antidisturbios de la Guàrdia Urbana y que la alcaldesa llevaba en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones.

Aunque desde el Ayuntamiento se ha querido diluir el desmantelamiento y hablar de una actualización y modernización del cuerpo creando una nueva unidad, la realidad es que en la Guàrdia Urbana se mantiene una oposición frontal a los planes de Colau. La nueva unidad se llamará Unitat de Reforç a la Proximitat i les Emergències (URPE) y tendrá como principales competencias su presencia en grandes concentraciones (conciertos, festivales, etc) y ayudar a otras unidades de la Guàrdia Urbana.

Desde el Ayuntamiento, el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha afirmado que su intención es que la nueva URPE se convierta en una policía de proximidad y que sea una unidad más proactiva y que actúe más en los barrios.

Recasens, que no ha querido fijar una fecha para la puesta en funcionamiento de la nueva unidad, ha asegurado que su idea es que el número de agentes que la conformen sea superior a los 150 que ahora forman la USP, y ha confirmado que los miembros de esta unidad que desaparece deberán superar las mismas pruebas que sus compañeros para acceder a una plaza en la URPE.

DURAS CRÍTICAS

La decisión de Ada Colau ha recibido críticas muy duras tanto desde los sindicatos de la policía como desde algunos partidos de la oposición. El sindicato CSIF, que ha asegurado que “Colau ha convertido Barcelona en la ciudad más insegura de toda España” y ha acusado a la alcaldesa de actuar por motivos políticos ya que “tiene un elevado compromiso político con la CUP que ya le ha reclamado pública y notoriamente, en diversas ocasiones, llevar a término esta disolución antes de que finalice la legislatura”. Según este sindicato “con esta decisión nuestra ciudad se quedará desprotegida, cuando estamos en un nivel de alerta que precisa de todos los medios de respuesta inmediata y especializada”.

Por su parte, Carina Mejías, presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, se ha mostrado muy crítica con la decisión de Colau. “No se puede hipotecar la seguridad de la ciudad debilitando más a la Guàrdia Urbana disolviendo la unidad antidisturbios Rechazamos de pleno la disolución de una unidad que la propia Colau ha utilizado en varias ocasiones”.