Agentes de la Unitat de Reforç a la Proximitat i les Emergències (URPE) reaparecieron este miércoles de madrugada en Barcelona para desalojar la acampada de plaza Universitat tras 21 días de protesta por la sentencia del procés. El Ayuntamiento argumenta la actuación por una cuestión de ocupación de la vía pública.

El conjunto policial, formado por 140 agentes equipados con material de antidisturbios, ha actuado en escasas ocasiones desde que la alcaldesa Ada Colau desmantelara el año pasado la unidad, una reordenación del cuerpo oficializada el pasado marzo. CSIF, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, reprocha a Colau que este servicio no haya actuado antes para echar a los acampados y pide a la Fiscalía de Barcelona que investigue la primera edil por dejación de funciones. 

SIN ANTIDISTURBIOS "DESDE 2015"

El Ayuntamiento de Barcelona subraya que la actuación policial de este miércoles se enmarca en un asunto de ocupación de la vía pública y no de orden público, asuntos en los que mayoritariamente actúan los Mossos d’Esquadra. Tres furgones de los antidisturbios de la policía catalana observaron desde lejos el desalojo y se limitaron a cortar el tráfico. “Desde 2015, la Guardia Urbana nunca ha tenido antidisturbios”, insisten desde el consistorio, aunque esta madrugada los agentes, equipados con cascos, protecciones, escudos y porras han realizado funciones de orden público con pequeñas cargas contra los que querían resistir.

Fuentes del gobierno municipal alaban el dispositivo “pacífico”, en el que se detuvo a dos personas que se enfrentaron a los agentes. "Hubo intervenciones como podrían ocurrir en un control de tráfico", apuntan desde la plaza Sant Jaume. La mayoría del centenar de acampados que dormían en la plaza abandonaron el lugar por su propio pie. Ante las críticas de los acampados y del colectivo Iriada en defensa de los derechos humanos por denunciar que los agentes no iban bien identificados, el consistorio expone que si algunas personas sienten que sus derechos no se han respetado "pueden denunciar por las vías correspondientes".

ACTUACIONES “ARBITRARIAS”

El uso de los antidisturbios municipales ha puesto de nuevo de relieve el descontento de parte del cuerpo con la gestión de la alcaldesa en materia de seguridad. El secretario de Organización de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Eugenio Zambrano, asegura que Colau ha actuado de manera “arbitraria” con la acampada de los independentistas permitiendo la concentración y los cortes del tráfico, que han afectado a los comercios. El portavoz sindicalista critica que la alcaldesa no actúe igual con las personas sin techo que duermen en la calle, a veces en tiendas, y que los agentes deben desalojar en verano cada mañana.

“Las acampadas están prohibidas por ley y no nos dejan actuar”, ha denunciado Zambrano que reprocha a Colau que quiera convertir el cuerpo en su “policía política”. El portavoz sindical considera que la Guardia Urbana tenía la obligación de intervenir y que situaciones como la acampada colocan a la policía en una “inseguridad jurídica”.

CORTES DE CALLES

El representante de CSIF se muestra también muy crítico con la gestión municipal en los cortes de calle como la avenida Meridiana que los CDR llevan a cabo a diario desde hace más de un mes. “No hay una directriz para actuar contra estas personas”, se queja Zambrano. El consistorio dice que se tiene que “garantizar” el derecho a participación y que el tráfico en la Meridiana no se interrumpa, ya que desvía la circulación.

El sindicato policial también carga contra el primer teniente de alcalde Jaume Collboni, del PSC, partido que gestiona el área de seguridad, por “prestarse al juego de Colau”. Desde CSIF mantienen que los agentes deberían haber actuado durante los disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y que, no haciéndolo, la alcaldesa podría incurrir en algún delito. “Instamos a la Fiscalía de Barcelona a que abra diligencias por dejación de funciones y por un presunto delito de prevaricación sistemática por no perseguir delitos”, ha afirmado este miércoles.

“SE HA ACUARTELADO LA UNIDAD”

Zambrano asegura que durante las semanas de altercados y disturbios en el centro de Barcelona la URPE estuvo “acuartelada” en “puntos estáticos” para no actuar contra los violentos. El regidor de Seguretat, Albert Batlle, ha negado esta acusación, reproducida también por el edil de Ciudadanos, Paco Sierra, y ha defendido que la policía “ha actuado siempre con proporcionalidad y en ningún caso ha sido acuartelada, porque no hay cuarteles, hay comisarías”. Para el portavoz sindical de la policía, “hoy queda sobradamente demostrado que Guardia Urbana tiene unidad antidisturbios”.