La alcaldesa de Santa Coloma​, Núria Parlon, y el director de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), José Gaspar González Palenzuela, han firmado un convenio de colaboración. Se trata de un pacto para la cesión temporal de 220 viviendas que esta sociedad tiene en Santa Coloma de Gramenet y que el Ayuntamiento destinará a paliar los problemas de vivienda derivados de la crisis económica originada por la pandemia del Covid-19.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Coloma podrá disponer de viviendas de alquiler asequible que se destinarán a personas que cumplan las condiciones establecidas en el Convenio firmado, y de acuerdo con los programas sociales que tiene actualmente en marcha el Ayuntamiento.

CUATRO AÑOS PRORROGABLES

La ampliación del parque de vivienda de alquiler es una del centenar de medidas acordadas en el Pacto Local para la recuperación social, económica y cultural de Santa Coloma de la crisis originada en la ciudad por la pandemia del Covid-19. Pacto que ha sido suscrito el 22 de julio por las cuatro fuerzas políticas que forman el Consistorio: PSC, Ciudadanos, ECP y ERC.

La duración del convenio será de cuatro años, pudiendo prorrogarse por periodos de un año por acuerdo expreso de ambas partes, hasta un máximo de cuatro años más, sin perjuicio de la vigencia independiente de los contratos de arrendamiento que se hayan formalizado durante la vigencia de este acuerdo. Lo que contará será la vigencia establecida en cada contrato.

125 EUROS AL MES

El Ayuntamiento pagará una contraprestación económica mensual a la Sareb por cada una de las viviendas cedidas. Las viviendas vacías tendrán una contraprestación de 125 euros al mes, y una carencia de tres meses, mientras que las viviendas que se cedan ocupadas tendrán una contraprestación de 75 euros mensuales, y una carencia de seis meses.

En caso de que fuera necesaria la adecuación de los pisos cedidos, el Ayuntamiento y la Sareb compartirán al 50% los gastos que estos arreglos generen, hasta un máximo de 7.000 euros.

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