Los desahucios afectan a la salud de las personas. Así de contundente se expresa un detallado informe realizado por varias entidades sociales para el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata del tercer informe sobre las “radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona”. El primer informe era una visión general de la problemática de la vivienda en general; el segundo, hacía énfasis en el enfoque de género y aportaba una visión feminista sobre el derecho a la vivienda. El tercero, cerrado este mismo mes de diciembre, profundiza en la salud de las personas afectadas, aunque el estudio no trata sólo sobre desalojos, sino sobre la propia relación del ciudadano con la vivienda.

Según sus autores, los procesos judiciales derivados del impago de cuotas de hipoteca o alquiler o los desalojos afectan a la salud de las personas, pero hasta ahora no había datos. “Desde una visión de salud pública, disponer de datos es crucial para poder hacer un seguimiento y vigilancia de una problemática tan grave como la inseguridad residencial, el acceso a los suministros básicos o la pobreza energética, así como para mejorar el conocimiento que explica la relación entre vivienda y salud con el fin de proponer medidas para paliar sus efectos sobre la salud”.

El texto explica que se dan principalmente dos situaciones relacionadas con la vivienda: “Por un lado, la inseguridad residencial por motivos económicos, que incluye desde la dificultad de hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda hasta los procesos de desahucio derivados del impago de hipoteca o alquiler, que pueden acabar en situaciones de inseguridad”. Por otro lado, se estudia la pobreza energética, causada por la interacción de diversos factores: unos bajos ingresos familiares, un elevado precio de la energía, una vivienda con baja eficiencia energética…”.

ENFERMOS POR LA CASA

Así, el informe asegura que “la inseguridad residencial por motivos económicos puede comportar una mayor probabilidad de presentar depresión, ansiedad, malestar psicológico o suicidios, así como mala salud percibida o hipertensión”. En esas dolencias inciden directamente los procesos de “miedo, falta de control, fracaso y vergüenza y el impacto social”. En cuanto a la vivienda inadecuada, el impacto en la salud se manifiesta de diferente manera: puede provocar “enfermedades respiratorias, cardiovasculares, infecciones, lesiones y trastornos psicológicos”.

En cuanto a la ligazón emocional con la vivienda, “se ha observado cómo sentirse insatisfecho/a con la vivienda puede acabar en padecimiento psicológico, que puede repercutir sobre la salud mental y física. Finalmente, la pobreza energética tiene efectos sobre la salud mental y física principalmente por causas cardiovasculares y respiratorias, así como en dietas inadecuadas”.

Las conclusiones del estudio son sorprendentes: “Los problemas económicos y jurídicos para acceder a una vivienda digna y a los suministros básicos se asocian a un mal estado de salud física y mental, siendo la salud mental la que se ve más afectada en estos procesos. En general, son las mujeres las que presentan peor estado de salud que los hombres”, señala el texto.

LAS RECOMENDACIONES

Ante la magnitud el problema, los expertos realizan una serie de recomendaciones: en primer lugar, que desde los servicios sociales del Ayuntamiento y las oficinas de vivienda se garantice “un acompañamiento adecuado a estas personas, asegurando que conozcan sus derechos habitacionales y evitando que caigan en sentimientos de vergüenza y culpabilidad debido a su problema. Las terapias grupales pueden ser una buena manera de afrontar esta situación, siendo el enfoque de la PAH un ejemplo a seguir”. En este sentido, también se aconseja una ayuda efectiva a familias con menores a su cargo, especialmente las monomarentales para evitar situaciones de especial vulnerabilidad.

En segundo lugar, recomiendan fomentar el trabajo en red e intersectorial, conectando los servicios sociales con los de justicia, vivienda o salud para trabajar de forma coordinada, En tercer lugar, crear o mejorar los sistemas de información. Y, por último, poner en marcha políticas que reduzcan la magnitud del problema y que garanticen el acceso a una vivienda digna.

Para ello, ponen las cartas sobre la mesa: urge aumentar el presupuesto destinado a vivienda. “En la actualidad sólo se destina un 0,03% a políticas de vivienda, frente al 1,5% de otros países europeos”. También abogan por un incremento del parque de alquiler social. “Ahora mismo, es sólo de un 1-2%, mientras que en la UE es del 15%”.

Asimismo, los expertos aconsejan “garantizar un precio asequible de vivienda, en especial de alquiler, ya que en los últimos 3 años ha aumentado un 24% en la ciudad de Barcelona”. Otro punto de las recomendaciones es “evitar que se produzcan desahucios por motivos económicos. Y en caso de que las personas tengan que abandonar su hogar, garantizar un realojamiento adecuado en el mismo barrio”. Por último, abogan por “a aplicación de la Ley 24/2015 para que no les corten los suministros a ninguna familia vulnerable y garantizar el acceso a los suministros a aquellas personas que están ocupando por motivos económicos”.

LOS DATOS POR BARRIOS Y SEXO

En la confección del informe, coordinado por Lucía Delgado, participaron entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras, el Observatorio DESC, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El trabajo se realizó conjuntamente con la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y se incluyó en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento bajo el lema “Derecho a la vivienda y a la energía: apoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico y social”. Es el primer trabajo realizado sobre la salud y su relación con la vivienda que ofrece datos concretos de cómo puede afectar el problema habitacional a la salud de las personas.

El estudio se llevó a cabo con masas de población provenientes en su mayor parte de los barrios barceloneses que más pueden padecer situaciones de vulnerabilidad. Así, mientras que en Sarrià no hubo sondeo, en Les Corts sólo se encontraba el 1,8% de los encuestados, mientras que el 21,1% pertenecía a Sants-Montjuïc; el 18,4%, a Ciutat Vella; el 13,2% a Eixample; otro tanto a Nou Barris; el 9,7% a Sant Andreu; lo mismo a Sant Martí; el 7% a Gràcia; y el 6,1%, a Horta-Guinardó.

En la muestra, el 24,2% de los hombre entrevistados era propietarios de la vivienda, mientras que el 48,8% estaban en alquiler y el 22% eran okupas. En cuanto a las mujeres, el 27,5% eran propietarias de vivienda; el 38,5%, inquilinas; y el 30,3%, vivían en régimen okupa. En la encuesta se ponía de manifiesto que la pobreza energética afectaba al 81% de las mujeres y al 73% de los hombres. Sólo en una de las magnitudes la situación femenina era más soportable: el retraso en los pagos de suministros afecta al 43,6% de los hombres y solo al 42,2% de las mujeres.

En cuanto a dolencias de los encuestados, los hombres ganan en hipertensión arterial, asma, bronquitis crónica y angina de pecho o infarto, mientras que las mujeres tienen más migrañas, artrosis, osteoporosis o lesiones crónicas lumbares o dorsales. En cuanto al riesgo de padecer mala salud mental, las cifras en Barcelona vuelven a ser favorables a los hombres: el 14,5% de los hombres están en ese riesgo, mientras que el porcentaje de las mujeres llega hasta el 19,5%. De ahí que el 12,1% de los hombre declarase padecer depresión o ansiedad frente al 16,8% de las mujeres.