Pujan Koirala murió en 2019 atropellado por un camión en Barcelona. Tenía 22 años. El vehículo se cruzó en su trayectoria mientras pedaleaba con su bicicleta y la mochila amarilla de Glovo a sus espaldas. La muerte del repartidor desveló las precarias condiciones de estos trabajadores indocumentados que alquilan las cuentas de otros usuarios para trabajar en negro, al margen de la facturación oficial. Sin ningún tipo de protección ni posibilidad de quejarse si quieren seguir pedaleando, estos riders invisibles representan la peor cara de la precarización del sector de las plataformas de reparto a domicilio. La reciente Ley Rider tampoco les ofrece un paraguas que los ampare, según denuncia CGT. A día de hoy se cuentan por centenares, según el relato de varios repartidores.

El Jefe es el apodo de un mensajero que pedalea las calles de Barcelona desde hace tres años y medio. Lo conocen bien en el barrio de Sants donde suele repartir. Conoce a varios mensajeros ilegales, un fenómeno que es masivo, según se desprende de su explicación. "Yo calculo que entre el 70% y el 80 % de los riders trabajan con cuentas alquiladas. Un mensajero afiliado a CGT rebaja esa cifra al 40%. "Siendo generosos". Casi ningún repartidor se atreve a dar su nombre en este reportaje por el miedo a ser despedido. No sería la primera vez que ocurre, según explican desde CCOO.

EXTRANJERO Y SIN PERMISO DE RESIDENCIA

El mensajero ilegal suele ser una persona extranjera y sin permiso de residencia. Habitualmente el dueño de la cuenta que alquila se queda un porcentaje de los beneficios del repartidor, que habitualmente es del 30%, aunque puede ser mayor. En la práctica, apunta El Jefe, cobran unos 700 euros mensuales por jornadas de entre 8 y 10 horas. "Se produce una cascada de explotaciones. Esta es una segunda cascada de miseria", describe Oscar Murciano, secretario de Acción Sindical de CGT en Cataluña.

Para esta organización sindical, esta "explotación" se equipara a cualquier situación de explotación a inmigrantes y denuncia que la Ley Rider no haya contemplado la protección de estos mensajeros. Murciano explica que la Ley de Extranjería facilita la tramitación del permiso de residencia para una persona que ha sido explotada laboralmente. Aplicarlo es más o menos fácil en el caso de una fábrica, una planta o una nave, pero en el caso de las plataformas como Glovo, donde no existe un lugar de reunión entre los trabajadores, resulta prácticamente imposible.

CONTROLES DE GLOVO

"El rider no tiene un lugar de trabajo donde se encuentra con el jefe". Actualmente, sigue, un rider irregular podría intentar plantar cara presentando denuncias, pero las plataformas se sacudirían la responsabilidad con relativa facilidad. La misma condición como inmigrantes sin papeles combinado con la falta de un lugar donde reunirse dificulta una organización entre trabajadores y, en consecuencia, una movilización para canalizar sus quejas.

Protesta de 'riders' de Glovo en Arc de Triomf / CGT RIDERS
Protesta de 'riders' de Glovo en Arc de Triomf / CGT RIDERS

 

A preguntas de Metrópoli, Glovo asegura que trabaja "activamente para prevenir el uso fraudulento de la aplicación que, aunque cada vez en menor medida, lamentablemente se sigue produciendo". Una portavoz explica que la empresa realiza "controles regulares" de las operaciones y que cuando detecta un uso irregular de la aplicación, "se investiga y aplica las medidas necesarias para solventarlo".

MERCADO NEGRO DE CUENTAS

El sindicato CGT está convencido de que la aplicación de la nueva normativa, en vigor desde el 12 de agosto, terminaría con esta flota de mensajeros irregulares. Después de años de batalla judicial entre sindicatos y plataformas, el Tribunal Supremo definió a los repartidores como trabajadores, y no como meros autónomos –intermediarios– de estas start ups. Tras la sentencia Glovo anunció que contrataría solo a 2.000 repartidores en toda España, lo que en Barcelona equivaldría a contratar a un porcentaje muy pequeño de riders

Los grupos de Whatsapp y las redes sociales son canales habituales del mercado negro de alquiler de cuentas. Los que aceptan repartir en estas condiciones acostumbran a entregar con bicicleta, el medio más fácilmente accesible para una persona indocumentada. Javier Pérez, un rider con cuenta propia, entiende que algunas de estas personas accedan a este acuerdo "Tengo sentimientos encontrados. Por una parte estoy en contra de que alguien se aproveche de la situación de un tercero para sacar un beneficio, pero por otra entiendo que la gente sin papeles tiene que vivir de algo y que vean en esto una posibilidad", señala.

RIDERS PRO AUTÓNOMOS

La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), partidaria del modelo laboral inicial de Glovo, reconoce que esta "explotación" sigue existiendo, pero que desde 2020 es un problema minoritario que afectaría a un 10% de los trabajadores. Jordi Mateo, su presidente, fija en hasta un 70% el porcentaje de comisión que se llevaban algunos propietarios de cuentas. "Hasta hace poco era un problema bastante grande. En 2020 firmamos un convenio de buenas prácticas con las plataformas y se ha reducido muchísimo", asegura. Mateo afirma que los nuevos contratos firmados en las últimas semanas no han conseguido frenar esta explotación y que algunos de los firmantes siguen alquilando sus cuentas a terceros.

APRA coincide con los sindicatos en rechazar la Ley Rider, pero por motivos bien distintos. Ellos sí quieren seguir repartiendo como autónomos, eso sí, con una "mayor flexibilidad", con más coberturas en caso de accidente y cuotas de autónomos diferentes en función del tiempo trabajado. La mayoría de sus asociados, un 60%, reparten en motocicleta, un 30% lo hacen en bicicleta y otro 10% en patinete eléctrico.

CONTROL FACIAL DE GLOVO

La relación entre el usuario de la plataforma y la personas que la alquilan se basa exclusivamente en el acuerdo verbal entre ambos. El primero le deja las claves para acceder y el segundo pedalea por él las comandas que le van cayendo. Cada 15 días, cuando el usuario cobra las facturas, le entrega el porcentaje pactado previamente. Se dan casos en que el usuario se niega a pagar las horas pedaleadas. Lo relata El Jefe y también un informe de CCOO de diciembre de 2020 sobre las condiciones de trabajo de los mensajeros en el que subraya que el mensajero que alquila la cuenta no tiene documentación que acredite su trabajo. También hay propietarios de cuentas que abren diversas plataformas para, "directamente, alquilarlos y hacer negocio". 

Glovo también ha implementado un sistema de control facial del usuario para evitar la explotación entre repartidores. Los riders consultados, sin embargo, niegan la eficacia de este control y hablan de un simple parche para aparentar un cierto control. "Tienen muchos abogados y conocen el terreno en el que se mueven. "Estas medidas solo pretenden ser una protección ante una posible demanda y decir: 'Hemos hecho algo, hemos puesto controles'. En realidad solo cubren el expediente", comenta Murciano de CGT.

MÁS RIESGOS Y MÁS DESPROTEGIDOS

El repartidor afiliado a CGT Riders, que pide anonimato, quiere dejar bien claro que los mensajeros ilegales "no tienen culpa" y atribuye la responsabilidad a los dueños de las cuentas y a Glovo. "Si los riders ya tenemos poca cobertura, ellos tienen cero. A Glovo ya le va bien. Es consciente y lo permite. Este escenario garantiza que siempre haya repartidores en las calles", observa. Este joven describe un tercer perfil de dueño que alquila su cuenta, el titular sano. Se trata de familiares que se prestan la cuenta sin coste alguno para sacarse un dinero.

Mientras una parte de los pedidos de la start up barcelonesa se reparten en este contexto de precariedad, la cúpula directiva de la empresa y la plantilla se repartirán un bonus de 55 millones de euros por su salida a bolsa que se producirá en 2022. Desde su nacimiento, hace ahora seis años, la compañía ha desplegado planes de retribución de los que disfrutan miembros de la empresa como Óscar Pierre, uno de sus fundadores. 

Un 'rider' de Glovo pedalea con la mochila amarilla de la plataforma de reparto / EUROPA PRESS
Un 'rider' de Glovo pedalea con la mochila amarilla de la plataforma de reparto / EUROPA PRESS

 

En su informe, CCOO confirma lo que se considera una evidencia: "Los repartidores que alquilan cuentas están más expuestos a riesgos laborales y más desprotegidos", por ejemplo, en lo que se refiere a las coberturas a la Seguridad Social. El Jefe explica que su actividad genera "un problema en cadena" que afecta al resto de riders porque suelen aceptar rutas largas, también en bici, más propias de un rider motociclista y que el ciclista repartidor con cuenta propia jamás aceptaría. Son trayectos de 11, 12 y 13 kilómetros ."La plataforma se ahorra pagar esas rutas a las motos, y luego nos mandan esas rutas a nosotros", cuenta. Esto precariza de rebote el trabajo, pues si un mensajero cancela tres veces un pedido, recibe una penalización, que se traduce en la imposibilidad de aceptar más comandas durante unos minutos.

El salario de estos repartidores irregulares oscila entre los 600 y 900 euros, según CCOO. Poco más de 600 euros es lo que le queda mensualmente a un ciclista con cuenta propia que la semana pasada esperaba frente a una hamburguesería de la vía Augusta. "Es un trabajo muy esclavo. Ahora mismo casi pagas por trabajar", explica este hombre de origen pakistaní. Al lado, un paisano suyo con el casco de moto puesto explica que gana unos 900 euros trabajando 11 horas diarias.

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