Racismo en Barcelona: aquí también hay varios George Floyd

La muerte de George Floyd en Minneapolis (Estados Unidos) ha puesto sobre el tapete un tema de continua actualidad: el del racismo. Especialmente latente en la ciudad de Barcelona, el racismo adopta múltiples formas. Pero hay tres focos principales en la ciudad que han llamado la atención de entidades cívicas. Los informes realizados hasta el momento son contundentes al respecto. “Los racismos tienen dinámicas parecidas en todos los sitios y provienen de los extremismos, generándose sinergias, encajes y alianzas aparentemente contradictorias. La misma brutalidad que en Estados Unidos ha llevado al asesinato de George Floyd existe aquí, a las puertas de nuestra casa. Hay datos de muertes desde el año 92. Manteros muertos de un ataque al corazón mientras eran arrestados, por ejemplo. Otros asesinados por extremistas…”, explica a Metrópoli Abierta Gemma Ferreón, portavoz de Sos Racisme.

Ferreón remite a un hilo del periodista activista Youssef M. Ouled, que recoge algunas de las muertes por racismo en España, que incluyen también casos de violencia policial. Comienza con el caso de Lucrecia Pérez, la dominicana asesinada en Madrid en noviembre de 1992 por agentes de la Guardia Civil, que en su tiempo hizo correr ríos de tinta. Pero hay muchos más: Hassan Al Yahahaqui fue asesinado por cabezas rapadas en Majadahonda, también en 1992. Mourad Al Abidine murió de cuatro tiros por la espalda en 1997, en Madrid; Omar Amhandi fue golpeado hasta la muerte en Barcelona en el 2000. Y Hamid Saada Ouaili moría de un disparo a bocajarro en septiembre de 2000 en Barcelona…  claro que esa lista recoge sólo algunos de los casos de resultado trágico y con tintes exclusivamente racistas, no todos los delitos de odio (ya sea contra la comunidad LGTBI o casos de diversas motivaciones).

PALOS EN LA TRINITAT

La portavoz de Sos Racisme destaca un foco de conflicto racista actual en el barrio de la Trinitat. “Se trata de un edificio habitado por cuatro menores extranjeros no acompañados (menas). Los vecinos llevan tiempo manifestándose. Comenzaron un puñado. Se manifestaron 20. Luego, 30. El pasado domingo, se concentraron 300 personas, algunas armadas con palos, ente la casa. Los vecinos les achacan la culpa de la inseguridad ciudadana. En realidad, según los datos de los Mossos, la criminalidad bajó a la mitad respecto al año pasado. Pero alguien está calentando la calle con mensajes racistas”, acusa la activista de Sos Racisme.

Un grupo de 'ultras', algunos con la cara tapada, este domingo en Nou Barris / TWITTER LLIBERTAT.CAT

Asociaciones cívicas y vecinales han tomado cartas en el asunto y han pedido la mediación del Ayuntamiento, al tiempo que han decidido proteger a los cuatro menores. “Son chavales que ni salen del edificio a echar la basura por miedo y se les lleva allí la comida. Si antes los ataques a centros de Menas se dieron en Premià, Castelldefels o Badalona, ahora le toca el turno a Barcelona. Sospechamos que la extrema derecha está detrás del tema de las protestas”, subraya Ferreón.

 “LIMPIA NOU BARRIS”

Un informe realizado por Clara Calderó para la ONG Novact, fechado en enero pasado (y titulado Diagnosis de extremismos violentos en Cataluña y recomendaciones para su prevención), radiografía el extremismo violento en Cataluña y detalla dos casos paradigmáticos de largo alcance en Barcelona. No recoge el conflicto de Trinitat porque es posterior a la finalización del estudio. Pero uno de los focos dignos de estudio es el del distrito de Nou Barris, que tiene como protagonista al partido de extrema derecha Democracia Nacional (DN). Hace referencia al intento de la comunidad islámica de abrir un oratorio en la calle Japó en el 2015, a lo que se opusieron algunos grupos. En concreto, vecinos vinculados al narcotráfico fueron los más activos contra el centro, ya que su apertura atraería a más policía al barrio de Verdum y podía poner en peligro su negocio ilegal.

Ante las amenazas de este grupo, la comunidad islámica decidió cambiar la ubicación del oratorio y trasladarlo al barrio de Prosperitat en 2017. Ahí fue donde Democracia Nacional comenzó a capitalizar las protestas. La protesta social contra el centro fue inflamada por rumores islamófobos que encontraron eco entre los vecinos.

Las razones del rechazo estaban relacionadas con la naturaleza simbólica y cultural. Aparecieron pancartas con comentarios islamófobos en diversos balcones y se hizo circular una petición para recoger firmas con el objetivo de impedir la apertura del centro de culto”, dice el informe. Y a Democracia Nacional se le sumaron otros grupos, “como Respeto (antigua Plataforma per Catalunya), que aprovecharon para apropiarse de la lucha e intimidar a la comunidad musulmana, también como estrategia política para ganar más apoyo por parte de una determinada parte de la población”, añade el informe. El lema de la campaña no podía ser más claramente xenófobo: “Limpia nuestro barrio. Limpia Nou Barris”.

Oratorio de la calle de Japón / A.O.

EL JUEZ CONDENÓ A LA EXTREMA DERECHA

Tras los atentados del 17 de agosto de 2017, la campaña arreció y el Ayuntamiento, que hasta entonces se había quedado al margen, tomó cartas en el asunto y se personó en el procedimiento judicial contra DN. Finalmente, la justicia prohibió al líder de esta formación y a seis de sus activistas acercarse a menos de 300 metros del oratorio, cerrando sus perfiles de Twitter y Facebook, desde donde difundían mensajes de odio contra la comunidad musulmana. El juez sentenció que su objetivo era “generar sentimientos de odio y hostilidad contra los musulmanes entre los vecinos y acobardar a la comunidad islámica del barrio, impidiendo así el ejercicio de su libertad de culto con la finalidad de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación”.

Clara Calderó señala en el texto que “este caso demuestra el potencial de las sinergias entre sociedad civil e instituciones en el ámbito de la prevención de los extremismos violentos”. En el informe subraya también que en este conflicto “el tejido asociativo se implicó”.

CIUTAT VELLA, EL 20% DE TODOS LOS CASOS

En Ciutat Vella, el conflicto es diferente. Según el Informe de la Discriminación en Barcelona realizado por el propio Ayuntamiento, este distrito es el que concentra la mayor tasa de casos de discriminación, concentrando el 20% del total de la ciudad, la mayoría provocados por temas de racismo o xenofobia. Gemma Ferreón explica que en Ciutat Vella la Policía para por la calle siete veces más a inmigrantes que a nativos, a pesar de que la población de fuera es sólo un 13% del total. “Es una práctica institucionalizada”, critica la dirigente social. Este dato también se contiene en el informe INVisibles, relativo al año 2019: “Por cada persona con nacionalidad española parada, se paran 7,4 con nacionalidad extranjera; por ejemplo, en Cataluña, el 54,1% de las identificaciones policiales se llevan a cabo a personas de nacionalidad extranjera, cuando éstas representan sólo el 13,7% de la población total”.

Mossos d'Esquadra patrullando en una calle del Raval en una imagen de archivo

El informe Pareu de parar-me (su nombre es muy elocuente), realizado en 2018 por Sos Racisme recoge estadísticas estremecedoras: en Ciutat Vella, con una población de 101.387 habitantes, viven 45.357 extranjeros. Las personas identificadas en 2017 fueron 12.204, un 12,04%. Es la tasa más alta de la ciudad (le sigue Sants-Montjuïc, con el 7,7%). Pero las identificaciones tienen su propia idiosincrasia: mientras que las de extranjeros responden mayoritariamente a un “control de policía de paso” o a un “dispositivo de seguridad ciudadana”, las de los españoles suelen hacerse por “robo con fuerza”.

ACTUACIONES QUE GENERAN “FRACTURA SOCIAL”

Sos Racisme recuerda en su informe que en un dispositivo de seguridad ciudadana sólo se podría identificar a una persona si hay indicios de que puede estar cometiendo una infracción o está punto de cometerla. “Por ejemplo, un agente podría identificar a alguien por considerar que circula por la vía pública en situación administrativa irregular y, si así fuese, después de identificarlo, se trataría de una parada ‘efectiva’, ya que estar ’sin papeles’ está considerado una falta administrativa. Ahora bien, el indicio de que una persona no tiene permiso de residencia no puede ser, en ningún caso, ni el color de la piel, ni la etnia, ni el acento, ni ningún otro criterio que se pueda considerar discriminatorio. Además, recordemos que la tarea de identificar a personas en situación administrativa irregular no es responsabilidad principal de ninguno de los cuerpos policiales catalanes, sino que corresponde, como hemos dicho anteriormente, al Cuerpo Nacional de Policía”.

En INVisibles, Sos Racisme  denuncia también que “las operaciones policiales conjuntas entre Guardia Urbana (en Barcelona), Mossos d’Esquadra y CNP, que argumentadas en la lucha contra el crimen y la delincuencia, acaban teniendo efectividad únicamente en cuestiones vinculadas con la extranjería. Estas actuaciones policiales ilegales suponen vulneración de derechos y libertades y, además, alimentan discursos racistas y generan desconfianzas y fractura social”. Subraya a continuación que se dan “identificaciones policiales racistas, que consisten en pedir la documentación a las personas seleccionándolas exclusivamente por su aspecto físico”. Ferreón subraya, en este sentido, que estas actuaciones conllevan una profunda “carga de violencia racista” contra las personas extranjeras.

DEFICIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

En su informe sobre los extremismos, Novact resalta que las peculiaridades del distrito de Ciutat Vella fomentan la discriminación. Los contratos temporales o de corta duración, así como unas condiciones laborales precarias en largos turnos y sueldos bajos “imposibilitan oportunidades reales de ascenso social, generando altos niveles de rabia, frustración e impotencia en la persona, que a menudo se materializan en sentimientos de rechazo y animadversión hacia el sistema”. Hay también otro dato interesante: sólo el 56,72% de los habitantes de Ciutat Vella tiene derecho a votar, de modo que el 43,28% se han de conformar con una “abstención forzosa”. Dice el texto de la ONG que “esta exclusión política es significativa a la hora de valorar la importancia relativa que pueden tener los habitantes del distrito”.

Concentración en Barcelona en contra del racismo y los ataques a menas / EUROPA PRESS

A ello se le ha de añadir que el 32,9% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social (curiosamente, el otro distrito que más se le acerca es Nou Barris). La situación se agrava al constatar que entre 2015 y 2017 “más de la mitad de los parados no percibían ninguna clase de prestación o subsidio y la renta familiar disponible per cápita en 2016 representa el 86,9% de la media de la ciudad”.

DATOS PARA LA REFLEXIÓN

La dantesca situación se redondea con otros datos que invitan a la reflexión: Ciutat Vella es el distrito con la esperanza de vida más baja de toda Barcelona y es el que tiene un mayor porcentaje de vecinos (el 36,6% frente al 25,6% de la media de Barcelona) que afirman haber sido víctimas de uno o más hechos delictivos durante el 2018, una tasa muy por encima del resto de distritos de la ciudad. “También es el distrito con la percepción de seguridad más baja”, dice el informe. A todo ello se suma la especulación inmobiliaria, que genera una reducción de disponibilidad de pisos en alquiler.

En Barcelona, pues, se están dando varias problemáticas que aúnan el racismo tradicional con el institucional y la nueva xenofobia. “La extrema derecha es sólo la punta del iceberg de un racismo más explícito. Hay otro racismo más subliminal que sustenta el nuevo racismo. La motivación se encuentra en los problemas sociales, que son mucho más amplios y se focalizan en un colectivo concreto: antes era la violencia yihadista y ahora son los menas”, se duele Gemma Ferreón. Lo dicho: en EEUU son los negros. En Barcelona, los islamistas y los menas… de momento.