Un juez ha admitido a trámite una querella criminal de la immobilaria Vauras Investment, S.L contra cuatro cargos del Ayuntamiento de Barcelona. En concreto, son la alcaldesa Ada Colau, el regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la responsable del departamento de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá y a la regidora de Vivienda, Lucía Martín González.

A todos ellos se les acusa de hasta seis delitos, como presuntas coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones. Además piden que se exija al Ayuntamiento de Barcelona "una fianza de 25.000.000 euros a fin de cubrir la responsabilidad civil que puede derivarse de la comisión de los delitos señalados".

Según informa este lunes el portal e-Notícies, la empresa explica en el escrito que los hechos que motivan la presente querella se desencadenan a raíz de la ocupación de ocho viviendas de un edificio situado en el número 38 de la calle Lleida, adquirido por Vauras Investment el 24 de noviembre de 2016. "En el momento de su usurpación, esos pisos tenían un valor de mercado de 2.913.099,4", detalla el documento.

CONNIVENCIA CON LOS OKUPAS

La promotora también denuncia que la ocupación de las viviendas supuso un coste de 404.858,84 euros debido a los daños ocasionados en los inmuebles. "Las fotografías muestran el estercolero en que dejaron unos pisos recién reformados y sirven para hacernos una idea de los ruidos, gritos, altercados e incomodidades que tuvieron que padecer durante la ocupación", lamenta la compañía.

Vauras Investment indica que el procedimiento de desahucio se ha llegado a suspender "hasta en cuatro ocasiones, principalmente por la acción violenta del movimiento okupa y con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona". En uno de estos intentos, el 10 de octubre de 2019, explican que "el jefe del dispositivo de los Mossos d’Esquadra que se había desplazado al lugar para asistir en la diligencia de lanzamiento, recibió una llamada de Miquel Buch, ordenando la suspensión del acto". También llegan a afirmar que Serra "ordenó" en otra ocasión paralizar el desahucio a los Mossos.

PRESIONES POLÍTICAS

La empresa también señala que ha habido "defraudación de fluidos eléctricos y análogos" y que estos han sido, según ellos, "tolerados y amparados por los responsables del Ayuntamiento". Según el texto, "Marc Serra dio órdenes precisas a los Mossos d’Esquadra" para retirar a la seguridad privada que había contratado la firma para vigilar los contadores de suministros.

El concejal de BComú Marc Serra, en una rueda de prensa / AJ. DE BCN
El concejal de BComú Marc Serra, en una rueda de prensa / AJ. DE BCN

"Los querellados -apunta el texto- coaccionaron a Vauras Investment, para que ésta se plegara a su voluntad y solucionara, de forma y con recursos privados, un problema de orden social que atañe al Ayuntamiento y para el que éste tiene fondos públicos".

Por si fuera poco, también ponen en conocimiento del juez que el 31 de septiembre del 2019 acudieron a una reunión con Fuensanta Alcalá, Marc Serra y Lucía Martín. En ella "se presionó a Vauras Investment para que se aviniese a ceder las viviendas del edificio a un precio de alquiler social o, en su caso, a venderlas por un precio irrisorio y como contraprestación, el Ayuntamiento podría desbloquearlas obras y licencias que Vauras tenía bloqueadas, tal como se demostrará en el momento procesal oportuno".

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