La desgarradora historia de una familia en un piso municipal protegido

Barcelona está trufada de historias alegres y tristes. Otras, incluso desgarradoras, como la que e sucedió a una ciudadana que lleva dos años soportando el yugo de una actuación nefasta por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento, lo que ha obligado a intervenir a la Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, para intentar mediar para que los responsables locales pongan a remedio a una situación infumable. Un piso con riesgo de electrocución por la situación de los cables eléctricos, con las vigas en deplorable estado, caída de techo, en un entorno de delincuencia y vandalismo galopante, suciedad y con un narcopiso al lado… Ajenos a todo, los técnicos municipales presionaron a la familia alojada que o lo cogían o se iban a la calle.

La historia comenzó el 8 de julio de 2019, cuando la ciudadana en cuestión presentó una queja ante la Síndica después de haber sido agraciada con la asignación de un piso social en la calle Elkano. “Explica que el estado de la escalera y los elementos comunes es deplorable, con suciedad acumulada y una instalación eléctrica sin protección de riesgo, con todos los cables por fuera. Considera que no es el lugar adecuado para vivir una familia con una niña de 3 años, porque ha encontrado jeringuillas en la escalera y en uno de los pisos ocupados se vende droga”, relata Maria Assumpció Vilà.

MÁS DE 700 EUROS ANUALES

La ciudadana en cuestión sólo pedía un poco de decencia. “Entiende que no reúne los requisitos mínimos para que pueda vivir una familia y que antes de asignar los pisos vacíos deberían haberse hecho las reparaciones de las zonas comunes y tratar el problema de la venta de drogas en la finca y los pisos ocupados. Además, han de abonar una cuota muy alta de mantenimiento de la finca, 60 euros mensuales, una cuota tan alta precisamente en una finca que se encuentra en estas condiciones”, insiste la síndica. En total, pues, más de 700 euros anuales por un cuchitril rodeado de basura y drogas.

Pero los problemas no acababan más que de comenzar. El 26 de febrero de 2020, la ciudadana en cuestión amplió la queja: había descubierto que “una parte del techo se tuvo que abrir y entonces se descubrió el mal estado del forjado, por lo que fue precisa la intervención de los bomberos. En el informe que también se ha hecho llegar al Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, en las observaciones realizadas después de la intervención, se dice: ‘De forma urgente, es preciso revisar el forjado afectado del comedor del principal segunda y consolidar la estructura, así como eliminar las humedades del baño superior y cocina (zona de aguas)’, pero el IMHAB no le ha facilitado ninguna respuesta a esta incidencia”.

LA RESPUESTA DEL IMHAB

Los servicios sociales respondieron escuetamente a la Síndica que el 26 de marzo de 2019 finalizaron las obras de reparación y adecuación de la vivienda y que disponía desde entonces de cédula de habitabilidad y certificado de eficiencia energética. El edificio fue adquirido por el Ayuntamiento en el año 2018 y luego se realizó un periodo de rehabilitación de cada una de las viviendas. “Es preciso subrayar que cuando se asignaron los pisos a los nuevos adjudicatarios, se priorizó la situación de emergencia habitacional de aquellas personas que requerían una vivienda”, dice el informe oficial.

En el expediente constaba también que el contrato definitivo con la inquilina se firmó el 30 de julio de 2019, y le comunicó también que se había puesto en contracto con la empresa de la limpieza para que se esmerase más y trabajase con mayor intensidad en la eliminación de la suciedad. Pero pese a todos esos condicionantes, la ciudadana ya había advertido de las deficiencias que observaba, lo que sentó a cuerno quemado en las dependencias municipales, hasta el punto de que la pusieron entre la espada y la pared.

SIN ALTERNATIVA

Tras las alegaciones al Consorci de l’Habitatge, y de acuerdo con la respuesta recibida de éste, “se la informaba de que la no aceptación de esta vivienda comportaba el archivo de su expediente de emergencias. Ante esta situación, la señora firmó el contrato de alquiler y fue a residir allí”. La situación, pues, no tuvo alternativa: o a convivir con drogas y suciedad o irse a vivir debajo de un puente con una niña pequeña.

El relato de Maria Assumpció Vilà pone los pelos de punta. “Según la promotora de la queja, el problema más grave que expone es la ocupación de una vivienda donde se produce venta d drogas, cosa que genera conflictos de seguridad, de convivencia y de limpieza y salubridad en la escalera. Durante año y medio que lleva residiendo, los problemas no se han solucionado y la finca ha padecido problemas de vandalismo continuado. Ella misma padeció un robo. Por otro lado, también ha tenido problemas de habitabilidad dentro del mismo piso, donde cayó parte del techo; los bomberos que inspeccionaron la finca detectaron problemas en las vigas y era preciso reforzarlas”.

FILOSOFÍA DEL PLAN DE VIVIENDA

Cuando el mandato de la Síndica está a punto de agotarse, los problemas no han sido solucionados. “Dentro de las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, se encuentra la adquisición de viviendas y fincas que, tal. Y como se recoge en el Plan por el Derecho a la vivienda de Barcelona 2016-2025, tiene por objetivo proteger y ampliar el parque público de viviendas en la ciudad”, recuerda Maria Assumpció Vilà. Añade que el propio consistorio insiste en que la asignación de viviendas sociales es una medida alternativa a la construcción de pisos que “contribuye a garantizar la protección del derecho a la vivienda en los barrios a través de la ampliación del parque público y asequible; evitar que las viviendas vayan a parar a manos de los fondos buitre y oportunistas que especulan y hacen grandes negocios inmobiliarios y que expulsen a los vecinos; y promueve la rehabilitación de las fincas, cosa que permite mejorar y dignificar unas viviendas que en muchos casos se encuentran en una situación muy dejada, ya que sus antiguos propietarios habían omitido la obligación de mantenerlos en condiciones dignas y seguras”.

Pero esa dignificación de la vivienda es sólo sobre el papel. Vilà acaba de dar un tirón de orejas al Ayuntamiento: “Lo que se constata es que, más allá de la habitabilidad de la vivienda, la finca donde se ubica no se encontraba pacificada en el momento de su adquisición y esta pacificación debería haber sido un problema prioritario a solucionar por parte del IMHAB antes de ceder los pisos vacíos a la mesa de emergencias. Por otro lado, desde el tiempo que lleva la familia residente, más de 18 meses, este problema grave no ha sido todavía solucionado y se mantiene un alto grado de conflictividad”.

LA RECOMENDACIÓN… POR DECENCIA

Se aqueja la Síndica de que, aunque es imprevisible evitar que la convivencia y la seguridad se pueda ver afectada por el incivismo y la ocupación con finalidades delictivas, “en este caso, nos encontramos con un problema grave que ya se detectó a priori y que no fue abordado con la eficacia suficiente desde que se adquirió la finca en el año 2018, lo que implica para esta familia que, aunque el piso dispusiese de las condiciones de habitabilidad adecuadas, no disponía de la seguridad idónea en el entorno”.

Por ello, propone al IMHAB que se permita la posibilidad de “valorar positivamente la solicitud de cambio de piso” y recomienda que “adopte todas las medidas necesarias con la colaboración de los servicios que se precisen para poner fin a las conductas delictivas que se puedan producir en la finca”.