Varias asociaciones de víctimas han pedido a la Audiencia Nacional que condene a dos de los tres acusados por los atentados de Cataluña del 17 de agosto de 2017 a la pena de prisión permanente revisable, un castigo superior al reclamado por la Fiscalía, que solicitó para ellos entre 36 y 41 años.

MÁXIMO CASTIGO

En un escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 30 de julio y al que ha tenido acceso Efe, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo pide el máximo castigo penal para Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal, como también hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Ambas quieren que se les condene a prisión permanente por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista, un tipo penal por el que la Fiscalía no les acusa ni fueron procesados, ya que los presuntos autores materiales murieron, si bien la Audiencia Nacional abrió la puerta a que las partes pudiesen acusar por él.

DOS ACUSADOS PRINCIPALES

Se trata de Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en Alcanar (Tarragona) en la que falleció el imán de Ripoll, considerado líder de la célula; y Driss Oukabir, hermano de uno de los miembros de ésta y a cuyo nombre se alquiló la furgoneta con la que se perpetró el atentado de Las Ramblas y que conducía Younes Abouyaaqoub, abatido por los Mossos.

150 TENTATIVAS DE ASESINATO

Integración en organización terrorista, 150 asesinatos terroristas en tentativa, fabricación y tenencia de explosivos, estragos imprudentes o lesiones son otros de los presuntos delitos por los que las asociaciones les acusan.

Además de pedir pena de prisión, ambas solicitan largas condenas que superan ampliamente los 2.000 años de cárcel para ellos por su presunta participación en los atentados en Las Ramblas y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), de los que el lunes se cumplen 3 años y en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas.

EL TERCER ACUSADO

Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, la AVT pide 25 años de prisión por presunta colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que la Asociación 11-M reclama 30 años para él al acusarle también por estragos imprudentes y lesiones.


FISCALÍA NO INCLUYE EL ASESINATO

La Fiscalía, por su parte, solicita para los tres penas de entre 8 y 41 años de prisión por presuntos delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas por los planes que tenían de atentar contra la Sagrada Familia, pero no incluye el delito de asesinato.

DISCREPANCIAS

En un comunicado, la Asociación 11-M discrepa "abiertamente "con el criterio "de la Fiscalía y mantiene que "existe prueba de cargo suficiente para sostener la condena de al menos dos de los acusados por tales atentados, ya sea en concepto de autores, cooperadores necesarios o cómplices". Pide en el juicio un "debate completo" sobre todo lo ocurrido y que "se dé satisfacción" a las víctimas.

Además de AVT y Asociación 11-M, también está personada la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), cuya representación ejerce el despacho Fuster-Fabra Abogados, que también representa a alguna víctima.

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