En apenas seis horas, Ricard perdió el derecho a acceder a la vivienda de su padre en Montcada i Reixach (Barcelona). Los okupas, una pareja con dos niños, entraron a las dos de la madrugada con colchones, televisores y otros objetos. Cuando a principios de octubre los Mossos d’Esquadra llamaron a la puerta de la casa a primera hora de la mañana se encontraron con la familia residiendo en el lugar y la imposibilidad de echar a los ocupantes.

Poco después de salir de un proceso judicial de dos años para echar a los anteriores inquilinos que no pagaban el alquiler, Ricard descartó una segunda batalla en los tribunales. “No queríamos esperar un año o un año y medio”, señala este barcelonés de 48 años, casado y con tres hijos, que puso la casa a la venta en septiembre. A través de internet contactó con la empresa Fuera Okupas y, tras una “intermediación”, recuperó la vivienda en 15 días.

2.500 EUROS POR DESAHUCIO

Sentado en sus oficinas en el barrio de Sants, el presidente de esta empresa barcelonesa, Jorge Fe, habla claro. “El okupa es un auténtico sinvergüenza, un jeta y, muchas veces, un delincuente”, afirma con rotundidad. En 2017, este exluchador de Sambo  –arte marcial de origen ruso– abandonó su trabajo recuperando deudas de morosos para crear Fuera Okupas, una empresa que, mediante la “mediación”, consigue echar a los inquilinos en dos semanas, tres como máximo.

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Interior de una vivienda ocupada desalojada por Fuera Okupas / CEDIDA

Fe tiene cinco personas en plantilla y siempre cobra lo mismo: 2.500 euros por desahuciar extrajudicialmente a los okupas. “Siempre negociamos y se van de manera amistosa. La Ley nos impide sacarlos por la fuerza”, asegura. En dos años, su empresa ha realizado alrededor de 600 desalojos, una práctica “ilegal”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y colectivos similares que luchan por el derecho a la vivienda.

“CONTROLES” DE ACCESO

El primer paso es realizar una pequeña vigilancia para identificar el número de ocupantes y sus perfiles. La presencia de los corpulentos miembros de Fuera Okupas –personas que han trabajado en la seguridad privada, en la policía, y un exboxeador– suele disuadir a gran parte de los intrusos. “Es un elemento de protección, nos encontramos de todo. Nos han sacado cuchillos, palos y muchos tienen antecedentes”, relata Fe.

Si una primera charla, con la escritura de la propiedad en mano, no convence al ocupante, la empresa monta un “control de acceso”, un vigilante de seguridad, apoyado por otros miembros, que vigilan la salida de los moradores y les impiden que vuelvan a entrar. “Algunos lo entienden perfectamente, a otros les cuesta más, piensan que es su propiedad, llegan a instalar una red wifi”, comenta. Con cuatro visitas diarias a pisos, el volumen de trabajo no deja de aumentar y la empresa abrirá próximamente una oficina en Madrid.

“VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS”

Desde 2016, cuando aparecieron empresas como Fuera Okupa a raíz del aumento de ocupaciones, la PAH les ha plantado cara. “Es otra manera de extorsionar y echar a familias vulnerables”, denuncia Santi Mas de Xaxas, portavoz de la plataforma en Barcelona. El activista sostiene que los “controles de accesos” son ilegales, “vulneran los derechos humanos” y acusa a los Mossos d'Esquadra de “permitir” estas actuaciones.

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Uno de los trabajadores de Fuera Okupas / CEDIDA

Desde la policía catalana, señalan que actúan en base a la ley y, siempre, a requerimiento del juez. “No valoramos estas actuaciones ni colaboramos con estas empresas. Siempre que hay alguna denuncia por prácticas abusivas abrimos diligencias”, explican fuentes del cuerpo, que admiten que, en alguna ocasión, se han producido querellas de este tipo. “Nunca nos han denunciado”, apunta Fe.

MAFIAS EXTRANJERAS

El presidente de Fuera Okupas insiste en el perfil de ocupantes con los que se encuentra. “No son familias con dificultades económicas. Es gente que se dedica a ocupar pisos a cambio de 1.500 euros. La mayoría son extranjeros”, añade. Este miércoles han desalojado un dúplex de 200 metros cuadrados en la Gran Vía. Fe recibe amenazas de muerte a diario por teléfono y sus trabajadores han recibido varias agresiones, algunas con palos. También actúan en narcopisos y se han topado con pisos donde se ejerce la prostitución.

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Herida sufrida por un miembro de la empresa durante un desalojo / CEDIDA

A Ricard le salen los números. Echar de la casa a la familia de intrusos, con un Audi A6 en la puerta, ha sido más rentable que encarar un nuevo juicio. El abogado le costaba 1.500 euros y el procurador unos 450 euros. Aunque pague más por el desalojo extrajudicial (2.500) lo prefiere. “Hubiese esperado un año y medio perdiendo dinero por no poder vender”, argumenta.

ACUERDO AMISTOSO

Antes de recuperar la vivienda, Ricard firmó un acuerdo con los okupas donde se comprometía a no denunciarlos. Si el “control de acceso” no da resultado, la empresa de Fe inicia el largo camino judicial, unos gastos contemplados en el contrato con sus clientes. De momento, dice, todos los casos se han solucionado en beneficio del propietario sin pagarle un euro al ocupante a cambio de que abandonara el inmueble.

Desde la PAH, Mas de Xaxas carga contra Fuera Okupas al entender que la empresa no está "legitimada" para desahuciar, una decisión, dice, que solo está en manos de los jueces. Para este activista, los propietarios que contratan estos servicios pierden razón y señala que empresas como la de Fe no están "especializadas" en intermediar. "Quieren intimidar", añade. Mientras, Ricard no se arriesga y ha contratado un vigilante las 24 horas del día.