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Llevaba meses sin que estuviera operativa y una familia, a través de “mafias que se encargan de buscar viviendas vacías”, ha okupado una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social, en la calle Reus, en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, en una zona acomodada de la ciudad. Los vecinos del inmueble lo denunciaron, dirigiéndose a la propiedad –la Seguridad Social– y han logrado un hecho poco habitual en estos casos: han sido reconocidos como acusación particular, como comunidad de vecinos, en un juicio que se celebrará a mediados de diciembre y que lleva el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona.

La familia, una pareja y dos niños de seis y ocho años, se mantienen en los bajos de ese inmueble, y han “pinchado” la luz, lo que ha perjudicado a algunos vecinos que tienen cortes intermitentes. Los abogados de los vecinos, contactados por Metrópoli, señalan que en este caso se ha producido una circunstancia poco común por parte del juez, y es que la propia comunidad de vecinos será acusación particular en el juicio, porque la familia ha invadido “zonas comunes del inmueble”.

JUICIO EN DICIEMBRE

¿Qué ha ocurrido? Los vecinos consultados señalan que la Tesorería de la Seguridad Social, aunque ha colaborado con los abogados para solventar la situación, había dejado “abandonada” la oficina. Y “nadie consideró que podía ser okupada”, con el perjuicio para toda la comunidad. 

La diligencia del juez, que tampoco es una cuestión común, según los abogados, ha permitido agilizar los trámites para que el juicio se celebre a mediados de diciembre, con la esperanza, por parte de los vecinos, de que la familia deje el edificio.

Edificio del Guinardó que ha sufrido dos okupaciones en las últimas semanas / V.M.
Edificio del Guinardó que sufrió dos 'okupaciones' en pocas semanas / V.M.

Los abogados, del despacho Molins, en el caso que dirige Pere Joan Perete, señalan que existe “una gran desazón por parte de las víctimas de estas conductas ante la falta de respuesta inmediata a este tipo de comportamientos”. Todo depende de las interpretaciones de los jueces, insisten, y en la agilización de los trámites. Los abogados inciden en que se ha instalado una “leyenda urbana” sobre la supuesta imposibilidad de que los que okupan viviendas puedan ser desalojados una vez hayan transcurrido entre 24 y 48 horas. Y se reitera la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su sentencia de mayo de 1992: “La indefensión lo mismo se produce por la denegación de justicia cuanto por un retraso injustificado, justicia tardía no es Justicia”.

PROBLEMA ASISTENCIAL

El hecho es que la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social, perteneciente a la Administración General del Estado, no tiene cédula de habitabilidad. Y la familia interviene zonas comunes del inmueble, en la calle Reus de Sant Gervasi.

Los vecinos entienden la “difícil situación de la familia”, a pesar de que pueda estar condicionada por “mafias” que buscan esos espacios. Pero lo ven como “un problema asistencial” que debe asumir la administración, y no los propios miembros de la comunidad de vecinos.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 

El caso, esta vez afecta a un espacio de la misma administración del Estado, se une a la proliferación de okupaciones en distintos puntos de la ciudad. “El problema es que, con el Gobierno del PP, en 2015, el delito se consideró débil, poco importante, con penas inferiores, poco persuasivas para que el delito no se repita”, insisten las fuentes jurídicas consultadas.

El abogado penalista Jorge Navarro señala que la situación actual obedece a múltiples factores como “la inoperancia del Estado, que facilita estas prácticas: la tolerancia de una buena parte de la judicatura, la mayoritaria inactividad de la Fiscalía, la falta de criterio policial, así como la reforma del Código Penal en el 2015 que rebajó a delito leve determinadas conductas”.

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