El pasado 20 de marzo, durante los primeros días de la pandemia, Amine y Cristina okupaban un piso del entresuelo del número 20 de la calle dels Salvador, en el Raval barcelonés. Lo hacían horas después de que la policía desalojara a sus anteriores inquilinos, un grupo de traficantes que habían convertido el domicilio en un narcopiso.

Fruto de un acuerdo improvisado con los vecinos, la pareja, de 29 y 22 años y sin un hogar estable en ese momento, se instaló en el apartamento. Los vecinos celebran que su arriesgada incursión ha eliminado el trapicheo y los conflictos que acarreaba este punto de venta de droga en la escalera del edificio. Ahora, cuatro meses después, el fondo buitre que gestiona el piso quiere echarles y ya han recibido una resolución judicial de desahucio. 

"¿DÓNDE IREMOS?"

"Vivimos en una especie de burbujita, no sabemos si nos echarán. Aquí estamos. ¿Dónde nos iremos el día que vengan? ¿Dónde me llevo todo esto?" pregunta Amine resignado, señalando los muebles que han traído al piso. El legado de los camellos en forma de suciedad y pintadas en las paredes es historia. Pese a las dificultades económicas por las que atraviesan, la pareja ha hecho algunas mejoras. El salón luce la pintura blanca recién pintada y uno de los cuartos, que acumulaba trastos y muebles, está libre de chatarra.

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La pareja, en el balcon del piso de la calle dels Salvador / GUILLEM ANDRÉS

Amine y Cristina pasan el mes con los 430 euros del paro que recibe ella y con 300 euros mal contados que percibe él por algunas reformas y arreglos. Su objetivo es negociar un alquiler social con Budmac Investments S.L, una empresa filial del fondo buitre Blackstone, según Raval Rebel, entidad que les ayuda en esta disputa desigual. 

LA VISITA DE LA PROPIEDAD

Hace unas semanas recibieron la visita de un hombre que dijo representar a Anticipa, un gestor inmobiliario relacionado, dicen, con el fondo buitre. "Nos explicó que venía a negociar. Le dijimos que queríamos un acuerdo con la entidad bancaria para conseguir un alquiler social, que aquí antes había un narcopiso, pero nos dijo que el banco solo quiere que nos larguemos", asegura Cristina. "No quieren alquilar. Prefieren tener estos pisos cerrados durante años y luego venderlos", añade Amine.

Los vecinos recuerdan bien el día del desalojo del narcopiso y las infructuosas llamadas al fondo buitre avisando de la situación. También las llamadas previas denunciando que su piso se había convertido en un punto de venta de droga. "Nos cuentan que nunca dio la cara cuando se quejaron", señala Cristina.

DESAHUCIO

El 26 de junio, tras una demanda de Budmac contra unos antiguos ocupantes del domicilio, que vivían en el domicilio antes incluso de la okupación de los narcotraficantes, el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Barcelona celebró un juicio por desahucio contra los primeros inquilinos y los "ocupantes ignorados", como definen a Amine y Cristina, que no acudieron a la vista. "Nunca nos llegó ninguna notificación. No sabíamos que se iba a celebrar el juicio", se quejan.

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Amine muestra el pasado marzo la viga con la que atrancaba la puerta a diario / G.A

El fallo estima íntegramente la demanda de la propiedad y condena a los ocupantes y "otros cualesquiera ocupantes de mero hecho a dejar libre la finca sin derecho a indemnización ninguna (...)". La pareja critica que el juzgado los relacione con los antiguos ocupantes y reclaman abrir un nuevo proceso judicial y, luchar así, por un alquiler social. Para conseguirlo, hace unos días se empadronaron en Barcelona aconsejados por Raval Revel y Acció Raval.

Los inquilinos han intentado, sin éxito, recurrir la notificación de desalojo. Han pedido cita previa con el juzgado, pero afirman que la justicia les niega el derecho a comparecer.  

INCERTIDUMBRE

La incertidumbre tiene en vilo a esta pareja que clama por una mínima estabilidad en este piso. Están convencidos de que si los echan, los traficantes volverán a ocupar el domicilio. Las amenazas directas sufridas durante las primeras semanas de okupación ya cesaron, pero las mafias del Raval no olvidan y vigilan de cerca el número 20 de la calle Salvador. "Las miradas se repiten y los chicos que antes okupaban el piso siguen viniendo. Hace unos días un grupo se quedó plantado mirando si aún vivía alguien", describe Amine.

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La pareja posa para Metrópoli Abierta en la cocina del piso en el que viven desde marzo / G.A

En la puerta de la casa, en una hoja informativa, los inquilinos advierten de que no piensan abandonar el piso e invitan a cualquier persona que quiera cuestionar su derecho a denunciarlos en los juzgados. La pareja argumenta que la Ley defiende la "inviolabilidad" del domicilio excepto en caso de un "delito fragante", "orden judicial" o "consentimiento de sus habitantes". "A diferencia de los que había antes, nosotros no hemos cometido ningún delito", justifican.

EN LA CALLE

Por las noches, un cierre de llaves es suficiente para dormir tranquilos. En abril, cuando entraron, la pareja dormía con una viga de madera atrancada en la puerta para evitar una entrada violenta.

Su ocupación alejó la droga del edificio y trajo tranquilidad a la comunidad de vecinos. Ahora, la propiedad, que según los vecinos no movió un dedo contra los narcotraficantes, quiere dejarlos en la calle. Mientras, siguen esperando la posible llegada del desalojo. "Los vecinos nos han dicho que vendrán a ayudarnos", desliza Amine.

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