Las multas por incivismo caen a la mitad en Barcelona durante la pandemia

Las multas por incivismo caen a la mitad durante la pandemia en Barcelona. El balance municipal, que se recoge en el 22º Informe de Seguimiento de la Ordenanza de Convivencia y al que ha tenido acceso Metrópoli, indica que el año pasado la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra interpusieron en la ciudad 43.335 denuncias. En 2019, las multas fueron 84.246.

Pese al descenso de un 49,6% de las infracciones, cada día fueron denunciadas en Barcelona 118 vulneraciones de la Ordenanza de Convivencia, a pesar de que durante tres meses la población estuvo confinada y una parte del año hubo toque de queda. La norma está vigente en la ciudad desde finales de 2005. El pasado mandato, Ada Colau intentó revisarla sin éxito para reducir los castigos.

Muestra de incivismo en Barcelona: grafitis en una plaza de Gràcia / METRÓPOLI - JORDI SUBIRANA 

EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA CALLE, LA DENUNCIA MÁS HABITUAL

Durante 2020, la infracción más habitual fue el consumo de alcohol en la vía pública, con 18.073 denuncias por 19.284 en 2019. Donde sí se notó los efectos del coronavirus fue en la venta ambulante o top manta, donde las multas descienden de forma clara. De 52.876 hace dos años se pasó en 2020 a 16.761.

Las actuaciones policiales relacionadas con la venta ambulante suelen ir acompañadas de decomisos. También las incautaciones van claramente a la baja en 2020 y de los 1.255.255 objetos requisados en 2019 se pasó en 2020 a 224.869. Las bebidas, principalmente latas de cerveza, fueron el material más incautado: 100.932. De bisutería, los agentes recuperaron 16.477 piezas, y de ropa, 10.720. 

La denuncias que sí crecen en 2020 son las de ruido, de 5.038 en 2019 a 5.531 el año pasado. Las multas impuestas por contaminación acústica incluyen tanto las infracciones cometidas en la calle -y que van ligadas, en algunos casos, a los botellones- como en espacios privados o viviendas. Según la encuesta de victimización, los problema de convivencia más habituales en 2020 fueron el ruido del vecindario (33,9%) y de la calle, terrazas o locales (9,5%). 

Agentes de la Guardia Urbana durante un desalojo de una acampada de sintecho en Barcelona / METRÓPOLI

BARCELONA, SIN TRILEROS

El resto del balance municipal incluye 1.880 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, 266 por uso impropio del espacio público, 203 por hacer grafitis o pintadas (los servicios municipales hicieron 129.788 actuaciones y limpiaron 254.819 metros cuadrados de pintadas), 144 por actividades y prestación de servicios no autorizados, 130 por conductas relacionadas con la mendicidad y 108 por degradación visual del entorno urbano, lo que se traduce en un mal uso de pancartas, carteles y folletos. Los trileros han desaparecido de Barcelona. Y en 2020, no se puso ninguna denuncia por esta falta. 

Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana tampoco ponen los últimos años muchas denuncias por "servicios sexuales remunerados en la vía pública". Si en 2017, las multas ascendieron a 167, en 2019 bajaron hasta 37. Y en 2020 fueron solo 16. El año pasado, las policías no denunciaron a ninguna prostituta por ofrecer servicios sexuales. Sí se pusieron cuatro denuncias por mantener relaciones sexuales, nueve por "favorecer los servicios sexuales remunerados" y tres a clientes por pedir servicios a prostitutas.

'LEY MORDAZA'

El informe del Ayuntamiento de Barcelona incluye también las denuncias por infracciones de la Ley mordaza interpuestas por la Guardia Urbana. Las relacionadas con armas aumentan entre 2019 y 2020 en 86, de 483 a 569. Y el consumo y la tenencia de estupefacientes se mantiene estable en Barcelona con 7.387 denuncias frente a las 7.410 de 2019.

SANCIONES POR EL ESTADO DE ALARMA

Las denuncias derivadas del estado de alarma, impuestas por Guardia Urbana y Mossos, fueron en Barcelona 51.531 en 2020. Del total, solo se han pagado 88 de los expedientes iniciados, según consta en el informe.  Según el Ayuntamiento, la gestión de los procedimientos sancionadores exige una potente y robusta aplicación informática para la tramitación, que suposo cambios en recursos humanos y adaptaciones tecnológicas, lo que se tradujo en que los primeros expedientes sancionadores no se empezaron hasta diciembre.