La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encargó la asistencia técnica de la conexión del tranvía de Barcelona por la Diagonal a una compañía vinculada a Joan Lluís Quer, que fue el hombre fuerte de la obra pública de la Generalitat y persona de total confianza de Artur Mas. Quer se encuentra en la actualidad en Chile (país en el que nació) y está en el punto de mira de la Guardia Civil, que no lo detuvo en el mes de febrero pasado precisamente por encontrarse en el país sudamericano.

Y es que Colau tiene una verdadera obsesión con la conexión de los tranvías de Besòs y Llobregat a través de la Diagonal. “Ya hubo una consulta ciudadana, en la que más del 90% de los vecinos rechazaron la instalación del tranvía por la Diagonal, pero el equipo de gobierno de Colau lo considera una prioridad. Les importa tres cominos si los vecinos están o no de acuerdo. A ellos sólo les interesan las consultas populares que ganan. Y cuando los vecinos dicen que no, callan sobre la cuestión y siguen trabajando en el tema”, explican a Metrópoli Abierta fuentes de la oposición.

Ante el empeño municipal en llevar adelante la conexión, Colau firmó, en verano del año pasado, un contrato con la empresa Enginyers Consultors del Camp para la “consultoría y asistencia técnica en la redacción del documento de estudio funcional y de explotación para la conexión de los tranvías". Se trata de un contrato menor con una base de licitación de 15.000 euros y licitado precisamente por ese precio, IVA excluido, por lo que el monto total a pagar es de 18.150. En realidad, se hubiese tenido que ir a un procedimiento negociado, ya que sobrepasa los 18.000 euros, pero los responsables municipales obviaron ese nimia cuestión y le confirieron el calificativo de contrato menor, por lo que fue adjudicado directamente.

La contratación de la compañía de ingeniería se realizó a través de la empresa pública Barcelona Regional, que preside la mismísima Ada Colau. Esta compañía está siendo investigada por los juzgados debido a diversas operaciones presuntamente ilegales que se realizaron a través de la misma cuando era presidida por Antoni Vives, responsable de Urbanismo en la época de Xavier Trias. Entre otras cosas, se investigan gastos sin justificar de casi 2 millones de euros y dos contratos a personas de CiU que supusieron más de 214.000 euros para las arcas públicas municipales.

Desde su constitución en el año 2009, la empresa Enginyers Consultors del Camp estuvo administrada por Félix Boronat, máximo ejecutivo de la firma Intraesa. Precisamente en el 2009, Intraesa fue absorbida por Auding, de la que era máximo ejecutivo Joan Lluís Quer. Tras la constitución de Enginyers Consultors del Camp, Boronat fue nombrado administrador único hasta el 2015. A partir de esa fecha, pasó a ser administrador mancomunado junto a Agustín Pujol Hugas, apoderado a su vez en Ingenierías de Trazados y Estructuras, otra empresa del grupo Auding-Intraesa.

NO FUE DETENIDO POR LOS PELOS

Quer fue el hombre elegido por Artur Mas para concentrar toda la obra pública de Cataluña. Para empezar, le nombró presidente de Gisa (que luego pasó a llamarse Infraestructures) y pasó a depender de Presidencia, en vez de Política Territorial y Obras Públicas, como hasta entonces. En las siguientes semanas, asumió también las presidencias de Infraestructures Ferroviàries (Ifercat, el ente que controla la inversión en la L9 del Metro o el Eje Transversal Ferroviario), Regsa y Reg Sistema Segarra-Garrigues (Regsega), concentrando así la mayor parte de la obra pública del Gobierno autonómico. En abril de 2014, la Fiscalía abrió diligencias al descubrir que había obtenido casi 40 contratos sin control (que totalizaban 7,6 millones de euros) de la Agencia Catalana del Agua (ACA), un organismo público del que él mismo había sido responsable en el último Gobierno de Jordi Pujol. Quer se había adjudicado un contrato de 3,75 millones que, con sucesivas ampliaciones (firmó hasta 38 contratos más, que no pasaron ningún filtro ni concurso) acabó reportando a su empresa 7,6 millones.

En el otoño del 2015, en el marco de la investigación del 3%, su mano derecha, Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures, fue detenido y, acto seguido, Quer presentó su dimisión, consciente de que él también estaba en la diana del juez. Una nota oficial de la Generalitat explicaba escuetamente que el directivo daba por completado “el trabajo que se le encargó al frente de la compañía” y que consideraba “completada su etapa profesional como presidente y consejero delegado al frente de Infraestructures y de Ifercat”.

En noviembre de 2016, la Fiscalía solicitó un registro en casa de Quer por sospechar que, junto al exconsejero Germà Gordó, solicitaba mordidas a las constructoras que se adjudicaban obras. El juez se inhibió y envió las diligencias relacionadas con Gordó al TSJC, ya que éste es aforado. En febrero pasado, cuando fueron detenidos 18 altos cargos de empresas públicas y empresarios, el nombre de Quer también figuraba en la lista, pero no se le pudo detener al residir en Chile, donde figura como delegado del Institut Cerdà, un cargo creado a su imagen y semejanza y que, de momento, le aleja de la justicia española.

EL CONTROL DEL PERSONAL TÉCNICO

No fue el único contrato de Colau para llevar adelante la conexión del tranvía. La asistencia técnica del estudio fundacional, de explotación y sistema de electrificación para la conexión fue encargado a la empresa Electrificación y Estudios Ferroviarios en septiembre de 2016 por un monto de 47.553 euros, IVA incluido. En total, pues, el Ayuntamiento ya ha gastado más de 65.000 euros en estudios para una conexión rechazada por los vecinos y por la gran mayoría de los grupos políticos municipales.

Curiosamente, este contrato fue adjudicado dos meses después de la adjudicación del anterior. Curiosamente, una de las cláusulas determinaba que sería Barcelona Regional quien valoraría las personas asignadas a la elaboración del estudio “y podrá exigir, cuando lo crea oportuno, la sustitución de parte o de la totalidad del personal asignado a la elaboración del estudio y el consultor habrá de aceptar y cumplir esta sustitución en el plazo de dos semanas siguientes a la comunicación realizada por Barcelona Regional”. Este férreo control municipal significa que el Ayuntamiento puede nombrar en cualquier momento a los técnicos que más le convenga para dar un sesgo ideológico a la confección de los informes y que éstos se adapten a sus intereses.