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Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) ultiman su particular guerra judicial contra la Administración, rodeadas de un clímax de entusiasmo por sus altas expectativas en la justicia. El sector, que ha visto cómo el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsaba una nueva norma que limitaba aún más su actividad en la capital catalana y sus alrededores, está convencido de que ganará la batalla en los tribunales al ente presidido por Ada Colau. Esta misma semana, el AMB ha aprobado el nuevo reglamento que obliga a precontratar los servicios de las empresas de VTC con 60 minutos de antelación, además de otras medidas que menoscaban su capacidad competencial frente al taxi.

Sin embargo, las empresas afectadas por la controvertida norma están convencidas que tumbarán por la vía legal el nuevo reglamento que establece las condiciones de explotación en el AMB. La normativa entrará en vigor 30 días después de que se publique en el BOPB y el DOGC. Tras su aprobación, se abre un período de dos meses en el que pueden presentarse contenciosos.

CABIFY CONTRATA A GARRIGUES

Según fuentes del sector consultadas, hasta ocho gabinetes jurídicos preparan una ofensiva judicial para acabar con el reglamento. Entre ellos, la patronal Unauto, cuyos servicios jurídicos recurrirán la normativa. Según ha podido saber este medio, también lo hará Cabify, que ha contratado al prestigioso bufete de abogados Garrigues para la ofensiva judicial. 

En el sector de las VTC están convencidos que la justicia les dará la razón. ¿Por qué? Porque el contencioso recaerá sobre la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el mismo que tumbó el anterior reglamento impulsado por Colau desde el AMB.

CONFIANZA EN EL TSJC

Según las mismas fuentes, "existe una alta probabilidad de que el caso recaiga sobre el magistrado que suspendió el anterior reglamento". Lo hizo el pasado 26 de junio de 2018, cuando suspendió el reglamento de la AMB que regulaba la concesión de licencias de VTC a petición de la CNMV. El tribunal consideró que el organismo se excedía en sus competencias a la hora de exigir una licencia urbana adicional de transporte para que estas empresas operaran en el AMB (ver aquí).

Ahora, confían que la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJC les vuelva a dar la razón. "Salimos a ganar con estos recursos", sentencian fuentes del sector, que dan por hecho que el tribunal tomará medidas cautelares que desactivarán la norma. 

OFENSIVA DEL TAXI

La guerra judicial que se avecina coincide con la contraofensiva que ha impulsado el gremio del taxi contra Uber y Cabify. Su asociación mayoritaria, Élite Taxi, anunció ayer una querella contra Uber y Cabify por ocho presuntos delitos: estafa, blanqueo de capitales, administración desleal, alteración del precio mediante engaño, delitos contra la hacienda pública y contra los derechos de trabajadores en dos modalidades. 

La querella se presentará de manera individual por 2.000 taxistas en la Audiencia Nacional. Además de Uber y Cabify, se dirigirá contra el "entramado de empresas" que dependen de las dos multinacionales, como son Vector Ronda, Prestige and Limousine, Moove Cars o Ares Capital, entre otras, según anunció su portavoz Tito Álvarez.

Los taxistas también se querellarán contra el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, y el presidente de la patronal Unauto VTC en Catalunya, José María Goñi. "Nosotros no vamos a parar", aseguró ayer en rueda de prensa el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez.

Rueda de prensa de Élite Taxi

Tito Álvarez en una rueda de prensa de Élite Taxi