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Las empresas que se dedican al alquiler flexible de coche eléctricos, el conocido como carsharing, critican el veto que, según ellas, ha puesto la alcaldesa Ada Colau para su instalación en Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una normativa según la cual este tipo de empresas debe abonar una tasa anual por cada vehículo que ponga en la calle. La tasa se paga por el concepto de ocupación de la vía pública.

Por ello, mientras las empresas que se dedican a ofrecer este servicio están plenamente instaladas en Madrid, donde el Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, no ha impuesto este tipo de tasas, en Barcelona no existe ninguna de similares características.

CAMBIOS LEGALES

En unas declaraciones a Coche Global, el consejero delegado de la empresa de carsharing Zity, Javier Mateos, ha afirmado que “nosotros apostamos por estar en Barcelona lo antes posible”. Sin embargo, considera que se debería cambiar la legislación para permitir que las empresas de carsharing puedan desarrollar con eficacia su oferta en la ciudad. “Es cierto que existe una limitación de la Administración que debe regular y permitir la operatividad que estamos teniendo en Madrid, con un carsharing free floating con alquiler de vehículos eléctricos por minutos distribuidos por la ciudad libremente”, afirma.

Zity es una empresa participada por Renault y Ferrovial que espera acercarse en 2019 al punto de equilibrio en sus cuentas al pasar de 220.000 usuarios a unos 300.000 con una flota de 650 coches del modelo Renault Zoe 100% eléctrico. La empresa cuenta en estos momentos con una plantilla de 80 personas en Madrid que se dedica a la recogida de los coches cuando llegan a un 5% de autonomía disponible para su recarga y mantenimiento.