A finales de este mes de enero, el comisario de Medio Ambiente de la UE, Enrico Brivio, enviaba un dictamen motivado a España advirtiendo de los vertidos de las minas de Súria y de Sallent y de la contaminación que producían en la cuenca del río Llobregat, de la que bebe gran parte de la conurbación del área de Barcelona. Estas minas son explotadas por la empresa Iberpotash, propiedad de la multinacional ICL. Y si no se toman medidas, las propias autoridades comunitarias tomarán medidas y llevarán al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La situación es delicada. Los Mossos d’Esquadra realizaron varios informes sobre la contaminación del agua en los que advierten de la grave situación de los vertidos mineros y de cómo afecta a las cuencas de los ríos catalanes. Uno de estos informes y está centrado en las minas de Sallent. Lleva fecha del 11 de marzo de 2016 y pone los pelos de punta.

“En el inicio de la formación de los escombros (Cogulló, Butjosa, Vilafruns), no se impermeabilizaron  los terrenos que más adelante serían la base de los escombros, siendo imposible en la actualidad la implementación de ningún sistema de impermeabilización eficiente. Los terrenos en los que se asientan los escombros tienen una orografía y geología singular que facilitan en parte la infiltración  del agua”, dice en uno de sus párrafos el citado informe, al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta.

NO SE CUMPLEN LAS NORMATIVAS EUROPEAS

El informe de los Mossos responsabiliza directamente al Govern catalán de que no se cumplan las normativas europeas en la cuenca minera del interior de Catalunya. “Según se derivan de los documentos citados, con anterioridad a la autorización administrativa ambiental de la empresa Iberpotash, la Administración actuante tenía conocimiento del impacto ambiental que la empresa ejercía sobre el medio natural. En concreto, se conocía la afección del torrente Soldevila, rio de Or, torrente de Conangle y río Llobregat, a partir de diferentes estudios encargados que así lo corroboraban”, explica el texto. Y añade: “La cuestión a plantear es porqué la Administración de la Generalitat, mediante sus representantes, concedió una autorización ambiental que finalmente fue declarada nula por parte de los órganos contenciosos administrativos”.

Los expertos recuerdan que el vecino Sebastián Estradé, un ingeniero de Sallent ya fallecido que interpuso la primera denuncia contra Iberpotash por contaminación, ya se puso en contacto, en el año 2008, con el consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc Baltasar, para hablar del tema y éste le dijo que “se veía en la incapacitado en proceder a exigir la restauración del espacio afectado de la actividad extractiva”. En aquel momento, los escombros comenzaban a ser notoriamente visibles, ya que la sal se iba apilando en un lugar hasta conformar una montaña que en la actualidad tiene 500 metros de altura y cuyas filtraciones a las aguas son las que contaminan las cuencas. Esta montaña de escombros se ha formado debido a que la empresa explotadora no aplicó el obligatorio plan de restauración y el plan de gestión de residuos mineros… ni la Generalitat se lo reclamó.

La planta minera de Iberpotash en Sallent / IBERPOTASH
La planta minera de Iberpotash en Sallent / IBERPOTASH

En el año 2010, la entonces directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Maria Comellas, decidió otorgar a la empresa “un periodo de tiempo determinado” para enmendar las deficiencias detectadas, es decir, acabar con los escombros y los vertidos. Pero como quien oye llover.

AFECTACIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA

En febrero del 2013, la nueva directora general, Assumpta Farran, dictó una nueva resolución. “Es preciso tener presente que prácticamente la principal incidencia ambiental de la actividad que desarrolla Iberpotash en Sallent afecta a la hidrológica. Actualmente, las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrográfica del Llobregat muestran una contaminación de sales provocada en principio por la filtración de las aguas de escurrimiento y de los lixiviados provenientes de los escombros no interceptados por al empresa explotadora”, recordaba en esa resolución la directora general.

Los Mossos también denuncian que a pesar de los convenios firmados con la Agencia Catalana del Agua (ACA), no se solucionaron los problemas. Es más: el Gobierno catalán, a través de esta organismo público, destinó más de 128 millones de euros a estaciones potabilizadoras de agua en Sallent, Artés, Avinyó, Calders, Abrera y Sant Joan Despí para “mejorar la calidad del agua como recurso a raíz de la afección de las aguas subterráneas y superficiales”. Pero en los distintos convenios no se hace constar que “las surgencias salinas detectadas y actualmente no reconducidas al colector de salmorras inciden en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Llobregat, aumentando la aportación de cloruros en las mismas”.

Vista exterior de la mina de Iberpotash durante una protesta laboral / E.E.
Vista exterior de la mina de Iberpotash durante una protesta laboral / E.E.

Así pues, las arcas públicas asumieron costes que no les pertenecían. “Según la documentación consultada, se puede decir que sólo la inversión directa, se supone que por parte de la Administración sobre la afección de la actividad minera y de los escombros salinos de Sallent y Balsareny hasta los años 2010-2011 resulta ser de más de 9 millones de euros (descontado el 50% del convenio ACA-Iberpotash, que son casi 4 millones de euros) y, de manera indirecta, de 1,25 millones de euros, cuando realmente la responsable de la situación ambiental de la zona es la mercantil Iberpotash, propietaria de todas las instalaciones y escombros salinos de Sallent y Balsareny”, destacan.

MÁS DE 128 MILLONES GASTADOS EN DEPURAR

Los expertos critican también que la fianza que la Administración aplicó en la autorización ambiental era ridícula: 585.153 euros para los escombros del Cogulló; 440.219 euros para el depósito de la Botjosa; 36.552 euros para la zona de Pou III; y 68.204 para la zona de Vilafruns. Pero sólo las medidas correctoras en Vilafruns costaban más de 7 millones de euros, lo que no deja de ser incongruente.

“Igual de sorprendente es el gasto directo sólo de la ACA (…), que asciende a 1.435.000 euros, mucho más allá del que se pidió del total de la fianza a la empresa. O bien toda la inversión indirecta que ha debido realizar la ACA como consecuencia de la contaminación del río Llobregat para la mejora de la calidad del agua que llegaba a la población y que, según se desprende del documento mismo de la Agencia Catalana del Agua (…) asciende a más de 128 millones de euros”, dice el informe.

Estación depuradora de agua en El Prat / CR
Estación depuradora de agua en El Prat / CR

Los números son espectaculares: la planta potabilizadora de Sallent costó 5,4 millones de euros; en la mejora del tratamiento del agua potable de Abrera se gastaron 73,5 millones; en la planta de Sant Joan Despí, el gasto asciende a 49,2 millones de euros…

LA ADMINISTRACIÓN, EN ENTREDICHO

Los Mossos advierten que el papel de la Administración “podría quedar en entredicho, a priori, por la cantidad de dineros público apostado ante una afección medioambiental lo suficientemente conocida y reconocida”. Y critica que “hasta febrero del 2015 sólo se tiene conocimiento de un expediente administrativo sancionador contra la mercantil, incoado el año 2009 por la dirección general de Calidad Ambiental, del que se desconoce la resolución final”. Aún así, concluyen que todas estas consideraciones “no permiten extraer unas conclusiones definitivas por falta de elementos suficientemente razonables de juicio que permitan determinar la comisión de un presunto delito de prevaricación”.

Pero, sin embargo, los expertos sí que ponen de relieve que la Generalitat de Catalunya asumió “económicamente unas inversiones millonarias a resultas de una afección del medio ambiente y los recursos naturales provocada directamente por una actividad industrial como Iberpotash SA, sobradamente conocida, tanto en los términos municipales de Sallent y Balsareny, en contra del principio ambiental de “quien contamina paga”, derivado de la normativa europea y estatal”. Queda, pues, en el aire la incógnita de porqué la administración catalana no sólo permitió que hubiese vertidos tóxicos en las cuencas potables de los ríos sino porqué sigue sufragando (y ya van cientos de millones de euros) con dinero público el coste de la potabilización del agua que consumimos.