Una mayor presencia de la Guàrdia Urbana y estudiar la compra de contenedores herméticos para que no se vea lo que hay en el interior son dos de las medidas planteadas para combatir los robos, las amenazas y las agresiones a los trabajadores de los puntos verdes de la ciudad. La gestión de los equipamientos corresponde a la empresa pública Siresa -participada al 100% por Tersa-. La compañía está presidida por la teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. El consistorio no se ha querido posicionar sobre el conflicto. 

Este miércoles, Metrópoli Abierta ha informado que estos empleados públicos sufren desde hace algunos años ataques por parte de recogedores de chatarra, muchos de ellos rumanos, que intentan hacerse con los aparatos y objetos, especialmente electrónicos, que los ciudadanos llevan a los puntos de reciclaje, y que luego ellos revenden en mercados callejeros, como el top manta de la miseria de Glòries.  

En Barcelona hay 24 puntos verdes y dos de los centros más conflictivos se encuentran en Sant Andreu, junto al parque de la Pegaso, y en la calle de Andrade. En ellos, grupos de recogedores de chatarra amenazan a los trabajadores, en general uno por turno, y roban del equipamiento todo aquello que sea susceptible de revender: móviles, televisiones, ordenadores portátiles, ropa.... Los ciudadanos que llevan utensilios a reciclar también se ven intimidados. Uno de los últimos robos se produjo la semana pasada en el punto verde de la Gal·la Placídia.

PREDISPOSICIÓN

El portavoz de la empresa pública Siresa, Oriol Vall-Llobera, ha mostrado la predisposición de la empresa a trabajar con los empleados y el Ayuntamiento para intentar solucinar el problema. Vall-Llobera dice que se trabaja para que los agentes de la Guàrdia Urbana patrullen con más frecuencia por los puntos verdes más conflictivos y estudiar la compra de contenedores cerrados donde depositar todos aquellos objetos, especialmente los electrónicos, más suceptibles de ser robados. Ahora este material está en jaulas abiertas a la vista de todo el que entra en el punto verde. 

Desde Siresa, también se apuesta por revisar los protocolos de actuación. Sobre el terreno, esto se traduce en evitar el enfrentamiento del trabajador con los recogedores de chatarra. Vall-Llobera plantea que los empleados se encierren en caso de situaciones de riesgo y de que enseguida se avise a la empresa o a la Guàrdia Urbana. El portavoz de Siresa recuerda que en las instalaciones hay cámaras de vigilancia. Lo cierto es que hasta ahora han servido de más bien poco.

El trabajador y miembro del comité de empresa, Manuel Sánchez, explica que estos últimos días ya se nota una mayor presencia de la policía local en los puntos verdes, pero teme que esta sea una medida provisional que acabe durando unos pocos meses. A falta de disponer las cifras exactas en el momento de la entrevista con Metrópoli Abierta, Vall-Llobera cifra en un centenar los incidentes anuales. El portavoz de Siresa recuerda que cada año se producen unas 500.000 aportaciones de ciudadanos a los puntos verdes.