Juicio contra los neonazis de Barcelona que atacaron a un vendedor Sij

La Fiscalía pide cinco años de cárcel y 600 euros de multa para tres neonazis acusados de agredir a un sij --seguidor del sijismo, una religión con fuerte presencia en India-- para arrebatarle las banderas españolas que vendía en una manifestación de Societat Civil Catalana. Se trata de la primera denuncia del ministerio público por ataques a miembros de esa religión.

En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa de un delito de robo con violencia e intimidación a los tres manifestantes, de ideología "skin nacionalsocialista", con la agravante de actuar por motivos discriminatorios, y pide que se les condene a indemnizar a la víctima con 1.500 euros y el coste de las banderas sustraídas.

"MORO MUSULMÁN"

La agresión ocurrió el 29 de octubre de 2017, cuando la víctima, que llevaba el turbante propio de la religión Sij, se encontraba en la confluencia de las calles Casp y Pau Claris de Barcelona vendiendo banderas españolas con motivo de una manifestación de SCC, negocio con el que, mantiene el escrito de acusación, el hombre "obtenía los medios indispensables para su subsistencia".

"Movidos por la aversión que sentían a toda identidad cultural, religiosa y nacional que no coincidiera con la propia", los acusados arrebataron cuatro banderas al vendedor, lo que derivó en un forcejeo en el que dirigieron a la víctima expresiones como "moro musulmán".

PUÑETAZOS Y PATADAS

Para lograr hacerse con las banderas, añade el fiscal, dos de los acusados propinaron puñetazos y patadas al vendedor en diferentes partes del cuerpo, cada vez que este intentaba recuperar sus pertenencias, mientras un tercero permanecía ajeno, "tratando de evitar reacciones defensivas que frustrasen el éxito de la acción".

El ataque al vendedor no cesó hasta que un grupo de ciudadanos apartó a los agresores, que acabaron alejándose con las banderas que le habían robado al tiempo que, haciendo ostentación de las mismas, le gritaban "mira, morito".

ESTÉTICA NEONAZI

Los acusados, que se sumaron a la manifestación que SCC había convocado frente al Palau de la Generalitat, vestían camisetas negras y banderas de España atadas a la cintura y lucían estética neonazi, según el ministerio público.

Concretamente, uno de los procesados llevaba tatuado en el codo izquierdo el dibujo de una tela de araña, símbolo relacionado con movimientos radicales de extrema derecha, otro de ellos -vestido con pantalones militares y la bandera de España como capa- llevaba en su mano derecha una esvástica dibujada.

De hecho, en Twitter se publicó una fotografía de este acusado, exhibiendo la esvástica en su mano cuando levantaba los tres dedos, gesto propio del juramento nazi.

Para el ministerio público, los acusados actuaron movidos por "sentimientos de menosprecio e intolerancia por su religión y origen extranjeros", desde una "noción de superioridad vinculada a posiciones radicales (ideología skin head nacionalsocialista) de las que tanto su estética como tatuajes eran reflejo".

ANTECEDENTES

Los procesados acumulan varios antecedentes, añade el escrito de acusación: uno de ellos fue denunciado en octubre de 2015 por una falta de lesiones a una persona de origen indio y ha sido identificado en varias ocasiones por tenencia, exhibición y utilización de armas, así como en dispositivos de seguridad ciudadana.

De hecho, justo después de agredir al vendedor sij, fue identificado en la plaza Cataluña de Barcelona por su presunta relación con la agresión a un grupo de personas de origen sudamericano.

Otros de los encausados ha sido identificado en dispositivos de seguridad ciudadana y por infracciones administrativas por la tenencia y exhibición de armas, mientras que un tercero fue detenido en noviembre de 2015 por lesiones y robo a un magrebí.

INDEFENSIÓN DE LA VÍCTIMA

La víctima de esta agresión xenófoba rechazó asistencia médica tras el ataque, así como ser reconocido por un médico forense, y solo fue posible localizarlo a través de representantes de la comunidad sij, por su temor a las consecuencias que pudieran derivarse de su denuncia al no disponer de licencia para vender en la vía pública ni de permiso para residir en España.