La guerra de los discapacitados barceloneses para que se cumpla con el ratio mínimo de taxis adaptados en la ciudad sigue en pie. Con 91 vehículos para más de 130.000 personas con problemas de movilidad, la cifra se mantiene muy lejos de los 525 turismos que deberían circular por la capital catalana, según indica la normativa vigente.

Pese a que durante el mes de agosto la reivindicación pasará por un breve stand by, el final del verano traerá consigo el punto álgido de esta lucha en la que el Ayuntamiento está situado en el punto de mira.

REUNIONES

La problemática actual cuenta con tres actores principales: consistorio, discapacitados y taxistas. La Fundación de discapacitados Disgrup fue la encargada de denunciar al Ayuntamiento por incumplir la ley de Accesibilidad a principios de año. Con el plazo de respuesta más que agotado, y tras haber puesto en conocimiento de la Comisión Europea esta situación, la decepción de la fundación con el gobierno municipal es total.

Con los taxistas, en cambio, se han iniciado conversaciones para tratar de dar solución a este problema. Por ello, el pasado viernes algunas asociaciones del sector se reunieron con Disgrup para tratar esta cuestión.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Inceptum en Barcelona, se mostraron algunas discrepancias, pero ambas asociaciones coincidieron en la necesidad de realizar acciones de carácter reivindicativo para intentar recibir algún tipo de respuesta por parte de la administración.

TRAS EL VERANO

El final de la temporada estival coincidirá con el inicio de los movimientos por parte de asociaciones de discapacitados y taxistas.

Incrementar los apoyos para esta causa es uno de los objetivos previstos de cara a otoño. Por ello, la Fundación Disgrup reunirá a asociaciones de taxistas con numerosos colectivos de discapacitados e incluso miembros de la Marea Pensionista de Barcelona, que podrían amparar esta problemática y sumarse de cara a futuras reivindicaciones.

Las reuniones no serán la única respuesta al inmovilismo de la administración de Colau ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad que está llevando a cabo su gobierno. Después del verano está prevista alguna alguna acción de carácter contundente todavía por definir para reclamar que el consistorio ponga fin a esta situación.

DIVISIÓN ENTRE TAXISTAS

La falta de vehículos adaptados está siendo un elemento de confrontación entre los propios taxistas. Más allá de compartir, generalmente, la necesidad de que la ciudad disponga de un mayor número de turismos que permitan viajar a los discapacitados, la cuestión económica ha intervenido en el asunto.

Algunos conductores aseguran que a partir de septiembre la cifra de taxis adaptados experimentará un aumento. Lejos de tratarse de un motivo de concienciación o de intervención municipal, la razón responde a criterios de facturación.

Mientras que los taxistas con vehículos convencionales disponen de una limitación horaria para ejercer su trabajo, aquellos que disponen de licencias para vehículos adaptados pueden trabajar de lunes a domingo e incluso doblando turnos sin ser sancionados. Por este motivo, ha aumentado la demanda de este tipo de licencias, algo que no gusta al resto de conductores, que tienen delimitada su jornada.

COLAU MIRA HACIA OTRO LADO

Pese a que Barcelona sigue contando con menos de un 5% de la flota de taxis adaptados, el gobierno de Colau continúa mirando hacia otro lado, lejos de cumplir la ley de Accesibilidad vigente.

Según Guillermo Egido, fundador y presidente de Disgrup, la Fiscalía encargada del caso indica que, en caso de delito, éste sería de carácter “administrativo”. Esto contrasta con su punto de vista, ya que él asegura que podría ser un delito penal “porque se están vulnerando los derechos humanos”.