La exalcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa / WIKI

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El pulso de la ciudad

La grúa de Sant Cugat facturó "en B" al Ayuntamiento

El gobierno municipal tripartito ha enviado más documentación a la Fiscalía sobre este caso

13 mayo, 2020 21:13

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La empresa encargada de operar la grúa municipal de Sant Cugat del Vallès facturó "servicios varios en B" al Ayuntamiento, según el gobierno municipal ERC-CUP-PSC, que ha enviado más documentación a la Fiscalía al detectar que este operador subcontratado podría estar haciendo uso de contabilidad irregular.

Durante la entrada de los Mossos d'Esquadra al Ayuntamiento de este martes, el gabinete de la alcaldesa republicana Mireia Ingla entregó documentación de la contrata de grúa a los agentes, que acudían como policía judicial. El consistorio ha asegurado que el servicio no disponía de contrato público desde 2016, cuando finalizó la última prórroga, a lo que se añade que el gobierno municipal, al pedir a la empresa Grúas Pablo los precios que cobraba el Ayuntamiento, ésta ha entregado documentación que contiene el epígrafe "servicios varios en B", según ha informado Crónica Global.

EXPLICACIONES

El Ejecutivo local ha reconocido que preguntó a la compañía a qué se refería con "servicios varios en B", expresión que sugiere una contabilidad paralela. Desde el tripartito, han asegurado que "las explicaciones dadas por la empresa no han sido clarificadoras de esta expresión, por lo que se entregó a la Fiscalía la documentación relacionada con este tema".

Así, la exalcaldesa de Sant Cugat y actual presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, se encuentra en una situación comprometida, ya que fue en su mandato de ésta cuando no se renovó el contrato de la grúa.

Pese a que la adjudicación caducó en 2016, Grúas Pablo siguió prestando el servicio presuntamente sin contrato público, lo que supondría una irregularidad en materia de contratación.

DILIGENCIAS ABIERTAS

Actualmente existen en Sant Cugat dos diligencias distintas abiertas. Una de ellas fue fruto de la documentación entregada por Ciudadanos el pasado año, donde constaban facturas por valor de 1,4 y 7 millones, respectivamente, sin demasiada justificación.

Posteriormente, el actual equipo de gobierno entregó también a la Fiscalía un informe del interventor municipal en el que se habría detectado anomalías en el presupuesto de 2018, lo que supuso la actuación de los Mossos, que acudieron hasta en dos ocasiones a la sede consistorial para conseguir información sobre esta denuncia.