La fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EUROPA PRESS

La fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EUROPA PRESS

El pulso de la ciudad

Asociaciones de vecinos acusan al TSJC de un "ataque frontal" al derecho a participación

La FAVB y el CAB denuncian que la decisión de suspender la multiconsulta "responde a intereses privados"

31 marzo, 2021 14:43

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Duro comunicado conjunto de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB), en el que acusan al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de un "ataque frontal" al derecho a la participación por la suspensión del Reglamento de Participación Ciudadana –la conocida multiconsulta– de la capital catalana.

Un texto motivado por la no admisión, a principios del mes de marzo, del recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC del 7 de noviembre de 2019. En el mismo, la FAVB y el CAB denuncian que la decisión judicial "responde más a intereses económicos privados que a defender los derechos públicos de la ciudadanía y asegurar su participación". Por este motivo instan a los partidos políticos a eliminar en el Congreso de los Diputados el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que obliga a que el Gobierno autorice cualquier consulta que se pretenda realizar (la norma obliga también al acuerdo por mayoría absoluta del pleno); y al Ayuntamiento a redactar "de forma rápida" un nuevo reglamento.

Ambas asociaciones manifiestan que el Reglamento de Participación Ciudadana, ahora suspendido, era fruto de un pacto que se había ido gestando entre varias entidades de la ciudad y los tres últimos gobiernos municipales, aprobado además "con un amplísimo consenso". La FAVB y el CAB señalan que, gracias a la multiconsulta, los vecinos podían "incidir en las políticas públicas", a pesar de que su resultado no era vinculante, y denuncian que la "fuerte presión mediática y jurídica" en defensa de intereses privados –que se materializó en un recurso de Abogados Catalanes por la Constitución– fue suficiente para que el TSJC declarase nulo el reglamento.