La retirada de las placas del Instituto de la Vivienda de época franquista, con la imagen del yugo y las flechas, ya casi son historia en Barcelona. Pese a la campaña de retirada activa que puso en marcha el Ayuntamiento en 2017, todavía quedan 23 placas en la ciudad. La mayoría de ellas, trece en concreto, se encuentran en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Las que permanecen lo hacen porque los vecinos han denegado la opción municipal de retirada gratuita o las retirarán próximamente.

Desde que se inició la campaña de retirada, el Ayuntamiento censó 1325 placas alrededor de toda la ciudad. Según el Consistorio, “las referencias franquistas en el espacio público son contrarias a la democracia, la libertad y la solidaridad”. Además, añaden que “representan una infracción moral; no solo de la memoria de las víctimas del fascismo y las personas que sufrieron la represión de la dictadura entre 1936 y 1975, sino para el conjunto de la ciudadanía”.

VISIBILIZAR LA MEMORIA

La política activa de retirada de placas que identificaba las viviendas protegidas construidas por el Ministerio de la Vivienda durante la dictadura iniciada por el Ayuntamiento se enmarca dentro de una política de ciudad para visibilizar la memoria histórica y democrática y el rechazo al franquismo. Uno de los compromisos principales del Ayuntamiento.

El proceso que se ha seguido ha sido el siguiente. En primer lugar, cada distrito elaboró un censo y un mapeo exhaustivo de las placas franquistas instaladas en las fachadas de los edificios. En algunos distritos, el Ayuntamiento contrató planes de ocupación para realizar este censo. Este fue el caso, por ejemplo, del distrito de Sant Martí. Allí, el censo lo realizó la Fundació Trinijove, una entidad que, desde 1985, se dedica a actuar en el ámbito de la formación y la inserción sociolaboral, para superar situaciones de exclusión social, de forma gratuita.

COMUNICACIÓN A LOS VECINOS

Una vez identificadas todas las placas, se procedió a notificar por carta a los vecinos la voluntad de eliminarlas, cumpliendo con los plazos establecidos y de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica. En caso de no recibir respuesta por parte de los vecinos, el Ayuntamiento entendía que la comunidad era favorable a la retirada de placas. Las comunidades que se oponían a la retirada, debían hacerlo constar por escrito ante el Registro Municipal, para dejar constancia del acuerdo al que habían llegado los vecinos.

Cada distrito instó a los propietarios a quitar las placas y les anunció que, si en el plazo de un mes no habían expresado su opinión contraria, procedería a retirarlas de oficio y asumiendo el coste íntegro de su retirada así como los gastos para arreglar la fachada y dejarla en buen estado, en caso de que fuera necesario.

CONSERVACIÓN

Las placas retiradas por el Ayuntamiento se conservarán en el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) y, en otros casos, se conservarán en las sedes de cada distrito, que las tienen en custodia. Alguna comunidad, también ha expresado la voluntad expresa de conservar las placas en propiedad.

La Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 obliga a las administraciones públicas a tomar medidas para la retirada de símbolos de exaltación de la insurrección militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.