Varios centenares de personas (medio millar, según la Guàrdia Urbana) se han manifestado este sábado por las calles de Barcelona contra la negativa del Gobierno español a que el barco Open Arms pueda volver a navegar en aguas del Mediterráneo para rescatar personas.

La movilización, que ha contado con la participación de voluntarios de la propia ONG, así como de Amnistía Internacional, Casa Nostra-Casa Vostra o Stop Madre Mortum, ha salido desde la Delegación del Gobierno en Barcelona, en la calle de Mallorca con Roger de Lluria, y se ha dirigido luego hacia la sede de la Unión Europea, en el paseo de Gracia.

El pasado 7 de enero, el barco de Proactiva Open Arms quedó bloqueado en el puerto de Barcelona sin permiso para poder zarpar. Una alegación del capitán marítimo, que depende del Ministerio de Fomento, le denegó el permiso. De hecho, el Gobierno español sólo le permite circular en aguas españolas

CAMPOS LAMENTA MÁS MUERTOS

El fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Campos, ha denunciado que este viernes murieron 120 personas en el Mediterráneo. "Si no hubiese existido el bloqueo contra nuestro barco, tal vez hubiéramos podido hacer algo para evitar esas muertes", ha dicho Campos a los medios.

A su paso por al Consulado de Italia, en la misma calle de Mallorca, los manifestantes han protestado contra las políticas migratorias que aplica este país del mediterráneo con gritos contra los presidentes Salvni y Sánchez, además de reclamar la libertad para el barco, que sigue retenido en el puerto de Barcelona.

FOMENTO Y COLAU

Aunque Fomento asegura que se trata de un asunto meramente técnico, desde Open Arms lamentan que se trata de una decisión política, y que los argumentos expuestos por no dejarlos zarpar no tienen sentido.

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Centenares de personas se han solidarizado con Open Arms / HUGO FERNÁNDEZ 

Ada Colau, por su parte, ha apoyado siempre a Open Arms. Ya la semana pasada mostró su rechazo a la decisión de Fomento de no permitir la navegación por el Mediterráneo de la embarcación y se propuso para interceder con el Gobierno español, que tiene tres meses para responder las alegaciones presentadas contra el bloqueo del barco.

DENUNCIA DE LA ABOGACIA 

La Abogacía Española, por su parte, también ha denunciado los impedimentos administrativos del Gobierno para permitir la actividad de salvamento marítimo de migrantes de la ONG catalana, y ha reclamado a Fomento que revise su decisión para que el buque siga auxiliando a personas en riesgo en el Mediterráneo.

La Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española ha lamentado expresamente "que, de forma manifiestamente irregular, se exijan requisitos de cumplimiento imposible al no depender de la voluntad de la propia ONG y que persigue claramente la paralización de las actividades del buque Open Arms".