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La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado, junto a una comitiva judicial, a la última entidad con local que quedaba dentro del recinto del Castillo de Montjuïc. Amigos del Castillo de Montjuïc, una entidad que se dedica a la divulgación de la historia militar, ocupaba una oficina en el pabellón de oficiales que les servía de sede social. 

Según han informado algunas fuentes policiales a Europa Press, el desalojo se ha producido de una manera calmada y sin problemas. Los miembros de la asociación no se encontraban en el lugar cuando han llegado los policías, y estos han aprovechado para cambiar la cerradura con tranquilidad. El lugar llevaba ocupado de manera irregular desde 2015, cuando se caducó la autorización de uso. 

EL ENFRENTAMIENTO CON EL CONSISTORIO VENÍA DE LARGO

Amigos del Castillo de Montjuïc era la última entidad con local que quedaba dentro del recinto, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2005 y declarada de Utilidad Pública en 2010 por la Generalitat de Catalunya.

Colau ya desahució otros cuatro comercios de la zona, aunque el enfrentamiento con la asociación empezó tiempo atrás cuando el consistorio de BComú le negó el permiso para realizar una misa en honor a los difuntos de la Guerra Civil, una tradición que instauró el régimen franquista. La alcaldesa se opuso a la celebración alegando que esta "contravenía la Ley de la memoria histórica. 

CRÍTICAS A TRIAS

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido que el Castell de Montjuïc, como cualquier otro espacio municipal, no debe estar destinado a usos militares ni religiosos, sino ser un "espacio de uso público".

"Es inaceptable que Xavier Trias dejara que recordaran el alzamiento franquista", ha sostenido Pisarello, que ha criticado al exalcalde por permitir que se realizaran misas de carácter franquista en un lugar que fue un epicentro de represión durante el régimen, ha dicho.

UN PROCESO CON "TODAS LAS GARANTÍAS"

Pisarello ha defendido que el proceso de desalojo de la asociación se ha hecho con "todas las garantías" recurriendo a la vía judicial, después de que no encontraran solución por la vía administrativa.

"No hay memoria democrática en el siglo XXI que no se base en el rechazo de lo que supuso el franquismo y el fascismo", ha concluido, y ha dicho, preguntado sobre si hay riesgo de que con un cambio de gobierno este trabajo se revierta, que cada vez hay más consenso acerca de las políticas memoriales, poniendo como excepción a la concejal de Ciutadans Carina Mejías, por criticar la placa que recordaba las torturas delante de la comisaría de la Via Laietana, ha apuntado.