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Los manteros ocupan desde hace años las calles de Barcelona. Cada vez hay más. Se cuentan a cientos. En el puerto, las playas, las instalaciones del metro en la plaza de Catalunya, en algunas de las calles más céntricas... La oposición casi en pleno, los restauradores, los hoteleros y los comerciantes exigen soluciones urgentes al gobierno de Ada Colau contra la permisividad y la agresividad de los vendedores ambulantes. En términos parecidos se expresan los sindicatos de la Guàrdia Urbana. Pero la teniente de alcaldía, Laia Ortiz, niega, pese a la evidencia, que en Barcelona haya "impunidad" con los manteros.

Ortiz ha sido el único alto cargo del gobierno municipal que ha hablado del caso. Ni Ada Colau, ni Gerardo Pisarello, ni Jaume Asens se han pronunciado contra la brutal agresión a un turista norteamericano. Los comuns, tan proclives a hablar en otras agresiones, han dejado a la regidora de ICV más sola que la una. Ortiz ha condenado el ataque. Ya lo hizo el jueves. "Más allá de que sean unos hechos puntuales o aislados, son inaceptables". La edil ha asegurado que se ha seguido la situación del herido de cerca y que hará lo mismo con la investigación.

MENOS SANCIONES

A preguntas de los periodistas, Ortiz ha defendido el abordaje que impulsa el Ayuntamiento del fenómeno del top manta y ha reclamado más colaboración al resto de administraciones. A la Generalitat, por ejemplo, le ha pedido un esfuerzo para ampliar el número de Mossos en la ciudad, algo que el conseller de Interior, Miquel Buch, ya le dijo a Colau el pasado 13 de junio que no era posible. Según Ortiz, continuamente se requisa material y se ponen sanciones. Los datos de que dispone Metrópoli Abierta es que las multas a los vendedores del top manta bajaron un 19,3% entre 2016 y 2017 y pasaron de 79.255 sanciones hace dos años a 63.971 en 2017.

PIEDRA CONTRA UN GUARDIA URBANO

Requerida sobre si el Ayuntamiento se personará como acusación particular en este caso, Ortiz ha dicho que todavía no se ha presentado denuncia y que el gobierno lo valorará si se da el caso. En una situación similar, el consistorio no se personó para defender a un guardia urbano que fue lesionado gravemente en un ojo por una piedra lanzada por un mantero en Navidad en la plaza de Catalunya. En aquella ocasión, fuentes municipales alegaron que la Guàrdia Urbana tiene un convenio con un "relevante bufete de abogados" de la ciudad que defiende a los agentes y que representa al Ayuntamiento.

La teniente de alcaldía ha recordado que el top manta no es un problema exclusivo de Barcelona, sino de muchas otras ciudades. Ha resaltado que los vendedores son personas que "no tienen capacidad de regular su situación y optar a un puesto de trabajo en el mercado regulado por su condición administrativa", razón por la que el gobierno de Colau pide habilitar permisos de trabajo y ha impulsado 130 planes de empleo para reconducir su situación.

ARMA POLÍTICA

Ortiz también ha pedido "más esfuerzos económicos y recursos de todas las administraciones" y también responsabilidad y lealtad institucional a los grupos de la oposición, porque el top manta existe en municipios gobernados por todos los partidos, ha señalado. "Es importante no hacer de este tema un arma política, sino arremangarse y ver qué soluciones podemos encontrar al abordaje complejo de esta cuestión", ha apuntado Ortiz, en declaraciones recogidas por Europa Press. Según la edil, el top manta no existiría si se impidiese la entrada de mercancía falsificada.