La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que archivó una querella contra Carlos Rey, el militar que firmó la condena a muerte de Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por garrote vil en 1974 por la dictadura franquista.

En el auto, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona falla que en este caso no puede aplicarse el delito por crímenes de lesa humanidad, y señala que "cualquier otro delito" que se pudiera aplicar estaría prescrito.

QUERELLA

Esta sentencia avala el archivo de la querella que presentaron en 2017 el Ayuntamiento y familiares de Salvador Puig Antich contra el militar Carlos Rey González, que ejercía funciones de juez ponente en el Consejo de Guerra y que firmó la pena de muerte del militante anarquista. El juez de instrucción archivó la denuncia, y los querellantes recurrieron la decisión ante la Audiencia de Barcelona.

Carlos Rey fue el único jurista del tribunal militar, redactó y firmó la sentencia, y al presentarse la querella en 2017 tenía 74 años y seguía ejerciendo como abogado.

En el fallo, la Audiencia argumenta la legislación impide condenar por delitos que no estaban tipificados cuando se cometieron, "sin posibilidad de excepción, aunque se trate de normas de derecho internacional consuetudinario", con lo que descarta el argumento de los querellantes de que los crímenes contra la humanidad son derecho internacional consuetudinario desde la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1946. Desestima, así, la posibilidad de condenar a Rey por un delito de lesa humanidad como pedía la querella, que analizaba el trasfondo de la ejecución como "un ataque generalizado sistemático contra la población civil o parte de ella y que se enmarca en la represión institucionalizada de cualquier tipo de disidencia política" por parte del franquismo.

MEDIADOR EN LES CORTS

Carlos Rey fue propuesto por el Arzobispado de Barcelona a principios de año para ejercer como mediador en el conflicto con los vecinos de Les Corts para proteger los jardines de Can Capellanets. Al conocer de quien se trataba, los residentes se negaron a negociar con la diócesis mientras se mantuviera esta figura.

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