El PP denuncia que habrá alumnos sin 'cole' público el próximo curso

Un estudio de la FAPAC (Federación de Padres y Madres de Catalunya) estima que, si alguien no hace nada para remediarlo, unos 240 alumnos de Barcelona se quedarán sin plaza pública en el curso 2018-2019. No obtendrían plaza pública de guardería o ESO aunque la hayan solicitado. Los barrios afectados serían Eixample, Poble Nou, Sant Andreu, Sants y Guinardó.

Estos datos los ha hecho públicos este jueves Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, quien ha denunciado “la pasividad y el silencio absoluto” del gobierno municipal sobre el incumplimiento sistemático del Plan de Equipamientos Escolares 2008-2011.

Según Fernández, el grado de ejecución del plan por parte del consistorio es “prácticamente nulo” en lo relativo a IES: de los siete previstos sólo se ha construido uno. Por su parte, en cuanto al Plan de Guarderías 2016-2020, de las 11 guarderías propuestas por Colau desde principios de mandato, sólo entrarán en funcionamiento 3 (Encants, Aurora y Congres-Indians) para el próximo curso.

Alberto Fernández ha recordado que “Colau ha estado más pendiente en dar apoyo al proceso independentista que en hacer de alcaldesa para reclamar la financiación, servicios e inversiones que le corresponden a Barcelona”.

Según el líder popular, el Ayuntamiento de la ciudad debería reclamar judicialmente los 40 millones de euros que la Generalitat debe a Barcelona por impago de los últimos cinco años en guarderías municipales, tal y como ya exigió el Grupo Popular en la Comisión de derechos sociales. Por eso reclama interponer un recurso para exigir el pago al nuevo gobierno de la Generalitat, tal y como ya han hecho los ayuntamientos de L’Hospitalet y Cornellà.

Fernández recuerda que “actualmente las aportaciones de la Generalitat para guarderías son nulas, ya que desde 2012 no se han renovado los convenios, y ésta no hace aportaciones al consistorio para financiar las guarderías municipales, a pesar de que hay sentencias judiciales que reconocen el deber del gobierno catalán de cofinanciar las guarderías públicas, de acuerdo con el pacto autonómico de 2005”.