Repartidor de Glovo / EUROPA PRESS

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El pulso de la ciudad

El drama de Glovo: dejarse la vida “por hacer un pedido más”

Repartidores se "autoexplotan" 70 horas a la semana para llegar a un suelo digno “sin garantías”

28 mayo, 2019 00:01

Realizar un pedido por tres euros. Acelerar para llegar al siguiente. Buscar franjas horarias sin alta demanda para poder llevar más pedidos. Así, en bucle. Un día tras otro. Horas y horas de trabajo para llegar a fin de mes y pagar la cuota de autónomo sin asfixiarse. El drama de los repartidores a domicilio no es pequeño. El caso del joven nepalí arrollado en Barcelona ha puesto en relieve una situación que se lleva denunciando desde hace tiempo. ¿Las nuevas aplicaciones fomentan todavía más la precariedad laboral? Los trabajadores, ¿están protegidos?

“Es una locura, te dejas la vida por hacer un pedido más”, dice –con irritación en el cuerpo– Núria Soto, del colectivo Riders por Derechos, en una conversación con Metrópoli Abierta. “Para tener un suelo digno algunos trabajan 70 horas por semana, es una autoexplotación”, añade. Se queda pensativa. “Por necesidad eres capaz de todo”, sentencia la trabajadora que fue despedida por su implicación en la lucha por mejorar la situación laboral.

FALTA DE GARANTÍAS Y CONTROL

El problema en Glovo –extensible a otras aplicaciones como Deliveroo o Uber Eats– es doble. Por un lado, los trabajadores se quejan de la falta de garantías. Según ellos, las compañías no dan formación ni aportan equipos de protección. Tampoco controlan el correcto estado de las herramientas de trabajo (bicicletas y motos, por ejemplo), ni someten a los repartidores a un reconocimiento médico para determinar si son aptos. Además, no controlan las horas que trabajan los riders a diario y se quejan de que solo se llevan elogios cuando realizan un pedido con rapidez. Otro motivo “de presión extra”.

Por otro lado, denuncian no poder trabajar cuando quieren sino cuando el algoritmo les deja. En otras palabras, no pueden coger los pedidos cuando les va bien, sino en función de la demanda y permiso de la empresa que dirigen Òscar Pierre Remi y Sacha Michaud.

ACCIONES LEGALES CONTRA GLOVO

Tras varias concentraciones y hogueras con las populares mochilas de la aplicación para la que trabajan, ahora quieren estudiar acciones legales. “Nos basamos sobre todo en el incumplimiento de riesgos laborales”, cuenta Soto.

Así coincide el despacho de abogados Colectivo Ronda, involucrado en la defensa legal de riders: "Las empresas están sometiendo a los trabajadores a una situación de peligro constante; si las cosas siguen así y no actúan en el aspecto preventivo nos encontraremos cada vez más a menudo con sucesos de este tipo", insiste el abogado Nicolás Alonso refiriéndose al caso del joven fallecido.

OCUPACIÓN "PRECARIA, ABUSIVA E INSEGURA"

Los sindicatos CC.OO. y UGT han emplazado a Glovo a asumir responsabilidades por el caso. Este segundo, además, ha alertado de que el negocio de las plataformas digitales genera una ocupación "precaria, abusiva e insegura” favorecida por la reforma laboral, que propicia este tipo de trabajos desregulados. En este sentido, ha calculado que el negocio de las plataformas digitales en el sector del reparto provoca la pérdida salarial de 4.000 euros de media para cada trabajador, y de 6.000 euros de cotizaciones a la Seguridad Social.

LA VERSIÓN DE GLOVO

Por su parte, Glovo ha asegurado este lunes en un comunicado al que ha tenido acceso este medio que el fallecido en el cruce entre Gran Via y Balmes no estaba registrado como repartidor en la aplicación. “El hecho de que llevara una mochila de Glovo hace suponer que pudiera estar utilizando la cuenta de un tercero”, insinúa. Aun así, aseguran que asumirán “todos los gastos equivalentes a los que hubiera cubierto el seguro privado con el que cuentan los repartidores de la plataforma”.

Cabe recordar que, en el último año, los pedidos de Glovo crecieron un 217 %: pasaron de los 762.000 hasta los 2,4 millones en 2018. La facturación a través de todas sus pymes asociadas ascendió a 33.297.855 euros en 2018, cifra que triplica los datos de 2017 (10,8 millones).